Fue el martes por la tarde que el consejo político nacional de Revolución Democrática (RD) convocó a una sesión extraordinaria y de carácter reservado. Lo propio hizo, casi en paralelo, la bancada de diputados en Valparaíso -junto al senador y timonel Juan Ignacio Latorre- durante esa misma jornada.

Además de reportar los antecedentes al tribunal supremo -y solicitar la expulsión del partido- del presidente de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade; y del exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras por el caso de platas políticas que enreda a la pareja de Andrade y exjefa de Contreras, la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (RD), también se analizó cómo establecer un “mecanismo de contención” para la crisis que golpea a la colectividad de avenida Francisco Bilbao.

Por ahora, se constituiría un grupo con miembros de la comisión política nacional, parte de la directiva y con propuestas de distintas personeros del partido, como los alcaldes -las figuras mejor evaluadas de la tienda en los sondeos de opinión- para hacer frente a los escándalos que hoy tienen a la colectividad más longeva del Frente Amplio en el ojo del huracán.

Y es que el partido fundado por Giorgio Jackson vive, en voz de sus militantes, sus peores momentos desde su fundación. En menos de dos semanas, una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de RD se convirtió en la mayor crisis de presunta corrupción en el gobierno de Gabriel Boric y remeció los cimientos del Frente Amplio y a su discurso fundante con foco en renovar la política y condenar los actos de corrupción.

Aunque los antecedentes ya son conocidos, en resumen, los dardos han apuntado a la exautoridad de Vivienda de la II Región, Carlos Contreras -exjefe de gabinete de Pérez en la legislatura anterior- por favorecer mediante convenios de trato directo a la Fundación Democracia Viva, dirigida por la pareja de la diputada por dicha zona, Daniel Andrade.

Las suspicacias que abrió el caso están a la vista: el primer convenio -de $ 200 millones, de un total de $ 426 millones- está fechado el 3 de octubre. La organización, que hasta ese momento se dedicaba a temas políticos, como la difusión del anterior proceso constituyente y una activa campaña por el Apruebo en el plebiscito de salida, anunció el 5 de octubre -con los montos ya autorizados- la búsqueda de un encargado territorial para un proyecto en Antofagasta.

Pese al nexo evidenciado, Pérez -quien suspendió su participación en la mesa de la Cámara de Diputados- replicó que “no tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres”. Y su partido, RD, así lo ha creído también.

El presidente de la tienda, Juan Ignacio Latorre -en diálogo con El Mostrador- hizo una defensa de la diputada. “Catalina Pérez no tiene por qué hacerse responsable, por más que sea su círculo cercano”, sentenció. Así las cosas, la parlamentaria no “pasó” al tribunal supremo como sí lo hizo su excolaborador y su pareja. En parte, porque en lo concreto y en lo estrictamente legal, en las firmas involucradas no está la de Pérez y la diputada señaló desconocer del convenio hasta mediados de este mes, cuando ofició a la Contraloría para determinar la legalidad de los actos.

Así, conocedores de la discusión interna señalan que con esos antecedentes -con una alta probabilidad de que se determine que la diputada por Antofagasta carece de responsabilidad comprobable-, sería injusto “horadar” su figura política con dicha acción.

Pero el senador Latorre ha ido más allá, generando incomodidad en La Moneda y en el Segundo Piso. También blindó a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), durante esta mañana, tras conocerse que fue copiada en un mail -de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Minvu Antofagasta- del 2 de mayo pasado, donde se relataban los antecedentes que involucran a Contreras, a Democracia Viva y a otras fundaciones beneficiarias de transferencias del Estado.

“Apenas ella recibe la información lo conversa en el ministerio (de Vivienda), con el ministro (Carlos Montes) y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el seremi, y el problema es que la información que le fue entregando (el seremi), lo que nos dice la subsecretaria, es que fue como parcial, fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio en el fondo”, reveló en diálogo con Radio Concierto.

Tras esa aparición, fuentes de gobierno aseguran que Montes se contactó con Latorre y le indicó que sus palabras no eran efectivas.

Le precisó que antes del correo de la funcionaria, el dato había llegado a la oficina del ministro pero con mucho menos detalle. La información cuestionaba la “contratación” de militantes RD en un Serviu donde la máxima autoridad era del mismo signo político. Ahí Montes habría instruido a la subsecretaría poner foco en particular de dicha región. Luego de las palabras del senador, también comenzó a circular una cronología de los mails e información que solicitó la subsecretaria Rojas sobre el tema.

El nuevo traspié de Latorre complicó internamente al ministerio, poniendo en disputa a las dos autoridades de la repartición. De todas formas, Montes enfatizó que la subsecretaria cuenta con todo su respaldo.

Antes del escándalo de platas políticas en Antofagasta, la estadía de RD en el Ejecutivo no ha estado exenta de traspiés. En el ajuste ministerial tras la derrota del Apruebo, Giorgio Jackson debió dejar su cargo en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), luego de enfrentar una relación pedregosa con el Poder Legislativo, pero particularmente con los senadores del Socialismo Democrático. El cúmulo de declaraciones desafortunadas allanó el camino de salida del ministerio donde lo instaló el Presidente Gabriel Boric en el diseño original del gabinete.

Luego de su salida de la “primera línea” y del comité político -ahora en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia- se ha replegado en las políticas sectoriales de su repartición y se ha alejado de las vocerías políticas. Incluso algunos dentro de RD, aseguran que su figura ya no es gravitante y que ha estado alejado de las crisis políticas.

El mal momento de RD también cruza el Ministerio de Educación. Tras la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila, la DC advirtió a La Moneda de un posible respaldo al libelo. La caída de una nueva autoridad del partido, advierten, podría profundizar la crisis del mismo.

A comienzos del verano de este año en el mundo del espectáculo se comenzó a hablar de la amistad del exfutbolista Jorge Valdivia y la diputada RD Maite Orisini. El caso sólo estaba radicado en la prensa de farándula, hasta que la esposa del deportista, Daniela Aránguiz, acusó a la parlamentaria de haber “intervenido” para liberar al exseleccionado nacional de una situación judicial.

Esta denuncia luego fue rectificada por Aránguiz y La Tercera reveló que se trató de un “telefonazo” de Orisini a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, para “darle cuenta” de un supuesto procedimiento policial mal practicado a Valdivia.

Tras la autodenuncia de Orsini en el Ministerio Público, el fiscal Patricio Cooper realizó una serie de diligencias enfocadas en indagar la supuesta comisión de delitos asociados al tráfico de influencias. Tres meses después, la Fiscalía decidió no continuar con la causa al no detectar la existencia de un ilícito, aunque sí hizo un alcance moral.

“Resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”, señaló el fiscal, según cosignó hace algunos días atrás La Tercera PM.