“Poco creíble”: intervención de Crispi no convence a la oposición y reflota sospechas de cuándo se enteró Boric sobre lío de platas en Democracia Viva

“Le pediría sí, un vasito de agua”, dijo Miguel Crispi (RD), jefe del equipo de asesores de la Presidencia de la República, al inicio de la sesión de la comisión especial de la Cámara que investiga el traspaso de platas públicas a fundaciones.

Tras dos fallidas citaciones, el jefe del llamado “Segundo Piso” de La Moneda (lugar de Palacio donde trabaja el equipo presidencial) finalmente compareció este lunes en la mañana ante la instancia fiscalizadora, acompañado de dos asesores de Presidencia.

La presencia del sociólogo estuvo marcada por un alto interés mediático. En su camino desde la oficina de la Secretaría General de la Presidencia -ubicada a un costado de la sala de la Cámara- hasta el salón Carlos Lorca fue seguido por los medios de comunicación, algunos de los cuales transmitían en directo.

Si bien al inicio, el mismo Crispi trató de cerrar el capítulo de tensiones con la Cámara, señalando que como exdiputado respetaba las atribuciones del Congreso, dio a entender que su resistencia inicial tenía que ver con lo inédito de que un asesor presidencial tuviera que asistir a una comisión y que él debía cuidar un espacio íntimo de deliberaciones y conversaciones del primer mandatario.

No obstante, en la primera ronda de preguntas, Crispi -quien se preparó el fin de semana con entrenamiento comunicacional del director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, Pablo Paredes, y del asesor externo Juan Carvajal- salió a proteger al Presidente Boric y que, en lo personal, se enteró antes que el Mandatario, el 7 de junio, a través de un rumor, del caso de la Fundación Democracia Viva, escándalo inicial que destapó un conjunto de traspasos irregulares a organizaciones ligadas a grupos políticos.

“El Presidente de la República se enteró el día 16 de junio”, dijo Crispi, quien agregó que “como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio... En ese momento ni siquiera sabía que existía (Democracia Viva)”.

Ante las preguntas, reveló que la información fue alertada por uno de los integrantes de su equipo y que los antecedentes los derivó a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD). “Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, señaló.

El asesor de gobierno precisó que no hubo una comunicación escrita, por mail o mensajería, y que la solicitud a la subsecretaria la hizo mediante un llamado telefónico.

La revelación de Crispi, sin embargo, sólo alimentó las sospechas de cuándo supo el Presidente del caso. De acuerdo a esta nueva versión, el Mandatario tomó conocimiento tras la publicación del medio digital de Antofagasta, Timeline, el pasado 16 de junio.

“Cuando el jefe de asesores toma conocimiento de esto y que simplemente instruya a la subsecretaria a investigar. Es poco creíble”, le reprochó en la misma comisión, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

Incluso, el presidente de la comisión investigadora, el diputado José Miguel Castro (RN), le recordó que el mismo Presidente Boric en declaraciones en julio pasado, también había admitido haber tenido conocimiento antes de esa fecha.

“Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento de que había una investigación, fue un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada (fechado el 7 de junio), que es la semana anterior”, dijo el Jefe de Estado el 5 de julio, al ser consultado por la prensa ante las dudas que ya había entonces por el momento en que el Ejecutivo estaba al tanto de la irregularidades.

Esa versión inicial del Presidente luego tuvo que ser enmendada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien explicó que el Mandatario se refería al momento en que oficialmente el gobierno toma conocimiento debido a este oficio.

No obstante, esa explicación se enredó aún más por los testimonios judiciales y por una información preliminar que dio el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien incluso debió corregirse y salir a aclarar que Miguel Crispi no había sido alertado del caso.

“Puedo entender entonces que el senador Latorre mintió. Él dijo que Ud. no sabía y ahora resulta que sí sabía. El Presidente Boric dijo que sí sabía y Ud. después dice que no sabía. La verdad es que hay una confusión tremenda”, comentó la diputada Chiara Barchiessi (republicana), quien además es querellante del caso.

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) también calificó como “poco creíble” la nueva versión de Crispi. “Queda la duda cuándo se enteró el Presidente”, señaló.

El diputado Henry Leal (UDI), en tanto, lo cuestionó por no haber denunciado los hechos según las obligaciones legales y administrativas. “Aquí hay una omisión de un deber”, dijo Leal, quien añadió que la continuidad de Crispi en La Moneda “es insostenible”.

Crispi, respuesta, explicó que la primera información del caso de Democracia Viva no tenía los ribetes de un hecho de corrupción que adquirió después.

En horas de la tarde, los diputados Castro (RN) y Juan Carlos Beltrán (RN) enviaron una carta a la Presidencia pidiendo la salida del jefe de asesores. “¿Por qué el máximo asesor presidencial no puso en conocimiento del Presidente de la República el que se ha transformado en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años?... Nos parece de la máxima gravedad que la asesoría presidencial y particularmente el Jefe de los asesores del Presidente de la República no haya denunciado los hechos constitutivos del caso Democracia Viva a la justicia”, dice la misiva

Otro de los temas obligados por el que se le consultó a Crispi, fue por su rol en el convenio que suscribió el Gobierno Regional de Antofagasta con la Fundación Procultura para la ejecución del “Programa recuperación de fachadas zona de conservación histórica”, y por medio del cual se transfirieron $ 629 millones a la entidad.

Y es que, según se estableció en una querella presentada por diputados del Partido Republicano, él fue quien en su rol de subsecretario de Desarrollo Regional, visó la materialización de ese trato con la citada ONG, “pese a que sus actividades económicas registradas en el Servicio de Impuestos Internos eran por ‘venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza’ y ‘fundación y corporaciones; asociaciones que promueven actividades’”, indicaron en la acción.

Agregaron, además, que en el oficio que Crispi envió al gobernador, este indicó: “La Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”.

Pero pese a esas imputaciones, el otrora subsecretario indicó que en ningún momento buscó favorecer a esa fundación y que sólo dio el visto bueno porque así se lo indicaban los informes técnicos que se realizaron sobre la materia.

“No tengo ni tenía ninguna vinculación con la fundación. Tuve conocimiento de la solicitud del trato cuando llega el borrador de oficio que le da la calificación de entidad subejecutora de proyectos (...) Lo que se hizo fue estrictamente lo que señala la guía técnica y no tengo ni tenía ninguna relación con la fundación ni con quienes la conducen”, comentó.

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En el mismo sentido, Crispi hizo presente que la solicitud para fijar el convenio se hizo inicialmente al gobierno anterior, el 2 de febrero de 2022, y que a su equipo, luego, le tocó terminar con el proceso iniciado. Aclaró, igualmente, que ante la solicitud para ampliar los recursos en un 50%, él se negó, manifestando que no se podía realizar dicha inversión dadas las prioridades del momento.

Más allá de las explicaciones del exsubsecretario y hoy jefe del Segundo Piso de La Moneda, lo cierto es que la Fundación ProCultura es pesquisada tanto por el Ministerio de Justicia como por la Fiscalía, ya que, de acuerdo con el Registro de Colaboradores del Estado, ha recibido 79 transferencias de organismos gubernamentales desde 2010, por casi $ 5 mil millones.