Podría desincentivar el arrepentimiento: los argumentos del gobierno al TC por libertades condicionales

Un escrito de 47 páginas y tres capítulos envió a última hora de ayer el gobierno del Presidente Sebastián Piñera al Tribunal Constitucional, ad portas de que el organismo revise este jueves los dos requerimientos de inconstitucionalidad presentados por diputados y senadores de la UDI y RN, con los que buscan impugnar parte de la ley de libertades condicionales.

En concreto, los parlamentarios oficialistas buscan dejar sin efecto el artículo 3° bis de la ley, el que establece que para que los condenados por delitos contra los DD.HH. puedan optar a ese beneficio, deben haber cumplido, al menos, dos tercios de su pena, además de haber colaborado de forma sustancial con la investigación y manifestar "arrepentimiento" por los crímenes cometidos.

Así, pese a que La Moneda optó por no hacerse parte del proceso y no alegar en favor ni en contra del texto emanado en noviembre por el Congreso, hizo llegar al organismo sus observaciones y advirtió que las exigencias establecidas en la normativa –específicamente para la los condenados por delitos de lesa humanidad– se apartan del Derecho Internacional en materia de DD.HH. y podrían atentar contra el principio de "autoincriminación" y "libertad de conciencia" consagrados en la Constitución.

En ese sentido, el Ejecutivo recoge y reitera la postura que el gobierno manifestó –mediante el ministro de Justicia, Hernán Larraín– durante el último trámite del texto en el Congreso, donde si bien se mostró favorable a que se establezcan requisitos especiales para esa población penal, también manifestó aprensiones respecto de las exigencias que finalmente quedaron consagradas en el texto, las que calificó como "imposibles de alcanzar".

Según el escrito y recogiendo lo planteado por Larraín, el texto del gobierno -que es firmado por el Mandatario, por el titular de Justicia y por el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel- subraya que la ley "supone establecer exigencias que se apartan del Estatuto de Roma, y por su naturaleza son difíciles de cumplir". Y agrega específicamente en torno al requisito de arrepentimiento que este "levanta  un cuestionamiento respecto del principio de no autoincriminación consagrado en el artículo 19 N°7 de la Constitución", el que establece que "en las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio".

"La búsqueda de una renuncia inequívoca, de alguna forma, podría atentar contra dicho principio y obligar una autoincriminación para obtener beneficios. Punto que obviamente abre un cuestionamiento respecto de este precepto constitucional", sostiene el escrito, citando las palabras que emitió Larraín ante el Senado en noviembre.

El gobierno, incluso, va más allá y plantea que el hecho de que el arrepentimiento y la colaboración sustancial sean exigencias que deben ser cumplidas de forma "copulativa", es algo que "desincentiva el arrepentimiento".

"Si un condenado por estos delitos desea manifestar su arrepentimiento, pero no tiene información que aportar, no podría aspirar al beneficio", agrega el escrito, siempre aludiendo a lo planteado por Larraín en el Congreso.

Asimismo, en el texto el Ejecutivo advierte respecto de una eventual vulneración del principio de irretroactividad de la norma, la que –según la interpretación del gobierno– impone una condición menos favorable a la que tenían los condenados por estos delitos al momento de la sentencia.

Con todo, el gobierno evita pedir que se acojan los requerimientos presentados por sus parlamentarios y pide al organismo considerar sus observaciones  y resolver "en su mérito".