Populismo penal

El populismo penal es una estrategia utilizada por políticos de diversas tendencias (izquierda y derecha) para ganarse el favor popular apelando a la intensificación de las penas, aumentando las facultades de las policías y rebajando la edad de la imputación penal. Responde a la idea bastante arraigada de que la mejor manera de combatir la delincuencia es la aplicación de la Ley del Talión. Si la evidencia empírica los acompañara en sus dichos, sería interesante discutir en serio aumentos de penas y facultades, pero desgraciadamente los fríos números dicen que el fenómeno de la delincuencia es mucho más complejo de lo que intuitivamente parece.

Veamos las cifras de la realidad chilena. Se ha instalado el concepto de la llamada puerta giratoria, esto es, que en general a los delincuentes no les pasa nada cuando delinquen y que rápidamente vuelven a la calle tras ser detenidos.

¿Qué dicen las cifras? Que Chile es uno de los países que tiene mayor número de presos por habitante entre los países de la OECD. En el año 1990 y tras el término de la dictadura militar el número de presos en Chile alcanzaba los 24.794. ¿Fue la democracia más laxa con los delincuentes? Todo lo contrario. Al año 2000 los presos crecieron casi en un 50% llegando a los 34.886. Fue en ese año que comenzó a aplicarse en el país la reforma procesal penal, que supuestamente expandió el garantismo y los derechos de los imputados. ¿Qué sucedió con el número de presos? Siguió incrementándose de manera sostenida y una década más tarde, al año 2011 los presos alcanzaban los 51.347, más que duplicando el número del año 1990. A partir de esos años y por políticas que se implementaron en el primer gobierno de Sebastián Piñera, las cárceles fueron descongestionadas y actualmente el número de presos bordea los 45.000.

¿Qué sucedió en estos años con la normativa penal y procesal penal? Tuvo permanentes incrementos de penas para los delitos (a excepción, obvio, de los delitos de cuello blanco), estableciéndose alzas importantes de penas en los delitos en contra de la propiedad (ley 20.639 año 2012), en los homicidios (ley 20.779 año 2014) y en los delitos sexuales (ley 20.526, año 2011).

A su turno, en materia procesal permanentemente se aumentaron las facultades de las policías. Un buen ejemplo de ello son las normas relativas al control de identidad. Cuando se crea el control de identidad, en el año 2000, sólo se podía aplicar a crímenes y simples delitos, se exigían indicios para aplicarlo y la duración máxima del procedimiento era de 4 horas. La ley 19.789 del año 2002 lo amplió también a las faltas y extendió su duración hasta las 6 horas. La ley 19.942 del año 2004 permitió detener al que se negaba al control. La ley 20.253 del año 2008 aumentó su extensión a 8 horas y permitió aplicarlo a encapuchados.

Finalmente, la ley 20.931 del año 2016 permitió efectuarlo con un solo indicio y creó un nuevo control de identidad preventivo, el que no requería ningún indicio para ser aplicado, restringiéndolo sólo a los mayores de edad. Es decir, se estableció finalmente la facultad de la policía de controlar la identidad de cualquier adulto sin motivo previo.

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Enusc 2017.[/caption]

¿Cuál ha sido el resultado de esta triple política de: 1) aumento significativo de presos, 2) aumento significativo de penas y 3) aumento significativo de facultades a las policías? Cualquier persona sensata debería decir que ello produjo una disminución de la delincuencia. ¿Es eso efectivo? Pues bien, la mala noticia es que la delincuencia en vez de disminuir ha aumentado. En efecto, la estadística más confiable al respecto es la Encuesta Enusc que publica anualmente la Subsecretaría de Prevención del Delito, que indica que la victimización de hogares que el año 2013 se encontraba en 22,8% subió sucesivamente a 23,5% el año 2014, a 26,4% el año 2015, a 27,3% el año 2016 y a 28% el año 2017. (Debiera estar pronto a publicarse la encuesta del año 2018).

¿Cómo es eso posible? ¿Qué estamos haciendo mal? Creo que el problema es que estamos poniendo el acento en aquello que no es lo principal. Por supuesto que hay que perseguir los delitos y encarcelar a los que lo cometen. Sin duda. Lo digo con la experiencia de haber sido fiscal y de haber sufrido en mi domicilio un violento asalto causado por dos menores de 16 años. Pero para contener de verdad la delincuencia debemos -sobretodo- impedir que niños se conviertan en delincuentes. Y por eso la discusión y el enfoque principal debiera estar en la enorme cifra de niños excluidos del sistema escolar.

Esta semana, un estudio del Hogar de Cristo fijó esa cifra en 358 mil y desde el gobierno se rebatió esa cuantía alegando errores metodológicos, indicando que la cifra sería la mitad de aquella. Aún esta segunda cifra es altísima. Más de 150 mil niños y jóvenes que no estudian tienen una alta probabilidad de convertirse en infractores de ley y luego en delincuentes prolíficos. Volver a vincularlos con la escuela es sumamente difícil, pero es ese el principal camino que puede ayudarnos a disminuir las cifras de los delitos.

Mientras esa no sea la política principal, mientras los niños no estén primero, lo que veremos por televisión es pirotecnia, espectaculares procedimientos policiales, allanamientos y detenciones, todo lo cual resolverá delitos concretos y dará sensaciones pasajeras de seguridad. Todo eso está muy bien. Pero como decía Galeano, tiene un problema. Rasca y rasca muy bien. Pero rasca donde no pica.