Tras semanas de investigación luego de que a fines del año pasado se convulsionara el ambiente en el Liceo Augusto D’Halmar tras la apertura de un sumario administrativo en contra de Jaime Andrade, director por 28 años del establecimiento municipal, el proceso llega a su fin con conclusiones gravísimas para la ex máxima autoridad del establecimiento de Ñuñoa, además de una recomendación de destitución por parte de la fiscal a cargo, la que fue aceptada por la alcaldesa Emilia Ríos (RD). Es decir, el director del establecimiento ya no lo es más a partir de esta indagación: el municipio lo destituyó, sin perjuicio de que existen recursos a los que Andrade podría acogerse.

En 124 páginas -aunque la carpeta completa de investigación tiene más de 800 hojas de testimonios y declaraciones-, Carmen Krause, directora de la Escuela República de Costa Rica y designada por la edil como fiscal del sumario al que tuvo acceso La Tercera PM y del que Andrade ya fue notificado, entregó sus conclusiones hace algunos días al municipio donde zanjaron hacer caso a las recomendaciones ahí expuestas: destituir al director, así como a su esposa, Justa Zubia, que ejercía como jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP).

Con ello, el recinto municipal que por años ha obtenido los mejores resultados tanto en pruebas de acceso a la educación superior como en el Simce y que ha provocado que incluso actores políticos se hayan involucrado, suma un capítulo más a sus tormentosas últimas semanas.

El sumario- que se inició luego de al menos 10 reclamos y denuncias en contra del director- comienza justificando su origen por “presuntas vulneraciones de derechos de los estudiantes, relacionadas en principio, con transgresión al derecho a la educación, respecto a negativas en la continuidad de estudiantes repitentes en el establecimiento educacional, y señalamientos de conductas que podrían ser constitutivas de discriminación hacia los y las estudiantes, hechos todos denunciados contra el director del establecimiento educacional”.

Las acusaciones de esas denuncias apuntaban a dos grandes aspectos: que el director ofrecía mejorar las notas a quienes estaban en riesgo de repitencia a cambio de que esos apoderados cambiaran al alumno de liceo, y que no aseguraba matrícula para el año siguiente -la ley sí lo obliga- a quienes repetían por razones académicas. Pero, además, se reclamaban otras vulneraciones.

Así, tras un extenso proceso y más de una decena de entrevistas, el sumario se cerró el 15 de febrero, formulándose cargos para tres personas: Jaime Andrade, Justa Zubia y Luis Poblete, inspector general.

Según la fiscal, fue posible “evidenciar y acreditar fehacientemente” respecto de Andrade la infracción de 21 artículos, leyes o decretos, entre las que se cuentan falta a la probidad e incumplimiento grave de funciones; vulneración de derechos de los estudiantes en cuanto a la determinación de promoción y/o repitencia; discriminación en el proceso de matrícula; errada aplicación de decretos del Mineduc tendientes a ofrecer mejora en las calificaciones y borrar semestres; discriminar a estudiantes con necesidades educativas especiales; e incumplir la medida preventiva de suspensión decretada por la fiscal.

En la formulación de cargos, la fiscal, entre otras cosas, resume que “es factible señalar con razonable certeza que se aplica condicionalidad de matrícula a estudiantes repitentes, así como también se generan barreras en la permanencia de estudiantes con bajo rendimiento”, lo cual contradice las normas del Mineduc. Pero, además, señala que la conducta del inculpado “no se relaciona con una conducta funcionaria intachable, por el contrario, dicho comportamiento afecta el desempeño de sus actividades y el normal y correcto desarrollo de las actividades al interior del establecimiento educacional”.

Andrade tuvo la posibilidad de presentar a la fiscal sus descargos durante este proceso sumarial, indicando, entre otras cosas, que los informes de promoción y/o repitencia fueron realizados y entregados de forma oportuna durante el año escolar, aunque no acompañando ningún documento que lo acredite. Además, a través de su defensa señala que no negó matrícula a ningún alumno, que el sumario es “ilegal” e “inconstitucional”, que hay imputaciones “gratuitas”, “concertadas” y solo testimonios sin pruebas, y que hay situaciones que solo reflejan incumplimiento de una obligación y no falta a la probidad. Asimismo, recuerda una “serie de denuncias” en contra de Emilia Ríos, alcaldesa del municipio sostenedor del liceo, así como que hubo vulneraciones al debido proceso.

A Zubia, en tanto, se le acusa de situaciones similares a la de su marido, como falta a la probidad e incumplimiento grave de funciones o vulneración de derechos de los estudiantes, mientras que a Poblete solo del incumplimiento grave de funciones.

Con todo, la fiscal Krause propuso tras su investigación -aceptado por la alcaldesa Ríos- destituir a Andrade como director del Liceo Augusto D’Halmar, mismos pasos que se seguirán con Zubia. Al inspector Poblete, en tanto, lo sobreseyeron y solo lo amonestaron, pudiendo volver a sus funciones.

La fiscal entrevistó a 13 personas para la realización de este sumario, entre quienes se cuentan apoderados, el propio Andrade, además de su señora, funcionarios municipales y del recinto educacional. Según el texto, la declaración del suspendido director se tomó el 21 de diciembre, donde se intentó esclarecer por qué se citó a ciertos apoderados a reunión. Según las denuncias, por esta vía se comunicaban las presuntas irregularidades, pero acorde a la declaración de Andrade, él no citó a nadie en particular, que eso era materia de los profesores jefes. “Hay muchos apoderados que piden repetir de cursos para mejorar nota, pero el SAE (Sistema de Admisión Escolar) no se los permite, lo malo es que se terminó el año escolar y ellos no alcanzaron a retirarlo. La mayoría fue a solicitar no pasar de curso. No hay acta, porque son conversaciones informales”, señala la transcripción.

“Se presentaron varios casos de repitentes o que querían repetir; ahí yo les explicaba que existía tal fecha y que yo lo voy a atender en tal fecha y de acuerdo a la vacante yo le voy a responder”, añade el director, quien suma que nunca comunicó “que no tengan matrícula, no hay registro, y no lo he comunicado ni oral ni por escrito. En el reglamento dice que todos los alumnos del colegio tienen posibilidad un año de repetir un año y siempre y cuando existan las vacantes correspondientes (…) no hice lo que se hacía todos los años (...) y me abstuve para dar matrícula a gente, tuve mucha matrícula este año”.

Este es, de hecho, uno de los puntos donde Andrade se equivoca, según explica en el sumario la fiscal: “La transgresión de la norma se refiere a indicar que los estudiantes se encontraban ‘postulando’, pues esta calidad no corresponde a estudiantes de continuidad del establecimiento, ellos tienen su matrícula garantizada (…) por otro lado, la declaración administrativa de ‘espera vacante de repitencia’ implícitamente condiciona a una probabilidad de contar con una vacante, lo que es absolutamente contrario con estudiantes que no están en proceso de postulación del SAE, sino que son estudiantes de continuidad del establecimiento”.

Luego, el sumario da cuenta de que a Andrade se le solicitaron una serie de documentos, los cuales no fueron proporcionados dentro de la fecha correspondiente. Lo que sí llegó, pero a través de una solicitud mediante oficio a Denisse Chomalí, directora de la dirección de educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, fue el registro de las entrevistas generadas por profesores, donde en las observaciones encontró “numerosos registros de entrevista del director, en donde se define la medida administrativa ‘vacante de repitencia’ a quienes presentan posibilidad de reprobar”.

Además, se consignan otras entrevistas: al inculpado Luis Poblete, inspector general, así como a Justa Zubia, quien, al ser consultada por su función, contesta: “Antes de ser jefa de UTP yo tenía el cargo docente (...) y de repente se produce la vacancia en el cargo de UTP (…) fui nombrada por el director. Él es mi marido, pero yo soy una profesional acreditada, he vivido todo mi desarrollo profesional y continúo capacitándome”.

Asimismo, se da cuenta de la entrevista a una profesora, quien señala no estar en conocimiento si a los apoderados se les dijo que no había cupo para repitentes, “pero sí se informó que la fecha de matrícula para repitentes era el 26 o 27 de diciembre”. La misma docente expone que elaboró informes de siete alumnos con riesgos de repitencia, tres de los cuales se matricularon, mientras que los otros cuatro fueron “promovidos” y los apoderados “optaron por cambiar a sus hijos de establecimientos”. Aclara, en todo caso, que “los niños promovidos presentaron otras habilidades dentro del proceso”.

Hay, a su vez, declaraciones de algunos apoderados denunciantes apuntando todos a lo mismo. Uno de ellos asegura que el director le informó que su hija “se iba del establecimiento”, y describe que “había mucha gente enojada porque decían que no podían echar a sus hijos porque era primera vez y, ahí el director empezó a ofrecer notas”. Y agrega: “Al papá de mi hija el director lo hizo firmar un documento de que la retiraba voluntariamente (…) los rojos se los subieron a 4,0, esto fue para que tuviera una opción de matricularse en otro establecimiento como no repitente”.

Esto es, acorde a la fiscal, refrendado según el registro de notas de una estudiante, donde el enviado el 15 de noviembre de 2022 tiene ocho asignaturas insuficientes y en el informe final del 10 de diciembre, menos de un mes después, la misma estudiante figura con todas las asignaturas con nota sobre 4,0, “pudiendo presumir, consecuentemente, una falsificación de dicho instrumento público (...) el registro de notas es del 15 de noviembre, sin que consten otras evaluaciones adicionales hasta el fin del año escolar y siendo inverosímil que la estudiante hubiera obtenido calificaciones posteriores que promediaren exactamente la nota 4,0 requerida para su promoción”. Un papá distinto también aporta con su caso: “(El director) nos dijo como tres veces que nos hacía un cariño en las notas, pero teníamos que sacarlo del colegio”. Hoy, quienes critican a Andrade argumentan que los buenos resultados del liceo se daban justamente porque a los estudiantes académicamente más descendidos los empujaba a irse.

A buena parte de los entrevistados, además, se les pregunta por el caso específico de una estudiante con problemas sicoemocionales y a la que, según las denuncias, Andrade habría vulnerado sus derechos. Acorde a la declaración de su apoderada y luego de presentar un certificado siquiátrico que acreditaba su condición con que pedía cerrar el año escolar, “el director me dijo que él tenía el poder y él decía si aceptaba o no el certificado y si cerraba el año o no”.

Y suma: “Le dijimos (al director) que íbamos a ver la posibilidad de ver otro establecimiento si es que encontrábamos y dejamos explícitamente que no era una renuncia a su matrícula (…) el director nos dice que no había cupo para repitentes porque SAE no lo permite y además que él no se iba a arriesgar, porque le pasaron una multa de 50 UTM por parte la Superintendencia de Educación. El director me dijo que no me iba a dar la matrícula”. Además, en esa entrevista se asegura que la autoridad del liceo hacía un ranking para elegir qué repitentes tenían matrícula, así como que ofrecía exámenes libres.

“Nosotros hemos sacado ciegos, autistas, es un desafío y podemos. Pero no en el nivel de sobreexcelencia que tiene el colegio”, dijo al respecto Andrade, a quien, además, se le acusa en el sumario de no haber respetado la medida de suspensión en su contra.

Pero las denuncias e irregularidades no se quedan ahí. Hay, además, otras que tienen que ver con una presunta malversación de fondos del centro de padres y que son motivo de un segundo sumario en curso. Con todo, en términos legales el director Andrade tiene cinco días desde la notificación de este sumario, la que se produjo este martes, para presentar un recurso de reposición, es decir, dejar sin efecto la destitución.