¿Por qué estaban libres? La cadena de errores de fiscales y jueces en las horas previas al asesinato del suboficial Palma

“De acuerdo a la evaluación realizada, el entrevistado presenta riesgo de reincidencia delictual medio, con necesidad de intervención de rango alto en áreas de educación/empleo y Utilización del tiempo libre”. Así informaba Gendarmería al Juzgado de Garantía de Concepción -el 27 de septiembre del 2022- sobre el Plan de Intervención Individual que requería Luis Lugo Machado (23), quien había sido condenado a tres años de libertad vigilada intensiva, el 8 de junio del 2022, por el delito de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma. Sin embargo, esta alerta, ni tampoco la sentencia impuesta fueron suficientes para evitar que participara, según se ha establecido hasta el momento, del crimen del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez (22) el miércoles pasado.

En el homicidio del carabinero hay una serie de antecedentes que preocupan en el Ministerio Público, Carabineros, el gobierno y los tribunales, más allá del caso concreto. Interior, por ejemplo, ya impulsó una serie de cambios en los procedimientos policiales, pero ahora hay otra inquietud: cómo el sistema judicial no pudo tomar las medidas necesarias para detectar un auto que participaba de delitos -previo al homicidio-, ni tampoco tener tras las rejas a un joven detenido dos veces en un año, quien, además, había incumplido sus medidas cautelares y, posteriormente, su condena de libertad vigilada intensiva.

La primera “fisura” surgió en Concepción. El 8 de junio del 2021, Lugo fue detenido por efectivos del OS-7 de Carabineros , tras ser sorprendido portando, en un bus, 600 milígramos de marihuana, una pistola marca LEO y siete cartuchos calibre 9mm.

El imputado fue formalizado por los delitos de microtráfico y porte ilegal de armas, quedando en prisión preventiva. Sin embargo, a los tres meses recuperaría su libertad, pues el Juzgado de Garantía de Concepción aceptó la solicitud de la defensa, quien requirió modificar su medida cautelar.

A pesar de estar sujeto al arresto domiciliario total, el imputado no fue hallado en al menos tres controles que tenía que practicar Carabineros. A pesar de esta infracción, obtuvo un acuerdo favorable para sus pretensiones: fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva, a través de un procedimiento abreviado. Se le tomó en consideración, según el fallo, que no tenía antecedentes penales previos.

La resolución del Juzgado de Garantía de Concepción fue evacuada el 22 de mayo y ya en noviembre de ese año, Gendarmería advertía -otra vez- de sus complejidades para cumplir la pena. “Respecto al periodo comprendido entre los meses de noviembre 2022 a enero de 2023, el señor Lugo Machado da respuesta a sólo tres de los seis controles acordados en modalidad mixta (presencial /remota) demostrando escasa adherencia al proceso de intervención con delegada, limitado el abordaje de las áreas de intervención programadas para este trimestre”.

Por lo mismo, en enero de este año, el Ministerio Público pidió una audiencia para modificar su condena. El 26 de enero, se solicitó esta instancia ante un “inminente incumplimiento de las condiciones legales para el debido proceso de intervención de la Libertad Vigilada Intensiva del sentenciado”.

Para ello se fijó una audiencia para el 30 de marzo, advirtiéndose que si Lugo no llegaba debía despacharse una orden de detención en su contra. A esas alturas, creen los investigadores, el acusado ya estaba en Santiago.

Pero había un antecedente que no se había cruzado en esa causa. En agosto del 2022 -cuando Lugo debía estar cumpliendo el arresto domiciliario nocturno- perpetró otro delito, ahora en la comuna de Tomé, también en la Región del Biobío.

El día 12 de agosto de ese año fue sorprendido por la policía con 12 envoltorios de papel cuadriculado que contenían marihuana en su interior. Sin embargo, a pesar de estar bajo una medida cautelar en otra causa, en la misma región, no fue pasado a control de detención y luego tampoco sería formalizado.

Por lo mismo, y para determinar por qué no se llevó a cabo ese procedimiento, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ordenó una investigación administrativa en su jurisdicción. Ahora, con Lugo ya detenido por el crimen del carabinero, será formalizado, recién, por este delito.

Cuando ocurrió el homicidio del cabo Palma, tanto en la Municipalidad de Vitacura como en la Fiscalía Oriente hubo sorpresa. No solo por el trágico hecho, sino que porque cuando comenzaron a circular las primeras imágenes del auto Chevrolet Sonic, de color azul -donde se trasladaban los imputados al momento del asesinato- les pareció conocido.

Y, cómo no, si el 28 de marzo el mismo vehículo había sido registrado en la huida de una pareja de delincuentes que asaltaron a un peatón en la Avenida Alonso de Córdova, en Vitacura.

¿Qué pasó después? El municipio entregó las cámaras de seguridad a la PDI y la Fiscalía Oriente, sin embargo, no se logró dar prontamente con este vehículo, a pesar de la existencia de estas imágenes.

La propia alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, escribió en su Twitter, el 6 de abril: “La @MuniVitacura ha entregado a las autoridades imágenes -captadas hace semanas por nuestras cámaras de seguridad- de uno de los vehículos (y sus ocupantes) involucrados en la muerte del cabo Palma. Estamos a disposición para aportar a una investigación que logre hacer justicia”.

En la Fiscalía Oriente, sin embargo, señalan que en las imágenes proporcionadas por el municipio no se veía la patente del auto, sino que tuvieron que solicitar los registros que tenía el restaurante que había cerca para poder dar con un video más nítido.

La alcaldesa agrega a La Tercera PM que “acá lo importante es avanzar con la investigación de un delito ya consumado, pero también que la información que se tenga para prevenir futuros delitos. Por lo mismo, es muy relevante que Carabineros y autopistas tengan información en línea de los autos que han participado en toures delictuales”.

En el Ministerio Público defienden su gestión en este caso. Desde la Fiscalía Oriente explican que desde el 28 de marzo se decretaron diligencias, se recabaron las cámaras, pero que recién el 4 de abril lograron dar con el dueño del auto, quien tenía residencia en Angol. Un día después fue el crimen del carabinero.