Una sensación de que el ministro Giorgio Jackson no resiste mucho tiempo más en el gabinete del Presidente Gabriel Boric se ha incubado al interior del oficialismo.

En el gobierno admiten que el cuadro que enfrenta el ministro de Desarrollo Social “hace aguas” día tras día. No solo se conoció que quedó en calidad de querellado y será citado a declarar en el caso en que el Ministerio Público indaga delitos de corrupción por traspasos entre el Estado y fundaciones, sino que -además- ha tenido que enfrentar una lluvia de peticiones de renuncia por parte de dirigentes del propio oficialismo a dos meses de que estallara la crisis.

El robo de computadores y una caja fuerte desde su cartera en medio de la indagatoria de la Fiscalía y las críticas internas por su manejo ante ese hecho son otro capítulo. Esta semana, adicional a eso, se conoció que el Consejo de Auditoría que depende de la Segpres pidió dejar de reportar detalles relativos a los traspasos a terceros justamente en junio del año pasado, cuando él aún era ministro de esa cartera.

A ese complejo cuadro ayer se sumó un nuevo elemento. La bancada del Partido Republicano anunció que el próximo lunes presentará -por segunda vez- una acusación constitucional en su contra para cobrar su responsabilidad política en el denominado caso convenios -que se destapó por contratos suscritos por una fundación ligada a Revolución Democrática, el partido que fundó en 2012- y, según acusan, por haber reconocido hechos de corrupción que no fueron debidamente denunciados por la repartición que dirige.

En el gobierno reconocen que la situación de Jackson es frágil y que la nueva ofensiva opositora lo encuentra en un momento distinto a enero pasado, cuando -ante la primera acusación constitucional que enfrentó- logró zafar con 68 votos a favor y 76 en contra. En esa oportunidad, el libelo contra el secretario de Estado pasó por otras razones: se le acusó de subejecutar el presupuesto de su cartera en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas, y de “infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad”.

En esta ocasión, además, el cuadro de desafección y desorden oficialista no ayuda a la suma de los apoyos que requiere para repetir ese resultado. En los partidos de gobierno no esconden que Jackson se ha transformado en un problema para el Ejecutivo. El futuro presidente del PPD, Jaime Quintana, lo dijo el sábado, en entrevista con La Tercera. “El ministro Jackson se ha transformado, en los hechos, en un problema para La Moneda”, sostuvo en la oportunidad.

A él se suman varias voces que creen que el titular de Desarrollo Social debería dar una señal y dar él mismo un paso al costado para darle aire al gobierno. Hasta ahora, lo que ha dicho el ministro es que seguirá trabajando y que mientras el Presidente considere que sigue siendo un aporte a su gobierno, él no va a renunciar. “No estoy velando por mí, sino que por un proyecto colectivo”, dijo el ministro el 4 de agosto pasado.

Sea como sea, cualquier decisión que tome el Presidente sobre su destino no será una ecuación simple. Ambos son amigos y han forjado sus carreras políticas a la par. De hecho, el Mandatario cree que le debe -en parte- el triunfo que le permitió llegar a La Moneda. El Jefe de Estado, por su parte, ha transmitido que no aceptará las presiones de la derecha para definir a sus colaboradores. Por ahora.

El Mandatario dio algunas señales esta tarde en una actividad en Puente Alto. En su alocución advirtió en duros términos a la derecha que “las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Y que lo digan públicamente”.

El Jefe de Estado, además, abordó el caso de las fundaciones y reiteró que no habrá “perdonazos” de ningún tipo. “Cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades, y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir siendo así, que no les quepa duda. Porque acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar”, dijo Boric, agregando que “lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo”.

La ofensiva opositora, que ya suma apoyos en la UDI, RN y Evópoli -como lo reveló ayer el propio Jackson-, tomó por sorpresa al gobierno. El secretario de Estado había estado ayer en el Congreso para viabilizar distintas iniciativas legislativas que tiene su cartera en tramitación con el objetivo de concretar el plan que se ha propuesto: dejar que el trabajo hable por él y aplaque el ruido de un caso en que -aseguran en su entorno- no tiene ninguna responsabilidad.

De hecho, en sus equipos recalcan que el único convenio relacionado a Desarrollo Social que está investigando el Ministerio Público es el denunciado por la senadora Yasna Provoste (DC) entre la Seremi de Atacama y la Fundación Visible, respecto del que se entregaron todos los antecedentes a Fiscalía y a Contraloría, además de instruirse un sumario.

En La Moneda la sensación anoche no era distinta. La ministra Camila Vallejo (Segegob) improvisó una vocería en que cuestionó en duros términos el uso de la acusación constitucional como arma política y aclaró que, pese al intento por tensionar el clima político, el gobierno seguirá insistiendo en el diálogo. Sus dichos fueron valorados vía Twitter por el propio Mandatario.

El balance en Palacio es que la ofensiva de republicanos es un “pelo más a la sopa.” Las mismas fuentes sostienen que este no es un punto de inflexión ni marca un hecho político relevante para que el Presidente, por ejemplo, precipite un cambio de gabinete o solicite la renuncia al secretario de Estado.

Tampoco -agregan en el gobierno- el ministro tiene en su horizonte supeditar su futuro político en el gobierno a un libelo acusatorio que ya prevén como débil. Pese a eso, otras versiones en Palacio señalan que esta ofensiva solo complejiza más la posición de Jackson y puede forzar a Boric a tomar una decisión.

Lo que es claro es que será un nuevo flanco que La Moneda tendrá que esforzarse por cerrar, cuando hay una amenaza de descuelgues y ausencias oficialistas que podrían complicar el cuadro en la jornada en que sea votado el libelo.

En teoría, la acusación contra el ministro de Desarrollo Social tendría un piso de 68 legisladores, si es que la oposición actúa unida y descontando a la diputada María Luisa Cordero, hoy desaforada (23 UDI, 22 RN, cuatro Evópoli, 12 P. Republicano, además de Gonzalo de la Carrera y al menos seis de los siete integrantes de la bancada Independientes-Social Cristiana).

La gran duda dentro de este bloque siempre ha sido el independiente Enrique Lee, quien es parte del grupo de los socialcristianos. Con Lee, la oposición podría llegar a 69 votos.

A ellos podría sumarse el diputado de Amarillos Andrés Jouannet, quien si bien es parte de una bancada afín al gobierno (DC, radicales y liberales), desde hace un mes que venía proponiendo acusar a Jackson. Lo mismo sucede con el PDG Gaspar Rivas, quien expresó su adhesión al escrito. Con Jouannet y Rivas, la base hipotética de un libelo es de 71 votos

La independiente Pamela Jiles, quien es una rival declarada de Jackson, también podría plegarse. Con ella, el piso sube a 72, cifra aún insuficiente para aprobar una acusación en la Cámara.

Por otro lado, el oficialismo, que tiene una base de 64 votos, podría crecer a 67 si se confirma el alineamiento de al menos tres independientes asociados a sus bancadas (Camila Musante, Mónica Arce y Félix González).

En duda está la postura del diputado Raúl Soto (PPD), quien públicamente ha pedido la salida de Jackson, por lo tanto sin él, la base sólida del gobierno es de 66 diputados, es decir, necesita sumar 11 votos más para derribar la acusación. “Hasta este momento, no hay argumentos suficientes para apoyar una acusación. Lo que no obsta a que siga considerando que el ministro es un problema para el gobierno y que sería bueno que dé un paso al costado”, dijo esta mañana.

Con todas esas variables, el desenlace de esta inminente presentación, al igual que en procesos anteriores, sigue en manos de grupos no alineados.

En la bancada DC (Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño) se mantiene el suspenso, aunque históricamente siempre han votado en defensa de los ministros acusados, por lo tanto, no hay señales de que esa posición vaya a cambiar con Jackson.

También mantienen la incógnita los integrantes del subcomité del Centro Democrático Unido (CDU, integrado por ex DC, algunos de ellos hoy militantes del Partido Demócrata, como Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio). No obstante, históricamente ellos han sido detractores del instrumento de las acusaciones, no solo en este gobierno. Además, este grupo está una situación políticamente amarrada con el oficialismo, debido al acuerdo administrativo que les concedería un período en la presidencia de la Cámara y la eventual conformación de alianzas o pactos por omisión para las próximas elecciones.

Todavía impredecible es el voto de Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD) y el ex PPD René Alinco (quien conforma un comité con Jiles).

Lo mismo sucede con la mencionada situación de la bancada PDG, integrada por los militantes Karen Medina, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas y el independiente Francisco Pulgar. Por lo general, los temas de gobierno dividen a este subcomité. Oyarzo suele ser más dialogante con el Ejecutivo, mientras que Medina y Pulgar hoy están más distantes de las políticas de La Moneda. La diferencia es que ahora Rivas ya anunció que apoyará el libelo.