“Por un financiamiento transparente del plebiscito”: La carta que presiona al gobierno y al Congreso

Engel Repetto Squella Eyzaguirre
Eduardo Engel, Andrea Repetto, Agustín Squella y Sylvia Eyzaguirre.

65 expertos y expertas de distintos centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil, firmaron una misiva donde se le solicita al gobierno y al Congreso avanzar en una regulación del financiamiento privado para el postergado plebiscito constitucional de octubre. Esto se suma a las peticiones de sectores del oficialismo y de la oposición que le piden al gobierno legislar. RN ya tiene una propuesta redactada y la presentará en las próximas semanas.


En 11 días más. En un plazo tan corto de tiempo se habría realizado el plebiscito para consultar a los chilenos si se quería una nueva Constitución y el órgano encargado para redactarla, si el Covid-19 no hubiera determinado otra cosa.

Sin embargo, el 24 de marzo, de forma transversal, el Congreso tomó una de las primeras definiciones políticas relacionadas con las crisis: postergar el plebiscito para el 25 de octubre y correr todo el calendario electoral pronosticado para este año.

Es por eso que, apenas se corrió la fecha de esa elección, varios dirigentes de oposición señalaron que era una buena oportunidad para legislar los “vacíos” que no se habían alcanzado a regular antes. Uno de ellos es el financiamiento privado para las campañas del apruebo y el rechazo que, hasta antes de la pandemia, ya se habían desplegado con vastas propagandas en redes sociales y medios de comunicación.

Hoy, son 65 expertos y expertas de distintos centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil quienes firmaron una carta solicitando al gobierno del Presidente Piñera y al Congreso, que ahora sí se regule el financiamiento privado para la campaña del plebiscito. Entre ellos se encuentran Agustín Squella (premio nacional de Humanidades 2009), Eduardo Engel (director de Espacio Público), Lucas Sierra (investigador senior del Centro de Estudios Públicos), Andrea Repetto (economista de la Universidad Adolfo Ibáñez), Carlos Gajardo (ex fiscal), Sylvia Eyzaguirre (investigadora CEP) y Nicolás Grau (académico U. de Chile), entre otros.

“Es fundamental contar con una regulación adecuada para el financiamiento privado de la propaganda electoral del plebiscito, así como también con normas de control, gasto, límites y sanciones, tal como se aprobó en el año 2016 para las campañas de candidatos y candidatas a cargos de elección popular”, se lee en la carta que se impulsó desde el centro de estudios Espacio Público.

Asimismo, las y los firmantes hacen un “llamado especial” al gobierno y a la Segpres que lidera el ministro Felipe Ward, ya que una reforma de este tipo es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. “No dejemos pasar esta oportunidad, estas reformas son urgentes y necesarias. Hoy sí podemos hacer las cosas bien”, se lee al final de la carta.

María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público, reitera la importancia de que se apliquen las mismas normas que existen actualmente para los cargos de elección popular para así evitar “una posible captura”, en este caso de las opciones que están por el apruebo o el rechazo.

“El plebiscito de octubre es un proceso inédito para Chile y debe garantizar que no solo los partidos políticos puedan participar haciendo campaña o propaganda, también deben existir garantías para que diversos grupos, movimientos o personas independientes las puedan realizar. Por eso es clave que este proceso, como ocurre con las elecciones, tenga reglas claras de financiamiento, sea transparente y garantice controles, fiscalización y sanciones adecuadas”, agregó Jaraquemada.

Por su parte, Claudio Alvarado, director Ejecutivo del IES Chile, quien también firma la carta, señala que esta petición es necesaria y consistente. “Ahora hay tiempo para intentar hacerlo aunque no tenemos certeza de lo que va a pasar de aquí en adelante. Sabemos que el plebiscito está fijado para octubre pero si las condiciones no lo permiten, incluso podría postergarse de nuevo, entonces el lado bueno de esa dificultad es que permite hacerse cargo de estos temas que no se abordaron a tiempo”, comentó.

El silencio del gobierno y la presión parlamentaria

Consultados por la carta y por la petición de regulación, desde la Segpres a cargo del ministro Ward, no quisieron referirse al tema. De igual forma, desde el Servicio Electoral (Servel) comentaron en privado que no se pronunciarán de algo que tiene que emanar desde el Congreso.

Sin embargo, el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, señaló que ya tiene lista una propuesta para regular el financiamiento privado y que ingresaría como moción parlamentaria dentro de las próximas semanas. “He conversado este proyecto con dirigentes del partido y de la oposición. Falta consensuarlo al interior de Chile Vamos pero claramente hay que regular este tema”, dijo Desbordes a La Tercera PM.

“El proyecto pretende regular el financiamiento y gasto electoral para los plebiscitos constitucionales habilitante y ratificatorio, haciendo aplicables las normas contenidas en la Ley N° 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo entre otros aspectos: límite de los aportes, periodo de campaña, un límite del gasto muy austero, estableciendo la posibilidad de conformar comando entre partidos y OSC o parlamentarios independientes. Y con algo muy importante: sin financiamiento público para no crear en tiempos difíciles un nuevo gasto el Estado”, señala David Huina, experto electoral de RN a cargo de esa iniciativa.

Por su parte, el senador Alfonso de Urresti (PS), presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta señaló a La Tercera PM que desde la oposición se planteó el tema al gobierno antes de la pandemia. “Y no pasó nada, entonces aquí hay una sordera por parte del gobierno y principalmente de sus autoridades que llevan la agenda legislativa. Hemos hablado con el ministro Ward sobre la necesidad de regular esta situación para transparentar el financiamento y no dejarlo en una incertidumbre para que grupos nacionales o extranjeros puedan intervenir irregularmente en este proceso", comentó.

Asimismo, el senador PS agregó que también hay tiempo para regular para que existan escaños reservados para los pueblos originarios en el órgano constituyente como también el voto obligatorio para el plebiscito de entrada y que solo está regulado para el de salida.

En tanto, el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) que a diferencia de De Urresti manifestó su postura a favor del rechazo para el plebiscito, señaló que hay que regular estos vacíos cuanto antes. “Todo lo relacionado con el proceso constituyente se ha legislado a la rápida, todo esto ha sido bastante mal hecho y muy improvisadamente”, agregó.

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