Presentaron solo dos testigos para juicio: Dávalos y Compagnon citan a suspendido fiscal Moya a declarar por su defensa

Solo dos testigos presentarán en estrado Natalia Compagnon y el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, durante el juicio oral por estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual en que la Fiscalía de Rancagua pide cuatro años de cárcel en su contra, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 25 UTM ($ 1.243.075).

En las próximas semanas ambos enfrentarán un juicio, en el marco de la indagatoria por la venta de informes presuntamente plagiados al empresario Gonzalo Vial Concha y a la sociedad Inversiones Gráneles Ltda., entre los años 2011 y 2012. Según la fiscalía, los delitos que Dávalos y Compagnon habrían cometido, a través de la empresa Caval, habría causado un perjuicio económico a Vial por un total de $1.335.651.795.

Tras realizar la audiencia de preparación de juicio oral –en la cual el tribunal acepta las pruebas que serán presentadas ante el tribunal- la Fiscalía de Rancagua sentará en el estrado a 58 testigos y 12 peritos. Además, llevará al juicio 358 documentos que servirían para acreditar la responsabilidad de Dávalos y Compagnon en los delitos imputados.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, presentó una lista de 18 testigos, 10 peritos y 59 documentos. En tanto, el también querellante Investiones Graneles del Sur S.A., perteneciente al empresario Vial Concha, expondrá a 55 testigos, 13 peritos y 386 documentos. En total, en el juicio se espera escuchar más de un centenar de declaraciones.

Sin embargo, de acuerdo con el acta de auto de apertura, tanto Natalia Compagnon como Sebastián Dávalos apostaron por solo llevar ante el tribunal a dos testigos: el suspendido jefe de delitos de Alta Complejidad, Sergio Moya, y la persecutora Marcia Allendes.

José Antonio Macías, abogado de Natalia Compagnon, aseguró que "quien estaba a cargo de esta investigación era el fiscal (Sergio) Moya y como asistente la abogada (Marcia) Allendes. Nuestra tesis es que ellos han vertido en declaraciones públicas que la causa no tenía ningún destino y que más de una vez se pensó en sobreseer". Agregó que las supuestas presiones que sufrieron los fiscales "dieron fuerza para que esta causa de manera forzada y poco natural llegara a juicio oral, aun cuando no hubiera mérito para ello".

El fiscal Sergio Moya, aseguran desde la Fiscalía Regional de Rancagua, se mantiene suspendido de su cargo desde mayo de 2019 a raíz de las investigaciones administrativas en su contra. Una de ellas indaga las reuniones que sostuvo con parte del Alto Mando de Carabineros en medio de la Operación Huracán.

El segundo sumario se inició luego de que el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, denunciara faltas a la probidad por parte de Moya al hacer pública por la denuncia que hizo en su contra. Y el tercer proceso administrativo, en tanto, investiga las eventuales irregularidades en la cadena de custodia de evidencia en el marco de la causa contra tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusados de supuestas faltas a la probidad.

En esta causa, además, el CDE pidió que el exsocio de Caval Mauricio Valero cumpla una pena de tres años de reclusión como autor de una infracción a la Ley de Propiedad Intelectual y, asimismo, pague una multa de 1.000 UTM ($ 49.723.000). Entre los testigos que Valero pretende llevar a estrado se encuentra la exjefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte.