Presidenta del TC en el ojo del huracán: Las definiciones de Nancy Yáñez y su férrea defensa al indulto de manifestantes que cometen delitos

En julio del año pasado, tras una sesión en la que no hubo acuerdo para elegir al presidente del Tribunal Constitucional (TC), terminó ocupando ese cargo quien llevaba pocos meses en la institución: la académica de la Universidad de Chile Nancy Yáñez. Había sido nombrada por el Presidente Gabriel Boric como ministra el TC, y en su calidad de timonel del organismo no había tenido mayores problemas que enfrentar. Hasta ahora. Su nombre fue cuestionado tras el rechazo a los requerimientos presentados por Chile Vamos y Demócratas para impugnar 7 de los 13 los indultos otorgados a fines de diciembre por el Mandatario. Se la cuestiona por su estrecho vínculo con La Moneda, en particular con el ex jefe de gabinete de Boric, al abogado Matías Meza-Lopehandía, quien es sindicado como uno de los principales responsables del otorgamiento de los indultos y quien debió dejar su cargo por la crisis política que estos produjeron.

Yáñez, quien es doctora en derecho y especialista en derechos humanos, asumió en mayo del 2022 como ministra del TC junto a Daniela Marzi. Ambas nominadas por el Jefe de Estado en los cupos que tiene La Moneda en el organismo. Ambas ministras tienen simpatías con la izquierda, lo que hizo cambiar las fuerzas al interior del tribunal. De hecho no pocos plantean que lo ocurrido este martes demuestra la forma en la que se mueven las posturas al interior del TC. Esto, porque de los siete indultos en cuestión cuatro de ellos fueron rechazados con seis votos en contra y dos a favor. Los otros tres requerimientos se rechazaron por cinco votos contra tres. Pero para nadie el triunfo del gobierno era sorpresa, justamente por la actual composición del organismo, con una mayoría de ministros más cercanos al mundo progresista.

Lo anterior ya había sido cuestionado previo a la sesión del pleno en la que se revisarían los requerimientos de los indultos. Desde Chile Vamos ya se habían levantado cuestionamientos al rol del TC y específicamente de su presidenta. La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló en CNN, previo a la votación que “esperamos que la lógica de mayoría oficialista no impida que (…) el tribunal tenga la posibilidad de dar la señal correcta que creo que están esperando los chilenos”. Además de eso, pediría que Yáñez se inhabilitara de la votación de los indultos por su cercanía con el oficialismo.

Finalmente, Yáñez no se inhabilitó y votó en contra de los siete requerimientos. Sin embargo, ningún expresidente o presidenta del TC se ha inhabilitado en votaciones por actividades que haya realizado en el pasado. Por ejemplo, durante la votación del tribunal por los retiros del 10% durante el gobierno anterior, María Luisa Brahm -exfuncionaria de la administración de Sebastián Piñera- tampoco se restó de revisar esa causa. Mismo caso del ministro José Ignacio Vásquez, quien nunca se inhabilitó por control preventivo de leyes que afectaran al Poder Judicial, pese a que había sido jefe de la biblioteca de la Corte Suprema.

La actual presidenta del TC, hasta antes de asumir como ministra de dicho tribunal, se desempeñaba como académica de la Universidad de Chile. En esa casa de estudios el 2009 fue profesora guía de la tesis de grado del ex jefe de gabinete del Presidente Boric Matías Meza-Lopehandía. La tesis del abogado dirigida por Yáñez se denominaba: “Territorio y autonomía de los pueblos originarios en Chile. Una mirada desde el ordenamiento jurídico chileno y la urgencia del reconocimiento”. En ese texto además, el ex jefe de gabinete de Boric manifestaba sus agradecimientos “a la profesora Nancy Yánez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por haber estimulado mi interés en la problemática de los derechos de los pueblos indígenas”.

Dicha tesis, Lopehandía la dedicaría, además “a la Comunidad Autónoma de Temucuicui y en especial a sus niños, que padecen cotidianamente en forma de represión policial y discriminación, la violencia de la negación de los derechos de su Pueblo Mapuche”.

Pero esta no fue la única vez que Yáñez y Lopehandía cruzaron caminos profesionales. Según Ex-Ante, al egresar de derecho, este último se desempeñó como abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde la actual presidente del TC fue directora por diez años.

En mayo del 2022 fue publicado el libro “Desafíos globales para la democracia en la nueva Constitución. La protesta social en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Uno de los capítulos de ese texto fue escrito precisamente por Nancy Yáñez, quien es coautora del texto. La abogada se encargó de escribir el espacio titulado: “El derecho a la protesta social. Un debate en el marco del proceso constituyente chileno”.

Ahí Yáñez comienza señalando que el proceso constitucional que en aquel entonces vivía el país “se ha generado como consecuencia de las protestas sociales que tuvieron lugar en octubre del año 2019 en el marco del “estallido social”. Ahí fueron visibilizadas las profundas inequidades del modelo económico chileno y los problemas estructurales que presenta la Constitución aún vigente, en orden a garantizar la igualdad en dignidad y derechos a todas las personas y pueblos que habitan dentro de las fronteras de nuestro país, quienes se perciben excluidas (os) de la comunidad política debido a múltiples factores”.

Además de eso, aseguró que a dichas problemáticas sociales se sumaba “la falta de legitimidad del texto constitucional y los enclaves autoritarios que desde 1980 persisten, buscando perpetuar la hegemonía política y económica de un pequeño sector de la población, por medio de arreglos institucionales de tipo binominal, entre otras prerrogativas antidemocráticas”.

Pero esta no fue la única vez que la actual presidenta del TC cuestionó la Constitución. Durante una comisión investigadora del Congreso sobre glaciares el 2016, afirmó sobre la legislación chilena que “sus luces y sombras y particularmente los problemas estructurales que presenta el modelo chileno, en mi opinión la Constitución es la madre fundamental del mal que estamos abordando, por la forma en que pone en el mercado de bienes y servicios, recursos fundamentales, como son los del subsuelo, especialmente los hídricos”.

De regreso en el libro que escribió el 2022, Yáñez considera que la protesta social “ha sido el motor” y la base de legitimidad de la Convención Constitucional. Junto con eso, señaló que la protesta “como expresión de la desobediencia civil o de la desobediencia incivil (Butler, 2017; Tomé, 2018) puede derivar en actos susceptibles de ser calificados de violentos y de distintas magnitudes. En este escenario la cuestión a dirimir es si los Estados democráticos deberían eximir a los objetores o ser indulgentes con los desobedientes civiles, y la respuesta no puede ser otra que afirmativa, a efectos de generar condiciones de paz social propicias a la promesa de estabilidad política que generan los cambios políticos surgidos precisamente del poder popular expresado en la protesta”.

Finalmente, el capítulo concluye: “No obstante, parece razonable que la indulgencia a los manifestantes que han cometido actos constitutivos de delitos o susceptibles de ser calificados como violentos, en estos contextos, se determine en un ejercicio democrático donde se resuelve esta disyuntiva (indulto o amnistía)”.