Presión suprema: gobierno prioriza gestiones para destrabar nombramientos del Poder Judicial tras señales de malestar del máximo tribunal

Quinientos sesenta y cinco días (566) se cumplieron desde que el exministro de la Corte Suprema Guillermo Silva dejó el Poder Judicial en noviembre de 2022 al cumplir 75 años, pero su reemplazo aún sigue pendiente en manos del gobierno y el Senado.

El problema es que las vacantes en la Suprema se siguen acumulando, por lo que el pleno de ministros del máximo tribunal optó por no seguir dilatando más las designaciones a la espera de que los otros poderes del Estado resuelvan.

Por ello se citó para el 22 de julio a una jornada de audiencias públicas para escuchar a los jueces que postulan a otros dos nuevos cupos: los exministros Haroldo Brito y Jorge Dahm, que dejaron el Poder Judicial a fines del año pasado por cumplir el límite de edad, al igual que Silva,

La fecha era implícitamente un llamado de atención de la Suprema. Al menos así fue leído en el gobierno y en el Senado, donde interpretan que julio es el plazo límite para resolver las nominaciones pendientes.

Si bien La Moneda había propuesto inicialmente a la jueza Jéssica González en reemplazo de Silva, decidió retirar su nominación, en julio de 2023, ante el riesgo de que fuera rechazada por la oposición.

Entonces, una seguidilla de nombramientos fallidos al Tribunal Constitucional y a la Defensoría de la Niñez habían provocado un clima de rencores y revanchas, por lo que el Ejecutivo prefirió no correr riesgos, debido a que estas designaciones requieren del apoyo de 33 senadores.

Además de Silva, de Dahm y de Brito, también se jubiló la fiscal del máximo tribunal Lya Cabello (cuyo cupo se define de la misma forma por la Cámara Alta). En este caso el Presidente Gabriel Boric aún ni siquiera se pronuncia a pesar de que ya existe una quina elaborada por la Suprema.

En tanto, el 24 de octubre se producirá otra vacante más por límite de edad: el ministro Juan Eduardo Fuentes. Si a esa fecha no se destraban las designaciones, la Suprema tendría que funcionar con cuatro magistrados menos y sin su fiscal judicial titular.

Dado el estancamiento de las otras dos designaciones, por los cupos de Silva y Cabello, inicialmente los ministros de la Suprema, en una implícita señal de malestar, optaron por congelar los concursos públicos para llenar las vacantes de Brito y Dahm. Esa decisión se mantuvo, al menos, en el pleno de mayo.

Aun así hubo tres magistrados disidentes que preferían no innovar hasta que el Ejecutivo y el Senado lograsen desentrampar los nombramientos.

Según la resolución, los ministros Andrea Muñoz, Manuel Valderrama y Mauricio Silva “estuvieron por no proceder a la confección de una nueva cinqueña (quina que se propone al Presidente de la República), en virtud de que aún se encuentra pendiente de resolver por parte de la autoridad competente aquella confeccionada para proveer el cargo en la vacante producida por el cese de funciones del ministro Guillermo Silva Gundelach”.

A juicio del ministro de Justicia, Luis Cordero, “la fecha de audiencias es un indicador de la urgencia para ir avanzando y cerrando los nombramientos”.

El secretario de Estado, además, remarcó que este proceso corre por una línea separada de las conversaciones para llenar la vacante de contralor general de la República. “Son procesos de nombramientos que están vinculados a las estructuras de gobierno de ambas instituciones (Contraloría y Poder Judicial), por lo tanto, tienen que ser analizados separadamente, por mérito de los propios candidatos y la naturaleza distinta de las instituciones”, dijo.

La senadora Luz Ebensperger, jefa de bancada de la UDI e integrante de la Comisión de Constitución, también coincide en que La Moneda debe priorizar los nombramientos del Poder Judicial. “Creo que el gobierno tiene que tomar la decisión, ya hay tres ministros y viene un cuarto. La Corte Suprema no puede terminar funcionando con abogados integrantes. Debe resolverse prontamente”, sostiene.