De anuncio presidencial a cero: plan de reparación de víctimas del estallido social no está considerado en Presupuesto 2024

“Como jefe de Estado, uno no se puede conformar con la vergüenza o la indignación, sino que tenemos el deber y la obligación de dar respuestas, y por eso estamos aquí (...) Esto no se puede repetir, y también tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén al alcance para que haya justicia, para que haya verdad, y para que haya reparación”.

Con esas palabras, en mayo de 2022, el Presidente Gabriel Boric presentó la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Junto con ello, confirmó la creación de una Mesa de Reparación Integral, que estuvo encabezada -en primera instancia- por la entonces subsecretaria de DD.HH. Haydee Oberreuter y por la senadora Fabiola Campillai.

Ese anuncio era el corolario de una serie de gestiones de gobierno encabezadas por el entonces jefe de gabinete del Mandatario Matías Meza Lopehandía, quien sostuvo acercamientos con familiares de las víctimas. En ese entonces la convicción era que el Estado debía hacerse cargo de manera integral de lo que consideraban la peor crisis de derechos humanos desde el retorno de la democracia.

Sin embargo, ese compromiso se fue diluyendo tras la fuerte polémica que generaron los 13 indultos -12 de ellos a imputados encausados por delitos cometidos en el contexto del estallido- otorgados por el Mandatario a finales de diciembre del año pasado, y hoy, como aseguran las propias víctimas, no hay nada.

Es más, como da cuenta la Ley de Presupuesto 2024 presentada por el gobierno al Congreso, el ítem Programa de Derechos Humanos del Estallido Social se redujo en un 100%. De $181.155.000 aprobados para 2023, se pasó a 0. De la misma forma, tampoco hay recursos asignados para “víctimas de violencia institucional”.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos señalan que los fondos para la prometida reparación se sumarán al presupuesto de otros ministerios -pues corresponderán a medidas sectoriales- y gracias a convenios que esa repartición está ultimando.

En todo caso, todo dependerá del plan final que decida ejecutar la administración del Presidente Boric, puesto que a la fecha no han presentado la política de reparación que llevarán adelante.

La repartición que encabeza el subsecretario Xavier Altamirano (PS) sostiene que “los fondos que se entregaron en contexto de estallido social nunca han sido recursos dirigidos a la reparación de personas víctimas del estallido, sino que estaban destinados a recabar y sistematizar información para determinar las necesidades y situación actualizada de las víctimas. Ese informe estuvo a cargo del equipo de la sicóloga y especialista en derechos humanos Elisabeth Lira y ya se entregó. Lo que viene ahora es la implementación de las medidas permanentes recomendadas en dicho informe.

“Para ese fin, se mantiene la línea programática de violencia institucional, asociada al estallido, la que podrá tener reasignaciones presupuestarias, según se lleven a cabo esas medidas cuya ejecución está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Cabe destacar que esta subsecretaría ha ejecutado un conjunto de acciones de coordinación y de suscripción de convenios con distintas entidades -ministerios de Salud y de Interior, entre otros- para atenciones prioritarias de víctimas identificadas producto del estallido”, añaden.

La nebulosa que envuelve la iniciativa de reparación por parte de la actual administración, a quienes vieron vulnerados sus derechos tras el 18-O por agentes del Estado, ha generado críticas.

Enrique Gatica, hermano de Gustavo Gatica y exfuncionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, sostiene que “no ha existido una voluntad real de hacerse cargo del compromiso que significaba elaborar una política integral para víctimas de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Creo que eso queda muy claro a nivel de gobierno central, que incluso no ha existido una voluntad de establecer un relato”.

Respecto a la Mesa de Reparación Integral, agrega que “desafortunadamente no han existido respuestas contundentes ni señales claras de que se está tomando eso en consideración, creo que eso responde a la falta de voluntad de entrar en el debate al fenómeno que fue el estallido social”.

Gatica concluye que existe “una sensación de abandono, hay algunos organismos del Estado que han tenido una voluntad genuina de colaborar con las víctimas, con prestar ciertos servicios, prestar acompañamientos, no ha existido un discurso claro, una voluntad articulada del gobierno central para acompañar a las víctimas, y eso genera una sensación de abandono, de desamparo”.

En los mismos términos, Juan Tenorio, quien sufrió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, en Valdivia, manifestó que aunque el considera que este gobierno ha hecho muchísimo más en la materia que el anterior, también estima que los procesos han sido demasiado lentos. “Sí se han tomado compromisos, pero el gobierno quedó muy devastado y atacado por lo de los indultos y el avance de las derecha, que ha hecho imposible el progreso de los programas de derechos humanos”, comentó.

El abogado de derechos humanos Francisco Bustos plantea que le parece “preocupante que no exista claridad respecto de las reparaciones para las víctimas del estallido en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Existe un deber del Estado, que emana tanto del derecho internacional como de la normativa doméstica. En ese sentido, esto es preocupante, porque tenemos en la historia reciente casos de reparación que no ha sido oportuna; pensemos que aún se está lidiando con reparación de víctimas de la dictadura. En la medida en que la reparación es más distante de los hechos el daño se extiende de manera más profunda. Entonces, nos gustaría que esto pudiera aclararse y que haya respuesta pronta y expedita”.

Entre agosto de 2022 y enero de este año, tal como lo establecía el diseño inicial del plan, se desarrollaron encuentros participativos en todas las regiones del país, pues de ahí, como indicaron desde el Ejecutivo, debían surgir los lineamientos para crear lo que sería el verdadero plan de reparación. Por eso se escuchó a las víctimas y a sus familiares para recoger sus ideas y testimonios.

Con esos insumos, de hecho, se elaboró un informe con recomendaciones que está disponible en la página del Programa para Víctimas de Violencia Institucional, pero nada de ello se ha materializado, pese a que el cronograma entregado por Justicia indicaba que la propuesta final sería presentada a fines de abril.

Entre las conclusiones a las que arribó la Mesa de Reparación Integral, se indicó que los procesos de escucha permitieron “acceder a una pluralidad de experiencias y voces que dan cuenta de diferencias regionales y locales; de la multiplicidad de necesidades y demandas sociales que emergieron a la superficie durante el Estallido social; así como de la disparidad de visiones ideológicas, contradicciones e interpretaciones políticas de esa crisis”.

Y se insistió, en el mismo sentido, en que la reparación a las víctimas es “un requisito para la restauración de las condiciones de convivencia, al fundarse en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de cada persona, independiente de los actos que hayan realizado”.

En el marco del trabajo de la Mesa de Reparación Integral se incluye entre las propuestas establecer reparación integral. Eso se traduce, como se indica en el citado documento, en, por ejemplo, diseñar planes de rehabilitación que incluyan “programas que proporcionen atención física y psicológica continua, periódica, gratuita y vitalicia, con acceso universal y pertinencia cultural”.

Asimismo, se pide incluir programas de tratamiento integral para daños y consecuencias de la violencia institucional, incluyendo casos de perdigones alojados en el cuerpo, lesiones y secuelas por impacto de bombas lacrimógenas, disparos o golpizas “y los efectos causados por tortura y apremios ilegítimos, incluyendo violencia sexual”.

Compensación. También se propone como medida la creación de pensiones de reparación para quienes vieron afectados sus proyectos de vida como consecuencia de la “imposibilidad de trabajar o de la necesidad de abandonar labores remuneradas para cuidar a familiares con daños”.

Además, se incorpora como fórmula la idea de establecer becas para quienes hayan interrumpido sus estudios, a fin de que se garantice el derecho a la educación en los distintos niveles. Asimismo, se proponen instancias de acompañamiento que asesoren en la postulación a otros beneficios del Estado.