Primera semana difícil para Castillo en Perú: ahora enfrenta polémica por nombramientos de cargos públicos

A una semana de haber asumido la Presidencia de Perú, Pedro Castillo enfrenta una nueva controversia debido a los cuestionamientos que han recibido los nombramientos para los cargos públicos.

Así, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se designó al abogado y economista Jack Gary Salazar Velazque como jefe de gabinete de asesores. Sin embargo, como señaló el diario La República, solo estuvo un día en el cargo, debido a que fue despedido por las críticas a su designación.

El periódico limeño señala que en abril Salazar Velásquez había postulado al Congreso por el departamento de Amazonas, no como candidato por el partido Perú Libre, sino por Unión por el Perú (UPP). “Yo trabajo como jefe de asesores de todo el plantel técnico de UPP. Tengo estudios en China, Francia, Venezuela y otros países”, dijo en el video que presentó como candidato a inicios de año.

El diario señala que el 2 de agosto fue designado en el gabinete de asesores por el titular de Vivienda, Geiner Alvarado López, pero su nombramiento se dejó sin efecto y se designó a su reemplazante, el abogado Salatiel Marrufo Alcántara.

Antes de esto se habían difundido en redes sociales acusaciones contra Salazar Velásquez, entre ellas la de haber sido investigado en la Fiscalía por la presunta suplantación en exámenes de admisión. Según la denuncia, se le acusaba de integrar una organización dedicada a obtener los exámenes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y vender las respuestas a los postulantes, captados en diversos centros de estudios.

La República indica que Marrufo Alcántara se encuentra investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, por un caso que data de 2018. El ahora jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda trabajó como abogado en la empresa azucarera Agroindustrial Tumán y, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se determinó que habría cometido irregularidades que lo vincularían con la mafia del azúcar en el norte del país.

A esto se suma lo ocurrido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cartera que el lunes emitió una resolución firmada por el ministro Juan Silva Villegas en la que designaba a Natalia Jiménez Velásquez como directora ejecutiva de Provías Descentralizado, una unidad ejecutora adscrita al ministerio, indicó el diario El Comercio.

Pero la Contraloría General indicó, a través de un informe, que la exmilitante de Perú Libre no cumplía con ninguno de los cuatro requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, al no tener los 10 años mínimos de experiencia en el sector público o en el privado, ni con un título afín al cargo ni con estudios de posgrado relacionados.

Según informó el diario Correo, Jiménez Velásquez es una persona allegada a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Ella es hija de Manuel Jiménez Castillo, quien postuló al Congreso en las elecciones legislativas de 2020, para ser representante por Tumbes por la ahora colectividad oficialista. En imágenes que compartió en su Facebook, se ve a la mujer junto a su padre y a Cerrón.

Natalia Jiménez estuvo afiliada a Perú Libre desde el año 2015 y renunció al partido en 2020.

La congresista del Partido Morado, Flor Pablo, cuestionó que las personas designadas en cargos clave, si bien pueden ser miembros del partido oficialista, no tengan la idoneidad ética ni la competencia para asumir dichas funciones. “Me quedo indignada viendo cómo nombran en Provías a una persona que recién acaba de sacar su título, cuando tienes los requisitos formales de que tengas 10 años de experiencia”, dijo.

Otra designación polémica es la del viceministro de Ordenanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, quien fue candidato de Perú Libre al Congreso por Lima.

Grajeda Bellido, indicó el diario La República, es parte de las investigaciones de la Fiscalía por el caso de “Los Dinámicos del Centro” (organización criminal dedicada a falsificar licencias de conducir en Junín), como uno de los dos encargados, junto a la hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, de abrir una cuenta mancomunada para recaudar fondos que fueron transferidos a Cerrón.

A estos escándalos se añaden las discrepancias internas en Perú Libre por la elección del hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar, como vocero de la bancada parlamentaria del partido, De hecho, dice La República, ya existe la amenaza del retiro de al menos 12 congresistas.

Los miembros de esa bancada se reunieron para llegar a un entendimiento en la conformación de las siete comisiones que les toca presidir, así como en mantener la cohesión justo cuando el gabinete del primer ministro Guido Bellido es seriamente cuestionado.

La congresista oficialista Betssy Chávez confirmó que hay diferencias, pero dijo ser respetuosa de las decisiones que tome el partido, aunque ella discrepe. “Senté mi posición cuando eligieron a Bellido, que es de discrepancia por la coyuntura. No puedo ir donde el presidente a decirle que ponga a otro. Las cosas se las he dicho a Bellido en la interna. En la reunión que nos convocó en la presidencia del Consejo de Ministros (del domingo), delante de todos le di mi opinión personal, que no es de toda la bancada”, señaló.

En este escenario, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió una carta al Presidente Pedro Castillo para solicitarle que reconsidere la designación de algunos cargos públicos. En conferencia de prensa, precisó que el nombramiento de estos funcionarios debe estar acompañado de un control “legal, constitucional y un control con la ética pública”, según consignó la cadena RPP.

El titular de la Defensoría del Pueblo evitó mencionar nombres; no obstante, reiteró que no consideran “que la composición de este gabinete necesariamente haya pasado esos filtros”, aunque insistió en que el Presidente Pedro Castillo “tiene la oportunidad de corregir todo esto que hemos estado tratando y así lo esperamos”.