ProCultura: diputados (PR) se querellan contra Alberto Larraín y apuntan a su cercanía con Claudio Orrego

Durante la tarde de este lunes los diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Agustín Romero concretaron la comprometida arremetida en contra de los dos principales directivos de la extinta fundación ProCultura, Alberto Larraín y María Constanza Gómez, y contra los funcionarios públicos que resulten responsables de eventuales delitos de fraude al Fisco.

Esto, como se detalla en el escrito de 15 carillas patrocinado por el abogado Sergio Rodríguez, dado que la entidad se habría “aprovechado” de que la Ley de Presupuesto permite que entidades públicas celebren convenios con organismos supuestamente sin fines de lucro, para cometer las irregularidades por las cuales ya venían siendo indagados por el Ministerio Público desde mediados de 2023.

Haciendo referencia a un escrito presentado con anterioridad por el fiscal Luis González -quien integraba el equipo investigador cuando la causa era liderada por Carlos Palma- ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, especificaron que la citada ONG registra contratos en varias regiones del país (Atacama, Valparaíso, BioBío, Ñuble, Magallanes y Metropolitana), y que en la mayoría hubo prácticas alejadas de la norma.

Entre ellas, como el mismo persecutor evidenció, que la fundación realizó una serie de transferencias a las cuentas personales de Larraín y Gómez sin que hubiese justificación para ello.

“De la información entregada a la fecha por el Banco Santander referida a las cuentas de la Fundación ProCultura entre septiembre de 2022 a diciembre de 2023, se identificaron varias transferencias hacia personas naturales, entre los que destacan el fundador y presidente de la misma, Alberto Andrés Larraín Salas, quien recibió más de $77.000.000, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación y quien suscribe los convenios, la que recibió más de $33.000.000, en dicho periodo, sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que justifiquen los traspasos”, informó González de acuerdo con el detalle de la querella.

Y aunque la ONG registraba una decena de convenios por un total que superaría los $5.800 millones, los parlamentarios pusieron especial énfasis en el suscrito con el Gobierno Regional de la RM, encabezado por Claudio Orrego, para la ejecución del programa “Quédate”, dado el “cercano” vínculo que habría entre la autoridad y Larraín.

De hecho, vuelven a exponer otro pasaje del informe del fiscal González, donde se expone: “En lo relativo a dicho convenio (por “Quédate”), se han detectado ciertas situaciones indiciarias de delito, por cuanto al momento de su celebración, tan solo tres meses antes, Alberto Larraín Salas, fundador de la fundación, fue elegido como integrante del directorio de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gobierno Regional, cargo propuesto por el gobernador regional, Claudio Orrego Larraín, y aprobado por el Consejo Regional”.

No dejaron pasar, igualmente, que recientemente se reveló que informes de la PDI daban cuenta que la ex primera dama y otrora pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, habría hecho al menos cinco abonos a la cuenta de la fundación, los cuales fueron catalogados por investigadores como “inconsistentes”.

Y también hicieron referencia a que Contraloría dio cuenta de que las reparticiones públicas no cumplían con el debido control de los recursos, por lo que también se desliza que funcionarios estatales podrían tener responsabilidad.

En medio de la querella, los parlamentarios, en conjunto con su abogado, relevaron los nexos que existirían entre Alberto Larraín y el gobernador Claudio Orrego.

Así, hicieron presente que en el año 2012 Larraín Salas se desempeñaba como director del consultorio de Salud Mental de Peñalolén, municipalidad encabezada entonces por el alcalde Orrego.

De igual forma, citando información de prensa, señalan que Larraín Salas participó en la campaña de Claudio Orrego Larraín, que terminó tercero en las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría en 2013.

Luego de eso, también exponen que “el 8 de junio de 2022 el Consejo Regional, mediante Sesión Ordinaria N° 12, aprobó, con voto dividido, la propuesta del gobernador Orrego Larraín de nombrar 3 directores para la Corporación Regional de Santiago (cuyo nombre legal es “Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana”): la actual ministra del Interior y Seguridad Pública, Sra. Carolina Montserrat Tohá Morales; la exministra de la Mujer y la Equidad de Género del gobierno pasado, Sra. Mónica Beatriz Zalaquett Said, y el siquiatra Sr. Alberto Andrés Larraín Salas”.

Subrayaron, en el mismo sentido, que el fundador de ProCultura se mantuvo en dicho directorio hasta el día 6 de julio de 2023, fecha en que presentó su renuncia.

Consultados respecto de la acción, el diputado Irarrázaval manifestó que tomaron la determinación de querellarse porque estiman que la causa no ha tenido el progreso que correspondería a más de un año de iniciadas las pesquisas.

“Nosotros como querellantes, entre las divisiones y declaración de secreto que se acaba de prorrogar respecto de las carpetas investigativas sobre ProCultura, hemos estado todo este lapso en completo vilo, como todo el país por lo demás, no teniendo noticia alguna respecto de los avances de las distintas aristas si no fuere por las filtraciones de la prensa. Eso, sumado a que esos antecedentes que emergieron los últimos días estrechan el cerco sobre el Presidente de la República en este caso, ha forjado en nosotros la convicción de hacernos parte de la causa principal a través de esta acción”, sostuvo.

Y agregó: “Hablar de ProCultura es hablar de Gabriel Boric. Si no, no se explica que primero su actual mano derecha, y luego su expareja e incluso su terapeuta y amigo, estén vinculados en el caso a todo nivel. Detrás de ellos solo está Gabriel Boric, ¿acaso queda alguien más detrás? ¿Quién si no él vincula a Alberto Larraín, Miguel Crispi e Irina Karamanos? ¿Quién si no alguien como él ha podido promover a ProCultura a lo largo de todo Chile y hasta las más altas esferas? La manera de llegar hasta el final es precisamente siendo parte de esta causa y observar su desarrollo”.

Por su parte, el diputado Romero afirmó que “lo que ocurrió bajo la administración de Claudio Orrego es un escándalo de proporciones. No solo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos para una fundación incapaz de cumplir con sus obligaciones, sino que esta decisión revela una falta de transparencia y una permisividad alarmante frente al mal uso de los recursos públicos”.

“Orrego no puede seguir escudándose en excusas cuando los hechos parecen apuntar a una clara complicidad en la entrega de fondos a una red de favoritismos que podrían haber defraudado al Fisco. Serán los tribunales de justicia los encargados de determinar si la negligencia y corrupción son los sellos que han marcado la gestión del gobernador Orrego, y que estos hechos no queden impunes”, apuntó.