Minutos antes de la medianoche, justo después de que votara la idea de legislar de la llamada ley Nain-Retamal, el senador UDI Iván Moreira pidió la palabra al presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma.

“Una cosa de cortesía. Me gustaría que Ud. invitara a ingresar a la Sala a dos ministras que han estado allá y no han entrado. Sería importante (que ingresaran) la ministra secretaria general de Gobierno (Camila Vallejo) y la ministra de la Mujer (Antonia Orellana), que las escuchamos generalmente en los medios de comunicación, le pido que las invite”, dijo Moreira con un evidente tono mordaz.

En esos instantes, el gobierno ya había llegado a un acuerdo con la oposición para una nueva redacción del punto más controversial de la iniciativa: el artículo que establecía una legítima defensa privilegiada a policías, gendarmes y también miembros de las FF.AA.

Vallejo (PC) y Orellana (Convergencia Social) habían concurrido a apoyar las gestiones de las ministras Carolina Tohá (PPD) y Macarena Lobos (Ind.), quien junto al titular de Justicia, Luis Cordero (Ind.), desde la mañana estaban negociando con los representantes de la derecha.

Sin embargo, durante toda la jornada, ellas mantuvieron un bajo perfil y siempre estuvieron en las inmediaciones de la puerta de acceso, cerca del cuarto contiguo al hemiciclo, donde se estaban realizando las negociaciones.

Las tratativas no habían sido fáciles para el gobierno, ya que la derecha tenía los votos suficientes para imponer sus términos. Esto obligaba a los ministros a tener que ceder en varios puntos exigidos por la oposición, entre ellos, que el nuevo estatuto de legítima defensa quedara radicado en el Código Penal y que se ampliara el mismo principio a las FF.AA.

Las concesiones abiertamente no acomodaron a los senadores de Apruebo Dignidad. Prueba de ello es que Juan Ignacio Latorre (RD), Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC) y Esteban Velásquez (FREVS), además de la independiente Fabiola Campillai, rechazaron la idea de legislar.

Los ánimos no estaban para celebrar en la coalición de izquierda. Tras la votación y ya cerrado el acuerdo, los ministros se vieron obligaron a hacer un trabajo de contención entre los senadores de Apruebo Dignidad. Tras sostener algunas conversaciones, Vallejo y Orellana se retiraron con el mismo bajo perfil.

El comentario de Moreira no cayó bien en el Ejecutivo, pues ponía el dedo en las heridas que había dejado la negociación.

Incluso, Tohá pidió la palabra para responderle inmediatamente. “Las ministras han estado toda la tarde tratando de ayudar a destrabar la situación que teníamos. Ellas ya se retiraron y han trabajado activamente y es bueno que se reconozca su aporte”, dijo.

A medida que avanzaba la sesión, la incomodidad con el acuerdo se hizo evidente en la izquierda del oficialismo. La más molesta era la senadora Pascual, quien pidió varias votaciones separadas en la jornada. Además, al momento de votar el nuevo artículo de legítima defensa, fruto de acuerdo entre gobierno y oposición, fue una de las que se abstuvieron.

Su compañero de partido, Daniel Núñez, a pesar de que votó a favor y firmó la indicación que plasmó el acuerdo en la iniciativa, antes de marcar su preferencia le pidió en la Sala al gobierno que explicitara su visión del acuerdo. “Lo que yo quiero es que el Ejecutivo explique el alcance de esta indicación”, dijo, obligando a Tohá a dar una explicación.

Pero en paralelo, los diputados también transmitían su incomodidad. En particular lo hizo el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien -mientras el Ejecutivo negociaba contra reloj los términos de la nueva indicación en el Senado- protagonizaba una manifestación junto a estudiantes en contra de la ley Nain-Retamal que la propia Tohá había llamado a aprobar en la Cámara para negociar en el Senado.

“Hoy acompañando a estudiantes que llegaron al Congreso a manifestarse”, fue el comentario que subió a su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se le ve aplaudiendo entre pancartas que dicen “el populismo penal también es criminal”.

Tras el despacho de la iniciativa en la madrugada, esta incomodidad ya se hizo mayoritaria entre los diputados del Frente Amplio y el PC este miércoles en la mañana. Sin embargo, al cierre de esta edición, todavía las bancadas de Apruebo Dignidad definían cómo votar colectivamente en la sesión que estaba programada para las 15 horas de hoy. “Estamos evaluando” decían en privado.

Algunos legisladores, en todo caso, adelantaban que rechazarían la propuesta consensuada. El voto en contra también sería una señal de disconformidad con el Ejecutivo y en especial con la ministra Tohá por la estrategia zigzagueante que desplegó para enfrentar este proyecto.

En paralelo, en La Moneda ayer el Presidente Boric estuvo pendiente hasta tarde de los avances de las negociaciones de sus ministros en el Congreso. Y pese a los esfuerzos de diálogo, en el gobierno reconocen que el resultado de ayer no es “para celebrar”.

En el comité político recalcan que -al menos hasta la tarde de este lunes- no habían descartado un posible veto presidencial a la normativa aprobada por la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Pero el Presidente pidió agotar todas las instancias de diálogo.

En el Ejecutivo aseguran que sus principales preocupaciones estaban en despejar la discrecionalidad y vacíos interpretativos que -a juicio de los ministros- quedaban en la redacción original despachada a sala y que fueron corregidos ayer agregando, por ejemplo, el inciso en que la legítima defensa privilegiada no aplicará cuando se trate de bienes los que estén en riesgo, acotando su aplicación solo al riesgo de la vida del policía o cuando esté en riesgo grave su integridad física o la de terceros.

En el gobierno reconocen que el despliegue, particularmente de Tohá y Cordero el lunes, donde terminaron ofuscados y retirándose de la Comisión de Seguridad del Senado tras el rechazo de sus enmiendas, pudo tener efectos negativos en el clima político. Podría ser necesaria una autocrítica, agregan las mismas fuentes, pero recalcan que -en todo caso- aquello no minó la posibilidad de un diálogo.

De momento, en La Moneda descartan que el texto que pasó a tercer trámite tenga visos de inconstitucionalidad, aunque advierten que por temas de “proporcionalidad”, igual podría terminar siendo impugnada con recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, los que podrían ser interpuestos por parlamentarios de sus propias filas.