Molestia. Esa fue una de las principales reacciones de los concejales de Ñuñoa ante la salida masiva de profesores y funcionarios de los colegios municipales de la comuna durante la semana pasada. Un acto que dejó con sabor amargo incluso a los partidos políticos oficialistas con representación dentro del Concejo y que se han volcado a presionar a la administración de la alcaldesa Emilia Ríos (RD) para revertir la medida y que amenaza con afectar su reelección.

Ese era el turbulento contexto que le esperaba a la edil en su primer Concejo Municipal del año, el que empezó con al menos 20 minutos de atraso. Las esquirlas que dejó la no renovación de contrato de 278 funcionarios de la educación dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social literalmente se escucharon a lo largo de toda la cita: las protestas e intentos de ingresar al edificio frente a la Plaza Ñuñoa fueron la constante.

Y aunque la gran mayoría de los concejales de la comuna ñuñoína son de partidos oficialistas, el disgusto por la desvinculación masiva fue un síntoma generalizado. De hecho, el mismo día que se anunció el cese de los funcionarios, los partidos con representación en el territorio -socialistas, democratacristianos y comunistas- de forma independiente publicaron en sus redes sociales comunicados expresando su molestia al estar en desconocimiento de la decisión.

Ante esa presión, la alcaldesa citó a una reunión esta jornada, la que fue solicitada por siete de los diez concejalas. ¿La idea? Pedir explicaciones y buscar una salida compositiva a la crisis. Es “una decisión que no fue informada previamente al Concejo Municipal, pese a la evidente y previsible indignación pública que dicha determinación provocaría”, dice uno de los comunicados -en este caso de independientes y comunistas- firmado por tres ediles.

La concejala Maite Descouvieres (PS) señala estar “en absoluto desacuerdo tanto en forma como en el fondo. Es una información que no conocíamos habiendo tenido Comisión de Educación y las razones que se esgrimen son muy técnicas. Sin embargo, hay una serie de contradicciones”. Y agrega que “esto es una falta de consideración con un equipo de concejales preocupado enormente que profesores hayan sido castigados y hayan quedado sin este tipo de trabajos”.

Puertas adentro, concejales de distintos sectores políticos creen -y asumen- que esta medida, tomada a pocos meses de las elecciones municipales, afectará en la reelección de la alcaldesa Ríos, uno de los bastiones municipales del Frente Amplio. Los escolares son buena parte de la población electora.

Cada vez que un micrófono se encendía en la cita semanal de este miércoles se escuchaban las protestas del exterior. Pero no era todo. La tensión era palpable, como cuando el concejal Germán Sylvester (RN) interrumpió a Ríos. “Pareciera que estuviese apurada, me gustaría agregar un punto a la tabla. Usted la verdad que se ha quedado callada, debe responder a la comunidad, hay personas representando a los centros de apoderados que sería bueno escucharlos”, apuntó.

Esa acotación dio el puntapié inicial al debate sobre si escuchar a los distintos representantes de las organizaciones vinculadas a la educación comunal. “Estoy de acuerdo con dar ese espacio y agradecería darnos tiempo para dar nuestra opinión frente a esta situación”, decía la edil Verónica Chávez (CS), cercana a la administración de la militante de RD. Al final se zanjó darles espacio en el tiempo de incidentes.

Ahí fue donde comenzaron a hablar los distintos representantes de los sindicatos. Uno de ellos fue el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien catalogó la medida como “brutal” y señaló querer “que se tome consciencia para entender la envergadura de los hechos y supongo que en este municipio la motivación es la actitud de conciencia social y respeto a las comunidades escolares, lo que no está siendo así”. Asimismo se sumó Sebastián Bravo, del Sindicato de Profesores del Liceo Augusto d’Halmar: “Creemos que lo que usted hizo alcaldesa perjudica nuestra función en un colegio que tiene cuatro puntajes nacionales. Esta alcaldía entró con un discurso de justicia educacional que no ha sido así”.

Tras las fuertes críticas sindicales, los concejales arremetieron en contra de “la promesa de un discurso” que, según ellos, la edil no ha seguido a cabalidad. Una de ellas fue la concejala Mireya del Río (PC), que se distanció de la administración RD. “Nunca hubo una explicación previa, nos desayunamos con esta noticia. Quiero pedir que se respete la cultura de las comunidades educativas. Aquí hay una contradicción de principios democráticos, una forma de asumir la administración que no me refleja”, señaló.

“Lo ninguneados y lo golpeados que han sido los profesores en esta comuna, no ha podido ser revertido. Se habló de una promesa de no interferir en los sellos educativos que en esta administración es difícil que se mantenga. Cuando estas decisiones políticas y administrativas se dirigen hacía los profesores, lo que se hace es dañar a los niños”, aseveró la otra concejala oficialistas Deborah Carvallo (PEV).

En esa línea, los concejales insistieron en que la medida tomada por el municipio debe tener responsables políticos. Por ejemplo, la edil Alejandra Valle (Ind.) aseguró que en la reunión que tuvieron con la administración municipal “no se le quiso dar la gravedad que tiene un asunto como este, aquí hay personas que son responsables y tienen que terminar con despidos, son personas que tiene que salir de sus puestos”. Asimismo, Verónica Chavez insistió en que “me parece un golpe fuerte a las comunidades educativas, que no estaban advertidas. Por lo tanto, aquí hay responsables”.

Al final del Concejo Municipal, la alcaldesa reconoció la complejidad de las desvinculaciones. “Se comenzó un proceso que no fue suficiente. Es evidente que ese trabajo se quedó corto; lamento profundamente la comunicación de las no renovaciones, cuando no está en los planes reducir en 276 la planta funcionaria. Ahí hubo un problema”, señaló. Seguido a eso, la edil aseveró que el proceso “pudo haberse hecho mejor y pido las excusas a nombre mío”.

Finalmente, argumentó que “las desvinculaciones no son en esa magnitud y lo que pasó no se logró compaginar bien. Unas 140 personas van a estar en continuidad. Por último, es insostenible que, a diferencia de la salud, la educación publica se financie con subvenciones fluctuantes. Hoy día los municipios somos las primera puerta de choque ante estas problemáticas”, finalizó.