Proyecto amarrado en la ley corta para fortalecer la Super de Salud crea un registro de prestadores sancionados y endurece multas

Sin mucho ruido, pero cumpliendo con el compromiso de avanzar en la esperada reforma de salud, el gobierno ingresó este lunes a la Cámara de Diputados el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud. La iniciativa, que pasó casi desapercibida, apunta a ampliar las facultades fiscalizadoras del organismo, endurecer sanciones a prestadores y aseguradoras, y modernizar el sistema de acreditación, marcando un nuevo paso en la reestructuración del sistema sanitario comprometida en la Ley Corta de Isapres.

Ocurre que durante la tramitación de dicha ley que buscaba viabilizar el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, el gobierno comprometió cambios estructurales al sistema de salud. En ese marco, estableció que dentro del periodo legislativo de 2024 e inicios de el de 2025 el Presidente Gabriel Boric enviaría al Congreso “uno o más proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud en su conjunto, a fin de profundizar los principios de seguridad social en salud y fortalecer las competencias del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y de la Superintendencia de Salud”.

Y así, este 10 de marzo ingresó el proyecto que viene a sumarse a otro presentado en octubre para eliminar las preexistencias, y al de Fonasa presentado en enero.

Lo primero que hace el proyecto es ampliar las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Salud, otorgándole al organismo la posibilidad de hacer auditorías clínicas independientes a través de la Intendencia de Prestadores. Esto con el fin de evaluar la calidad de la atención en prestadores de salud, tanto públicos como privados. Esto busca detectar fallas estructurales y corregir problemas antes de que afecten gravemente a los pacientes.

“Las auditorías clínicas independientes son esenciales para la mejora continua de la calidad y la seguridad del paciente en los sistemas sanitarios. Sin esta verificación externa, los eventos adversos graves suelen quedar subreportados o mal clasificados, comprometiendo la integridad de los registros clínicos”, establece el proyecto.

En esa misma línea, se endurecerán las sanciones, pues se actualizarán las multas aplicables a prestadores, isapres y Fonasa para que tengan un efecto disuasivo real. Para eso se establecen nuevas sanciones para prestadores públicos, incluyendo la responsabilidad de directivos, con multas o descuentos en sus remuneraciones en caso de incumplimientos.

Además se crea un Registro Público de Prestadores Sancionados, que permitirá a la ciudadanía conocer qué instituciones han sido multadas por malas prácticas. De hecho, la iniciativa explica que “al proporcionar a las y los pacientes acceso a esta información, se les dota de herramientas para evaluar la calidad de la atención médica y tomar decisiones informadas. Esto contribuye a que la ciudadanía tenga mayor probabilidad de acceder a prestaciones de salud que cumplan con los estándares de calidad y seguridad”.

El proyecto también propone la creación de un Consejo Asesor para la Superintendencia de Salud.

Actualmente, el superintendente de Salud es una autoridad unipersonal designada por el Presidente de la República. La creación de esta instancia tiene el objetivo de fortalecer la toma de decisiones con una visión técnica más amplia y reducir la influencia política en las regulaciones del sector salud.

Este estaría integrado por cuatro expertos, en áreas como salud pública, derecho sanitario y economía de la salud, más el superintendente, quien presidirá la instancia. Estos miembros ejercerían su cargo seis años, con posibilidad de reelección, para garantizar estabilidad en la política sanitaria.

Y sus funciones principales serían aprobar el Plan Estratégico de la Superintendencia, emitir informes técnicos sobre normativa y fiscalización y evaluar la gestión de la superintendencia y su impacto en la regulación sanitaria.

El senador Juan Luis Castro (PS) , quien es parte de la Comisión de Salud y uno de los que presionaron para que la aprobación de la ley corta quedara vinculada a la inclusión de proyectos de ley comprometidos para reformar el sistema de salud, destaca varios aspectos.

“Le otorga la facultad de intervenir en los conflictos entre prestadores y pacientes, o entre prestadores e isapres. Es decir, algo que hoy solo resolvía la justicia, como en el caso de la Clínica Las Condes con su cuerpo médico, y en otros lugares donde, desgraciadamente, la superintendencia no podía intervenir en favor de la gente. Además, se establece un sistema de acreditación que permitirá conocer el historial de médicos, clínicas y hospitales. ¿A quién no le importaría saber el historial de un médico o de un hospital y conocer la seguridad de la atención en esos lugares?”, se extiende. Finalmente, añade que “hay una definición importante en el caso de los hospitales: en lugar de sanciones económicas o clausura, se aplicarán sanciones a los directivos y administrativos. Por primera vez se les asigna responsabilidad directa a los responsables, para que sean ellos quienes enfrenten las consecuencias si sus establecimientos cometen errores o negligencias”.

Mientras que el senador Sergio Gahona (UDI) afirma que esta, así como las otras iniciativas, se pueden profundizar aun más.

“Creo que es una buena noticia que el gobierno, y especialmente la ministra de Salud, esté cumpliendo su compromiso establecido en la ley corta, presentando toda la batería de proyectos. Sin embargo, a juzgar por lo que ya se ha presentado respecto de Fonasa, la Compin y el ISP, los planteamientos del Ejecutivo son bastante tímidos. Creo que es necesario profundizar mucho más. Hay una enorme oportunidad dentro de la Comisión de Salud para mejorar sustancialmente los proyectos y ser más agudos en lo que se pretende transformar”, sostiene.