“Fuiste el único populista del sector dispuesto a violar la Constitución que juraste respetar. Buscas un par de aplausos en Twitter, mientras omites los proyectos que hemos presentado para apoyar a mamás, papás y niños, respetando las reglas de nuestra democracia”.

Eso escribió anoche el senador de Evópoli, Felipe Kast, en respuesta a un comentario de su compañero de coalición, el RN Manuel José Ossandón. “Fui el único de mi sector que hoy votó a favor de que tengamos un #PostNatalDeEmergencia. Queda claro que el lema de #LosNiñosPrimero es puro marketing. Cosas como estas son las que hacen que las personas quieran una nueva #ConstituciónParaChile”, había escrito el exalcalde de Puente Alto poco antes. Según comentan, la poco amable conversación entre Kast y Ossandón habría seguido por chats internos.

El intercambio entre los dos parlamentarios es una muestra no solo de la tensión ya casi histórica entre ellos dos, sino también de la crisis que ha generado en el oficialismo la presentación de una serie de proyectos inconstitucionales que, desde al menos octubre pasado, han sido impulsados por congresistas de la oposición y también de Chile Vamos. Según los cálculos del oficialismo, desde que comenzó la pandemia, se han presentado 42 mociones inadmisibles: 11 en el Senado y 31 en la Cámara.

Ayer, el nuevo foco del conflicto oficialista vivió un día clave: mientras en el Senado se declaró inadmisible el proyecto que busca crear un postnatal de emergencia, el gobierno decidió no acudir al Tribunal Constitucional por el proyecto que busca suspender el cobro de servicios básicos y para el cual ahora evalúa presentar un veto. Esto último hizo que varios parlamentarios oficialistas criticaran duramente al Ejecutivo por “devolverles el problema” a ellos y no asumir los costos políticos que esto traería.

Los dos hechos generaron que la mayoría de los jefes de las bancada de Chile Vamos apuraran la aprobación de un protocolo interno para evitar la presentación de nuevas iniciativas inconstitucionales. El documento llamado “Reglamento Interno por el respeto a la Constitución de la República - Chile Vamos”, al que tuvo acceso La Tercera PM, se viene trabajando desde el lunes 8 de junio, cuando en la reunión del comité político en La Moneda, tanto desde Evópoli como la UDI plantearon su preocupación por el tema.

Así, en Evópoli se redactó un borrador del documento que fue enviado a los distintos partidos para ser consensuado. Ya en ese momento, indican, RN mostró reparos. Desde la colectividad que dirige Mario Desbordes se señaló que estaban preparando un sistema propio, pues parlamentarios y parlamentarias de RN como los senadores Ossandón y Juan Castro, y las diputadas Ximena Ossandón, Marcela Sabat, Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida habían aprobado e incluso firmado en proyectos que finalmente se declararon como inconstitucionales.

Finalmente, entre fines de la semana pasada y comienzos de ésta, el documento quedó listo y se empezaron a buscar las firmas entre los jefes de bancada. En la UDI, lo suscribieron el senador Iván Morerira y la diputada María José Hoffmann; en Evópoli el senador Felipe Kast y el diputado Andrés Molina; y en RN sólo lo hizo el jefe de los senadores, Rodrigo Galilea. El único que no firmó fue el jefe de los diputados de ese partido, Sebastián Torrrealba.

El reglamento de tres páginas propone la creación de un Comité de Revisión Constitucional (CRC) que esté integrado por expertos en derecho constitucional (dos por cada partido con representación parlamentaria), más un abogado externo “de unánime consenso”, para revisar las iniciativas antes de presentarlas.

Sin embargo, el punto que generó más controversia fue el quinto, pues establece sanciones duras para los parlamentarios. “Las directivas de los partidos de Chile Vamos se comprometen a no proponer a las instancias partidarias correspondientes la presentación como candidatos a la próxima elección de aquellos parlamentarios que hayan sido sancionados por el Comité de Revisión Constitucional”, se lee en el documento.

Desde RN indican que la filtración del reglamento más el punto sobre las sanciones, hizo que finalmente no lo suscribieran desde la Cámara. El lunes, tanto en su comisión política como en la reunión de directiva de RN, se analizó el tema y se acordó no impulsarlo ni apoyarlo.

El timonel de RN explicó la decisión. “La directiva del partido no está de acuerdo con el reglamento porque el reglamento mismo es ilegal e inconstitucional. Está expresamente prohibido las órdenes de partido a los parlamentarios en la ley, que se sancione a un parlamentario por votar como se estime conveniente, por lo tanto, es completamente ilegal lo que ahí se está planteando”, comentó Desbordes.

Asimismo, en relación a la actuación de sus socios de coalición, Desbordes señaló que “veo algunos con una posición que es constructiva, pero hay otros que buscan solo un punto comunicacional. No voy a dar nombres, pero algunos dirigentes de mi sector están intentando usar esto como herramienta comunicacional. Y algunos de los que más reclaman, ellos mismos tienen proyectos inconstitucionales en el Congreso. Entonces, también es poco sincero este debate”.

Por su parte, Torrealba señaló que “comenté que tenía que socializar este documento en la bancada antes de que se hiciera público, lamentablemente se filtró y por lo tanto me bajé del reglamento. Y también hay una razón práctica de nuestra salida: nuestra bancada ya tiene un sistema para evitar esto. Y ayer, la bancada completa votó en contra de dos proyectos que eran inconstitucionales”, comentó el diputado Torrealba a La Tercera PM.

Sobre las sanciones, Torrealba agrega que no son correctas “porque nadie puede imponer a un partido qué candidatos tiene que llevar y menos sacarlos por secretaría”. El diputado agrega que pidió que se eliminara ese punto pero que no hubo consenso para hacerlo. “Se acabó el intento de un protocolo en Chile Vamos”, señaló.

Desde el PRI, en tanto, a pesar de no tener representación parlamentaria también rechazaron el protocolo de gobernanza. “Cada partido de Chile Vamos tiene su propia institucionalidad. Por lo tanto, no procede que se instaure una especie de manual de conducta por parte de un partido para toda la coalición respecto de tal o cual proyecto se puede presentar de acuerdo con los márgenes constitucionales”, comentó su presidente Rodrigo Caramori.

Desde Evópoli, el senador Felipe Kast tuvo una dura respuesta. “Chile Vamos no puede seguir aceptando que parlamentarios de nuestro sector, en forma sistemática, presenten proyectos inconstitucionales. Por eso nos encontramos ante una propuesta que esperamos presentar al comité político para generar una gobernanza que impida que esto siga ocurriendo en el futuro”, dijo.

En el gobierno, sin embargo, si bien han estado coordinando el tema para evitar que surjan proyectos inconstitucionales, afirman que la elaboración de un protocolo es resorte exclusivo de Chile Vamos y no de ellos. En Palacio algunos dicen que debido a las diferencias internas que hay en la materia prefieren mantenerse al margen sobre ese punto.

Ayer, el gobierno tenía un solo objetivo: evitar que se aprobara la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia. Y era una de las metas principales del nuevo comité político de La Moneda. Para eso, los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Claudio Alvarado (Segpres) y Cristián Monckeberg (Desarrollo Social) se desplegaron e hicieron gestiones para evitar que parlamentarios de su coalición votaran a favor de la iniciativa la que había tenido una mayoría de votos favorables en la Cámara Diputados.

Ello, pues no querían repetir el mismo escenario que se dio con el proyecto que establecía el no corte de servicios básicos. Esa moción -que fue despachada cuando aún estaba el antiguo comité político- es considerada inconstitucional por el oficialismo y aún analizan si presentar un veto, que es la última carta que les queda para manifestarse en contra.

Así, para el proyecto de postnatal de emergencia, Alvarado llamó directamente por teléfono, según afirman en el oficialismo, a parlamentarios del sector que habían transmitido que votarían favorablemente: Carmen Gloria Aravena, Juan Castro (RN), entre otros. El mensaje, según conocedores de ese diálogo, fue claro: “¿Están con el gobierno o la oposición?”, les habría dicho. En medio de la votación, luego de que Castro se abstuviera, el titular de la Segpres, dicen las mismas fuentes, lo llamó nuevamente. Después eso, Castro votó a en contra de su admisibilidad.

En el gobierno dicen que el nuevo comité político superó una primera prueba, aunque recalcan que aún tienen una deuda pendiente: ordenar y mejorar la convivencia interna de la coalición. En varias oportunidades, durante el comité político ampliado de La Moneda, parlamentarios de la UDI y Evópoli se han quejado porque parlamentarios de RN apoyan iniciativas inconstitucionales.

De hecho, el pasado 1 de junio, hubo una disputa en una de esas reuniones. Ahí, Torrealba increpó a la UDI y les pidió que dejaran de publicar gráficas en redes sociales apuntándolos con el dedo, argumentando que ellos también han apoyado iniciativas que son inadmisibles. Ese día, el punto fue defendido por Desbordes, quien los emplazó a hacer un conteo de cuántos proyectos tiene cada partido y que ahí quedaría en evidencia que todos han impulsando medidas que caen en esa categoría.

Por esos días, Blumel pidió al subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, que buscara una fórmula para solucionar el problema de los temas inconstitucionales en el sector, una materia que venía trabajando hace semanas con el bloque. Ossa, además, encabezaba un comité con subsecretarios para analizar estos proyectos.

Alvarado cuando arribó a la Segpres pidió un nuevo informe sobre todas las iniciativas que son, a juicio del gobierno, inconstitucionales. Esto, con el objetivo de difundir la posición del gobierno de manera explícita. Junto con eso, el ministro de la Segpres coordinará con sus pares del gabinete para que haya un despliegue “intenso” de ministros sectoriales en todas las instancias legislativas que correspondan. Esto, con el objetivo también de aplacar los cuestionamientos del oficialismo que han acusado al gobierno de “inactividad” en la materia.