“Como Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) queremos solicitarle, respetuosamente, que en su calidad de Presidente de la República, y abstrayéndose de la amistad que mantiene con él, decida remover en el más breve plazo posible -idealmente dentro de las siguientes, 48 horas-, al Sr. Giorgio Jackson”.

De esa forma parte la carta suscrita por los 23 diputados de la UDI, difundida el jueves pasado, que provocó un enfrentamiento entre La Moneda y el gremialismo, y también un propio remezón en Chile Vamos. En la misiva, de la cual nadie en la UDI quiere adjudicarse la autoría, los legisladores pidieron al gobierno establecer las responsabilidades políticas por la investigación de presuntas irregularidades en el traspaso de dinero a fundaciones. Pero más allá de la petición de salida del secretario de Estado, lo que causó una polémica fue que en la carta los legisladores le adjudicaran a Jackson haber cometido delitos.

“Por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso”, fue el párrafo cuestionado, que le valió a la UDI réplicas desde el Ejecutivo.

El pasado jueves la vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó la misiva como “calumniosa, injuriosa e infame”, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se comunicó -en su calidad de vicepresidenta de la República y por encargo del Presidente Gabriel Boric- con el timonel de la UDI, el senador Javier Macaya, para expresarle la molestia del gobierno. El propio Jackson calificó de “calumniosa” la carta, por la cual Tohá incluso dijo que el ministro evaluaba querellarse.

En el oficialismo reclamaron que se vinculara a Jackson con los delitos que se están investigando, en circunstancias de que la investigación judicial está en curso, y que la UDI ha sido defensora de la presunción de inocencia en otros casos judiciales en que se han visto políticos involucrados, como el “Caso Penta” que implicó a importantes dirigentes del gremialismo.

La carta provocó una escalada de la tensión entre el gobierno y el partido encabezado por Macaya. Un enfrentamiento que fue creciendo a partir del viernes pasado cuando el propio senador condicionó los diálogos con el gobierno por las reformas a la salida de Jackson. Y luego, el gremialismo se restó de la mesa de pensiones que encabeza el Ejecutivo, como una primera señal. Sin embargo, la arremetida de la UDI -y la propia carta- provocaron el desmarque de sus aliados de coalición.

Por lo mismo, el origen de la misiva sigue siendo tema durante esta jornada, al punto que durante este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados el oficialismo anunció que llevarán a la Comisión de Ética y Transparencia a los jefes y subjefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, respectivamente.

De todas maneras, en la UDI algunos siguen defendiendo la misiva. “La carta, de principio a fin, emplaza al gobierno a asumir su responsabilidad política por el caso convenios. Su objeto no es acusar de delito a nadie. La carta va dirigida al presidente Boric, no al fiscal nacional”, aseguró Ramírez a La Tercera PM.

En el gremialismo de todas maneras hacen un mea culpa de cómo se escribió la misiva. “Podría haber tenido una mejor redacción”, dijo Coloma.

En la UDI además recalcaron que la carta fue coordinada entre los propios diputados y encargada al personal del comité, quienes la redactaron. Algunos legisladores sindican al jefe de asesores -el abogado Rodrigo Pinochet- como el autor del texto, pero desde el entorno de este último lo desmienten. La Tercera PM requirió formalmente al comité conocer quién fue el autor, pero afirmaron que no revelarán el nombre. En el archivo original de la carta no figuran los datos del autor.

Lo cierto es que Pinochet forma parte del comité UDI hace más de 20 años y es quien suele redactar las cartas de la tienda o proyectos de resolución. Las iniciativas, en todo caso, siempre son revisadas por los parlamentarios, ya que son firmadas por ellos.

La carta además provocó descoordinación dentro del propio gremialismo. Macaya reveló el domingo en Canal 13 que no sabía del contenido de la misiva, mientras que algunos senadores de la UDI comentaron que si bien conocían con antelación que se pediría la renuncia a Jackson, desconocían detalles como vincularlo al caso penal o que se hablara de un plazo de “48 horas”.

En el comité se defienden diciendo que ante los hechos que estaban ocurriendo tuvieron que reaccionar rápido, y que la redacción fue apurada. Las mismas fuentes sostienen que lo que provocó la misiva fue que Jackson hablara de una “señal política” tras el robo al Ministerio de Desarrollo Social, y que el párrafo en que se le vincula a la causa penal fue inspirado en los dichos del senador socialista Fidel Espinoza, quien calificó a Jackson como el “líder de la banda”.

De hecho, en la UDI se defienden de las críticas a la carta argumentando que hay parlamentarios oficialistas -como Espinoza y los senadores PS Juan Luis Castro y Gastón Saavedra- que han sido igual de duros. Lo cierto es que la misiva fue leída antes por los diputados, quienes luego incluyeron sus firmas.

“Como toda la carta habla de responsabilidad política, obviamente que el gobierno agarra lo que más le conviene y que le permite una mejor defensa, ignorando el resto de la carta, que pide que el Presidente asuma la responsabilidad política”, dijo hoy Ramírez en la Radio Duna.

De todas maneras, en la UDI hasta el momento ha sido vista con buenos ojos la estrategia de endurecer su postura ante el Ejecutivo, y hoy fue celebrado que el Partido Republicano anunciara que retirarán a los políticos de la mesa de pensiones. De todas maneras, este partido se enredó pues primero en un punto de prensa el diputado Juan Irarrázaval anunció que se retiraban de la mesa, pero luego el jefe de bancada, Benjamín Moreno, aclaró que en realidad se restarían los políticos y permanecerían los técnicos.