¿Qué le dijo la PDI a la Fiscalía?: la justificación de los detectives para incorporar los chats del teléfono de Hassler donde critica, junto a Cariola, al Presidente

“Cuatro días corridos”.

Ese fue el plazo que dio el juez del Séptimo Juzgado Garantía, Mario Cayul, en la audiencia del pasado jueves 13 de marzo para que el abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, y el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, acordaran qué día se iban a reunir para concretar una diligencia en torno a la causa que afecta a la parlamentaria del Partido Comunista, quien está siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias.

Amparado en una solicitud de cautela de garantías, Manríquez buscaba resguardar el material contenido en los equipos tecnológicos de la diputada, un notebook y un teléfono celular, incautados el 3 de marzo en una polémica diligencia policial.

El magistrado ordenó que los aparatos quedarán en custodia de Cooper sin siquiera la posibilidad de acceso para las policías a cargo de la causa. De esta forma, por orden del tribunal, Manríquez deberá viajar hasta Coquimbo para concretar una diligencia donde extraerán todo el material que no sea de interés penal, vale decir, las fotos y filmaciones del parto, conversaciones políticas y contenido personal.

Tras la audiencia, el abogado de la diputada, quien ese día se desistió de la petición de nulidad de la incautación, celebró la decisión del tribunal, señalando que había “vuelto la legalidad y regularidad” al proceso.

Sin embargo, al día siguiente el fiscal Cooper, en entrevista con radio Duna, rayó la cancha: “No, el señor Manríquez no va a estar al lado mío en nada. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo”. Para Manríquez estos dichos dan cuenta de que el persecutor se “declaró en rebeldía”.

Hasta este mediodía, día en que vence el plazo ordenado por el juez Cayul, dicha comunicación no ha ocurrido.

La Tercera reveló el sábado varios diálogos entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler -donde, entre otras cosas, realizan duras críticas al gobierno y al Presidente Gabriel Boric-, que están contenidos en el informe policial 487, elaborado por un equipo multidisciplinario de la Brigada Anticorrupción.

Las pesquisas de las conversaciones, que habían sido borradas y lograron ser recuperadas por los policías, se dieron en medio de trabajos investigativos por el caso Sierra Bella. Desde el mundo político cuestionaron la motivación de los investigadores para registrar estos diálogos como focos de interés en la causa penal.

La PDI justificó su trabajo en el mismo informe: “El día 30 de diciembre de 2022 Karol Cariola conversa con Irací Hassler, manifestando críticas hacia el gobierno actual. Señala que no se han alcanzado logros significativos, que solo ha generado costos y califica al Presidente Gabriel Boric Font como ‘una mierda de ser humano’, expresando su deseo de mantenerse alejada de dicho entorno”.

“Además, se refiere a Camila (presumiblemente la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo Dowling) y Matías (presumiblemente Matías Meza-Lopehandía Glaesser, jefe de gabinete de la Presidencia, 11 de marzo de 2022 - 7 de enero de 2023) como “despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”, afirmando que actuarían únicamente para salvarse a sí mismos. Por último, describe a “Matías” como un ‘cuico culiao’ sin experiencia política para dirigir un país”, se añade.

En ese apartado se concluye: “Todo esto demuestra el grado de confianza y amistad existente entre las partes”. Para los investigadores, esta información es importante como contexto, en el entendido que grafica la cercanía entre la diputada y la exalcaldesa (quien en esta causa figura como testigo) para la eventual solicitud de actos que puedan ser constitutivos de delito.

Ante este escenario, el abogado de la parlamentaria señaló que estaban evaluando pedir que la causa sea quitada al fiscal Cooper y pase a manos del fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Hemos hecho las insistencias necesarias para que se nos entregue la carpeta de investigación, que la solicitamos el mismo día de la audiencia y aún no la recibimos. Segundo, que el tribunal nos haga llegar los informes que acompañó el fiscal en reserva y que luego fueron filtrados a la prensa, que tampoco hemos recibido”, dijo Manríquez.

Asimismo, el profesional pidió cautelar el teléfono de la diputada, ya que, en razón de su cargo, “ha participado de una serie de reuniones con representantes diplomáticos, extranjeros, nacionales, altas autoridades, con los cuales se han tratado temas muy delicados que son secretos. De seguridad nacional, de fronteras, de inmigración y de otros”.

“Nosotros estamos evaluando seriamente si es que no se adoptan medidas, como enviar las filtraciones al señor Marco Pastén o bien no se toma un control de esta fuga constante y peligrosa, vamos a solicitar que el señor fiscal nacional Ángel Valencia se haga cargo de la investigación íntegramente”, agregó Manríquez.

Manríquez precisó a La Tercera que su intención de pedir cambio de fiscal podía cambiar dependiendo del diálogo que sostuviera con Cooper durante la tarde del lunes.