¿Qué pasará con Rutherford? Las juezas que asoman para sucederla y el futuro de la ministra que investigó al Ejército

Más de 280 declaraciones, 378 tomos y 1.651 archivadores con información guardó en una bóveda la ministra Romy Rutherford, a partir de un trabajo que comenzó el 3 de marzo del 2017. Ese día, la jueza asumió una causa que la catapultó como figura pública, pues en su despacho -ubicado en Compañía N°1234- procesó a los últimos cuatro excomandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022).

A más de seis años de asumidas las pesquisas, la ministra Rutherford se alista para dejar su cargo. Lo hace, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de extender su visita en la causa por seis meses, en un último intento por prorrogar su mandato en la investigación.

“Se trata de una causa que, por la cantidad de aristas, imputados y procesados y la complejidad de los hechos objeto de la misma exige un importante conocimiento y dominio de sus particularidades para avanzar en su esclarecimiento, los que para cualquier ministro/a que asuma su investigación implicará un esfuerzo de interiorización que redundará inevitablemente en una relevante demora en su tramitación”, expuso el CDE. El pleno del máximo tribunal le bajó el pulgar, aunque en una reñida votación: 11 ministros estuvieron por rechazar la solicitud y siete por acogerla.

Entre quienes rechazaron la solicitud plantearon que no es bueno personalizar las causas y que ya el 12 de diciembre del 2022, cuando se votó su última extensión a cargo de la indagatoria, se acordó que sólo investigaría el caso hasta septiembre de este año. Esa decisión, argumentaron, fue “improrrogable”.

Además, entre quienes estuvieron por esa opción, incluso se alzó una fuerte crítica en contra de la jueza. De acuerdo con lo indicado por presentes a La Tercera, uno de los supremos tomó la palabra para sostener que el trabajo de Rutherford en realidad no era del todo bueno y que, de hecho, sólo había logrado cuatro sentencia, en circunstancias que se esperaban más.

Pero los siete ministros que votaron en favor de Rutherford y el requerimiento del CDE -Juan Eduardo Fuentes, Sergio Muñoz, Haroldo Brito, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos-, advirtieron que lo más prudente era extender la visita por los seis meses que restan, pues había una buena evaluación del trabajo realizado por la ministra, y estimaban que el cambio en esta etapa podría perjudicar la investigación, porque la nueva magistrada que tome la causa se va a demorar en estudiarla y las investigaciones deben ir cerrándose.

Firmada la resolución de la Suprema, no hay más vueltas y ahora la jueza Rutherford debe entregar la posta, pero ¿a quién? Eso aún no está cerrado del todo.

Durante esta tarde la Corte Marcial sesiona en el zócalo del Palacio de Tribunales, donde el tema debería ser abordado, pues resta menos de una semana para que Rutherford haga su “traspaso de mando”. Ahí, las candidatas son dos.

Por un lado está la ministra Jenny Book (65). Este año cumplió 39 años en el Poder Judicial e integra la Corte de Apelaciones desde el 2013 y desde fines del 2022 es parte de la Corte Marcial, tribunal que preside en la actualidad.

Quienes la conocen la definen como metódica y experimentada, con carácter fuerte. Lo que se comenta en tribunales es que como ella es presidenta de la Corte Marcial no podría asumir, además, la investigación exclusiva del caso fraude en el Ejército, sin embargo, no sería algo inédito.

Por otro lado, quien también aspira a tomar la posta de Rutherford es la ministra Ana María Osorio (61). Es abogada de la Universidad de Chile e ingresó al servicio judicial en noviembre de 1996 como oficial segunda del Juzgado de Letras de Colina. En 2002 asumió el cargo de oficial cuarta del 22° Juzgado Civil de Santiago, llegando como relatora a la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2004.

En octubre de 2005 fue nombrada jueza del 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Asimismo se desempeñó en diversos cargos temporales como relatora suplente en la Corte Suprema y ministra suplente en la Corte de Santiago. En diciembre de 2022 juró como ministra titular del tribunal de alzada capitalino en la vacante generada por el cese de funciones de Gloría Solís Romero.

La ministra Osorio, dicen fuentes de la Corte de Apelaciones, tiene un alto porcentaje de probabilidades de asumir. Es un hecho que usará la plaza que Rutherford dejará en la Corte Marcial, pero resta saber si asumirá o no la causa.

Trascendió, además, que ambas podrían llegar a algún tipo de acuerdo con la Corte Marcial para que sea ella la designada en el puesto para luego ser ratificada por la Corte Suprema.

Los intervinientes del caso han estado atento a los movimientos en el despacho de Rutherford y la Corte Suprema, por lo mismo, el abogado del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, Miguel Chaves, incluso hizo una presentación al máximo tribunal para entregar sus argumentos en contra de la renovación que el CDE solicitó par la ministra.

Chaves sostuvo que “la decisión de la Corte me parece que es ajustada a Derecho y corresponde a los antecedentes del expediente administrativo. No veíamos otra posibilidad. No se trata que sea la decisión adecuada para la dirección de la causa. Se trata de aplicar las normas que resuelven el asunto”.

Asimismo, manifestó que espera que quien suceda a la jueza al mando de la investigación responda a lo que un magistrado debe garantizar: “Estricta sujeción a la ley en sus decisiones”.

En los mismos términos, Juan Carlos Manríquez, abogado del general (R) Ricardo Martínez, sostuvo que tanto Jenny Book como Ana María Osorio podrán hacer un buen trabajo. “Como cualquier otro litigante ante la Corte de Santiago, sé que ambas están en el tribunal superior por sus propios méritos, carreras y competencias, y por ende, serán capaces de llevar adelante lo que resta de estos procesos con apego a la ley”, dijo.

Daniel Mackinnon, abogado de los generales Alejandro Villagra, Pablo Onetto, Juan Echaurren, José Llanca, Germán Schell, Hugo Lo Presti y de los coroneles Mauricio Seguel y Patricio Zamora, por su parte, indicó que no espera grandes modificaciones en el manejo de la causa.

“Existe un trabajo previo de varios años, muy acucioso y completo de la ministra Rutheford, atento a lo cual creemos que quien sea la ministra que la reemplace, no hará grandes variaciones en el devenir de las causas y no tendrá problemas en el corto plazo para interiorizarse del estado de estas y tomar las decisiones que en derecho correspondan y, atento al avance de los procesos, lo más probable -esperamos- es que se proceda en tiempos acotados, a cerrar los sumarios y elevar las causas a plenario en la mayoría de los cuadernos que están en tramitación, para después de esto dictar las sentencias de primer grado pertinentes ya sean absolutorias o condenatorias según corresponda”, argumentó.

A pesar de que a la ministra que sigue en la causa le quedan cuatro días para entregar el cargo, las diligencias en su oficina no cesan. Los intervinientes del caso advierten que hay “ruido” de que podría salir un procesamiento en una de las 48 aristas que tiene el caso, el que apuntaría a la malversación de fondos por parte de efectivos del Ejército, a través de del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

Ya el 5 de septiembre, Rutherford dejará de ser la ministra en visita de un caso que al Ejército le complicó en más de una ocasión, pero también el día en que la jueza volverá a integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Tributaria, alejada ya de todo término militar, uniformes y memos con siglas que terminó memorizando por completo.