Las muertes de Fernanda Maciel y Tomás Bravo han sido casos que han estado entre las investigaciones más mediáticas que ha llevado el Ministerio Público en los últimos años. Ambos hechos siguen su curso, pero ahora con nuevos antecedentes que ya los perfilan a su recta final.

Las investigaciones que llevan la Fiscalía Centro Norte y la del Biobío, respectivamente, ya tendrían identificados a los posibles culpables de ambos hechos gracias a informes policiales allegados a las causas recientemente.

La familia de Tomás Bravo reportó oficialmente el extravío del niño de, por entonces, tres años el 17 de febrero del 2021, tras salir junto a su tío abuelo en Caripilún, Región del Biobío. Nueve días más tarde, el cuerpo del menor de edad se encontraría sin vida a la orilla del río Paqui.

Con el avance de la investigación junto con nuevos antecedentes y declaraciones de testigos, el caso ha comenzado a tener nuevas pistas que podrían llevar a la conclusión de qué sucedió con Tomás Bravo.

Además, recientemente la Fiscalía recibió un nuevo peritaje desde el extranjero, el cual tendría resultados disímiles de los que había entregado inicialmente el Servicio Médico Legal chileno.

Esto generaría un cambio en los resultados que se tenían previo a este informe emanado desde España.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó la extensión de la investigación para analizar estos nuevos antecedentes. El Tribunal de Garantía de Cañete definió que la audiencia para revisar la ampliación de las indagaciones se realizará el 31 de enero.

Por su parte, la Fundación Amparo y Justicia, que representa al padre de la víctima, decidió ampliar su querella presentada en marzo del 2021 a Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo y quien es el principal imputado de ser el responsable de la muerte del menor.

La querella contempla el delito de abandono de niño en lugar solitario con resultado de muerte, lo que, según la organización, tendría una pena de entre 10 a 15 años de cárcel para el imputado.

“Esta medida se anunció después que la fiscal regional, Marcela Cartagena, informó los resultados de los últimos peritajes enviados al extranjero”, expresó la Fundación Amparo y Justicia mediante un comunicado.

El 10 de febrero del 2018 a las 17.30 Fernanda Maciel, quien tenía siete meses de embarazo, se reunió con un viejo conocido en una bodega ubicada en Conchalí, lugar donde sería asesinada. Ese mismo día se reportó su desaparición y tendría que pasar más de un año para que se esclareciera lo que sucedió con la mujer.

Finalmente, su cuerpo fue encontrado un año y medio después, y se levantaron cargos contra el principal sospechoso de su asesinato: Felipe Rojas, la última persona que la vio con vida y quien, posteriormente, confesó su crimen.

Ahora la investigación, que está a cargo de la Fiscalía Centro Norte, ha progresado en su curso. El tribunal fijó como fecha el 6 de marzo para el juicio oral contra el único imputado por el asesinato de la joven.

El día que originalmente se iba a efectuar esta audiencia era el 3 de noviembre del 2022, pero esta se cambió tras la renuncia de la abogada defensora de Rojas, Jacqueline Stubing, en mayo del año pasado.

Por su parte, la fiscal Patricia Varas Pacheco solicitó la pena de presidio perpetuo calificado por los delitos de violación, aborto, inhumación ilegal y hurto simple contra Felipe Rojas, quien se encuentra en prisión preventiva.