¡Quemar teléfonos!: solicitud de desafuero por corrupción en contra del diputado Ojeda detalla maniobras para eliminar pruebas del “caso convenios”

La mañana de este jueves el Ministerio Público concretó una de las acciones más importantes -hasta ahora- en el denominado “caso líos de platas”, en el cual se investigan traspasos a fundaciones desde entidades públicas, en la Región de La Araucanía. Ante la Corte de Apelaciones de Temuco, el fiscal Carlos Cornejo ingresó la solicitud de desafuero en contra del diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano Mauricio Ojeda.

La acción judicial firmada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, es una diligencia clave para poder formalizar al parlamentario en la investigación que lleva el Ministerio Público en esa región en el denominado “caso manicure”. En este se investigan delitos de corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) y las fundaciones FOLAB y EDUCC.

El parlamentario, según ha dado cuenta la investigación del ente persecutor, habría tenido un rol clave en que esos convenios se alcanzaran, por lo cual la Fiscalía lo formalizaría por los delitos de fraude al Fisco reiterado, así como también por una serie de hechos delictuales de corrupción pública. Solicitud de desafuero que también es clave para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares en contra del diputado del distrito 23.

Todos estos antecedentes forman parte de los incluidos en la solicitud de desafuero, a la cual tuvo acceso La Tercera, y que fue ingresada ante la Corte de Apelaciones, en la cual se entregan una serie de detalles para fundar el requerimiento.

La solicitud de desafuero de la Fiscalía comienza señalando que “actualmente el Ministerio Público se encuentra investigando varios hechos, presuntamente constitutivos de fraude al Fisco y otros delitos de corrupción pública, en relación con convenios celebrados entre el Gobierno Regional de La Araucanía y distintas fundaciones que no habrían ejecutado el objetivo de los convenios, generando así perjuicio fiscal y social de distinta naturaleza”.

El requerimiento, además, expone que “entre los imputados investigados se encuentra el honorable diputado de la República don Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, reuniéndose una gran cantidad de antecedentes que derivan en la decisión del Ministerio Público de formalizar la investigación respecto del citado parlamentario y requerir medidas cautelares”. Por lo mismo, pide que el tribunal de alzada “autorice el desafuero del mismo, conforme con los antecedentes”.

Esos antecedentes citados en el requerimiento son los que hasta ahora ha reunido la Fiscalía Regional de La Araucanía en contra del diputado Ojeda. Hechos que, en parte, fueron dados a conocer por el fiscal Garrido durante la audiencia de formalización en contra de los altos directivos de la ONG ligadas al “caso manicure” en abril pasado.

La Fiscalía investiga a Ojeda porque siendo diputado, entre junio y agosto del 2022, se habría comunicado con Rinett Ortiz, directora y representante legal de Fundación Folab, quien le dijo que la ONG estaba con problemas económicos. Ante eso, el parlamentario, basado en la amistad que mantenía con la mujer, habría decidido asistirla a través de aportes económicos propios y de terceros.

Ayuda de Ojeda a su amiga que habría llegado a tal punto que incluso habría intervenido para que el GORE llegara a los convenios con la ONG, que ahora está investigada por mal uso de los recursos públicos asignados para realizar cursos de capacitación en spa y tratamientos de belleza.

Entre los antecedentes que también expone la solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones de Temuco, también se considera la “conducta posterior” del diputado luego de que conociera la investigación. Según el requerimiento, luego de ese conocimiento público se “despliegan una serie de acciones del imputado Mauricio Ojeda”.

Para fundar aquello el Ministerio Público incluyó en la solicitud de desafuero la declaración del imputado Juvenal Ortiz, quien sostiene que el mismo día que se conoció la investigación, el diputado se contactó con Rinett para pedirle su número “porque quería consultar por las transferencias que yo le había hecho con la cuenta de FOLAB devolviendo el dinero que nos había prestado anteriormente. Luego me contactó vía WhatsApp, solicitando juntarse conmigo para conversar en un café de Temuco”.

Reunión a la que Ojeda llegó acompañado de un chofer, pero la cual no se pudo concretar en el café de la capital regional de La Araucanía debido a que no había mesas. Por lo mismo, se trasladaron a un departamento. En ese lugar, según la declaración de quien también es investigado en la causa, el diputado Ojeda “me preguntó respecto a los datos de las transferencias, informándole al respecto de cuándo había sido. Luego me señaló que él había pedido un crédito anteriormente y que podía justificar el préstamo que nos había hecho de $40 millones con ese crédito”.

Pero la conversación no quedó ahí. Y es que el diputado también le señaló lo que debían hacer. “En primer lugar, Rinett se tenia que autodenunciar; en segundo lugar, debía declarar en quiebra la fundación y, en tercer lugar, que debíamos decirle a Rinett que ella tenía que quemar su teléfono celular porque en el teléfono habría contactos con muchas personas que habían ayudado a la fundación y se verían afectadas. Nos dijo que teníamos que decirle a Rinett que posteriormente cuando a ella le preguntaran respecto a su teléfono celular, que dijera que había decidido destruirlo en atención a las constantes llamadas por teléfono que se encontraba recibiendo”.

Además de eso, reiteró: “Recuerdo que el diputado en ese punto de destruir el teléfono fue bastante insistente. También nos señaló que iba a conversar con su abogado y que iba a hacer una autodenuncia en su contra (...) finalmente me señaló que cuando el teléfono de Rinett fuera destruido, le avisara mediante un mensaje por WhatsApp a través de un “Ok”. Esto se lo comuniqué a Rinett decidiendo que no destruyera el teléfono, porque era un medio de prueba para lo que iba a venir más adelante”. La reunión duró una hora, y según da cuenta la solicitud de desafuero, esta quedó registrada en las cámaras del edificio, las cuales fueron recogidas como medio de prueba por personal de la PDI.

Junto con esta declaración, la Fiscalía también expone lo que ya se conocía, respecto a que el diputado habría entregado destruido su iPhone 13 ante la PDI, argumentando que su hijo -menor de edad- lo habría roto. Esta es otra de las “conductas posteriores” sostenidas por el ente persecutor en la solicitud de desafuero.

Otro de los antecedentes de los que da cuenta la Fiscalía en su solicitud de desafuero a la Corte, es que el diputado Ojeda ese mismo 3 de agosto, día en que se conoció la investigación, tuvo una segunda reunión, esta vez con Juan Pablo Leonelli, funcionario del GORE de La Araucanía y también imputado en la causa.

En su declaración, Leonelli sostiene que le explicó lo que estaba pasando con las fundaciones al diputado, ante lo cual este le dijo que “nunca imaginó que esa situación iba a pasar, que no era culpa de él, y que Rinett estaba loca”. Ante lo cual coordinaron una reunión para dos días después. En esa ocasión, dice el entonces funcionario del GORE, “le recriminé la situación ocurrida con las fundaciones, luego de eso, él me señaló que ya había conversado con el hermano de Rinett y estoy tratando de ubicar a Rinett o mandar un emisario, con la finalidad de conseguir la plata para poder devolverla y así evitar que no se configure el delito de fraude al Fisco”.

Además de eso, el diputado le habría dicho -según su declaración- “tú quédate tranquilo, porque no has hecho nada, pero que él si tenía que resguardarse, ya que él le había entregado un crédito de dinero a Rinett, y que luego esta le había pagado de vuelta el dinero, pero fue desde la cuenta de la fundación. Esta reunión no debe haberse extendido por más de 10 o 15 minutos. Además, Mauricio Ojeda me dijo que además de los 60 millones míos, también había más gente metida, que recibió transferencias”.

“También en esa reunión me dijo que además de la amistad con Rinett Ortiz, él le había prestado servicios a la Fundación y que le había emitido boletas de honorarios. No me precisó los servicios, pero me imagino que eran asociados al giro de la fundación”, concluye.