“Desde el día uno en Nuevo Capital he puesto toda mi energía y experiencia para lograr situar en el lugar donde está hoy, y durante la pandemia tuve que tomar decisiones a diario, las que dieron como resultado que la sociedad mantuviera buenos resultados, así como continuidad operativa y comercial. Todo lo anterior, a mi juicio me hace merecedor de felicitaciones y no de humillaciones”.

Así comienza la querella que Rodrigo Gazitúa, socio y ex gerente general de Nuevo Capital, firma de soluciones financieras con operaciones en Chile y Perú, que presentó el pasado 29 de diciembre en contra del abogado y director de la empresa, Sebastián Guerrero Valenzuela por el presunto delito de negociación incompatible.

Todo comenzó cuando -según la acción penal- el 20 de noviembre de 2020, Guerrero envió un correo electrónico que contenía un documento con una propuesta de “acuerdo”, donde se definía, básicamente, que Gazitúa debía salir de la gerencia general de la empresa, pasando a formar parte de su directorio por un período de 6 meses, y que posteriormente vendería sus acciones como representante legal de Inversiones Cabildo SpA a los hermanos Carlos, Juan y Arturo Marinetti.

El directorio de Nuevo Capital es presidido por Carlos Marinetti Verderau y lo integran Rodrigo López Musa; José Ignacio Bravo Eluchans; Rodrigo Gazitúa Zavala; Sebastián Guerrero Valenzuela y Juan Francisco Errázuriz.

La propuesta permitiría a los hermanos Marinetti comprar el 15% de la propiedad de Nuevo Capital en manos de Gazitúa y de paso consolidar el control que mantienen en la sociedad, que administra activos financieros por $200 mil millones. De hecho, existía un acuerdo de compra de las acciones, que posteriormente el ex gerente general del factoring no confirmó.

Entre estas condiciones “unilaterales” en la compra de las acciones a El Cabildo, estaba fijado el precio, no en condiciones de mercado, sino que a 1.2 veces el valor libro de las mismas, acotó Gazitúa en la querella. Según el mismo documento, el pago sería en tres cuotas, 50% al momento de la firma, 25% un año después de la firma y el otro 25% al segundo año después de la firma.

Para Gazitúa la venta del 15% de las acciones que posee Inversiones El Cabildo SpA en Nuevo Capital significaba recibir cerca de $5.200 millones. El punto es que la compraventa -que finalmente no se suscribió- tenía un ajuste de precio sujeto al valor libro del balance del 31 de diciembre de 2020, lo que implicaba un valor menor al que consideraba el exgerente.

Según el escrito, el pasado 9 de diciembre de 2020 se desarrolló una segunda reunión en la oficina de Sebastián Guerrero, socio de Guerrero, Valle y Garcés. La querella señala que este último asistió en calidad de director de Nuevo Capital y abogado asesor de las sociedades ligadas a la familia Marinetti. En el encuentro, Gazitúa acudió con su socio Fernando Banda Gutierrez, ambos en representación de de Inversiones El Cabildo SpA. “También asistió el abogado de Nuevo Capital Felipe Santelices Cox, dejando en claro que no concurría en calidad de mi abogado, ni de gerente legal”, acotó Gazitúa, representado por Marcelo Sanfeliú, socio de GFSU Abogados.

“Dicha reunión se desarrolló en un ambiente bastante hostil impuesto por Juan Marinetti, quien mantuvo en todo momento una posición intransigente respecto a las bases del acuerdo, las que según él ya estaban dadas por la carta enviada el 20 de noviembre y que no pretendían cambiar los puntos importantes. Luego, hubo varias discusiones en torno a la posición que yo debía adoptar en Nuevo Capital, estimando que me debía mantener alejado, y que únicamente debía desarrollar mi función de director, sin ejercer influencia en los gerentes, ya que de otro modo era muy difícil que se lograra una transición ordenada”, consignó la querella.

Sin embargo, la oferta no convenció a Gazitúa, quien si bien al principio estaba dispuesto a vender sus acciones, posteriormente al conocer el detalle de la presentación, declinó aceptar acusando un “claro y evidente” perjuicio en su calidad de accionista minoritario. Ello luego que se reuniera con el abogado Sebastián Oddo a quien le solicitó su asesoría, quien “confirmó mis sospechas, indicándome que firmar esta compraventa de acciones bajo esas condiciones no sólo era irresponsable sino que muy perjudicial para los intereses de El Cabildo”.

Según la querella, “Sebastián Guerrero, en su calidad de Director de la sociedad anónima cerrada Nuevo Capital, se interesó directamente en la negociación que estaba llevando a cabo el representante de los accionistas mayoritarios de dicha sociedad, Juan Marinetti Verderau, con mi persona en representación de El Cabildo. Para forzarme a salir de la gerencia general y a aceptar la propuesta de compra de acciones que El Cabildo tenía en Nuevo Capital a valor libro y no comercial o mercado. En condiciones leoninas y arbitrarias. Incumpliendo de esta forma gravemente las condiciones y obligaciones establecidas por la ley para los directores de una sociedad anónima, en materia de los deberes que deben cumplir en el ejercicio de su cargo”.

La Tercera PM conversó sobre el caso con el abogado y director de Nuevo Capital Sebastián Guerrero, quien solicitó efectuar sus descargos por la querella vía escrita.

El abogado explicó que: “Esta querella me toma por sorpresa y no tenía noticia de ella”. “De todas formas, me parece que es el Ministerio Público quien debe citarme, en su rol de encargado de conducir las investigaciones criminales”, añadió.

“Lamento profundamente que se instrumentalice el sistema criminal con un conflicto comercial, el que básicamente gira en torno a que un accionista de una compañía, de la que sólo soy director, busca obtener un mejor precio en una negociación para vender sus acciones, tergiversando completamente los hechos”, explicó Guerrero.

“Desde ya me pongo a disposición del ministerio Público para aportar todos los antecedentes que acreditan mi inocencia, sin perjuicio de que una vez que esto termine ejerceré todas las acciones legales correspondientes por estas falsas imputaciones de las que estoy siendo víctima, no solo en el sistema judicial, sino que por la prensa”, remató.

Detrás de la arremetida penal de Gazitúa persiste un complejo conflicto entre los socios de Nuevo Capital. Según explican conocedores del caso, las diferencias entre los hermanos Marinetti y Gazitúa surgieron a comienzos del año pasado, luego que éste último iniciara un plan de internacionalización que incluía la apertura de oficinas en México, Colombia y Miami (Estados Unidos). Sin embargo, el resto del directorio no habría estado de acuerdo con la iniciativa y pidió mayor cautela al ejecutivo. Desde ese momento hubo desavenencias y roces que se agudizaron con la pandemia, según las mismas fuentes consultadas.

A fines de noviembre del año pasado, Rodrigo Gaztúa renunció a la gerencia general de Nuevo Capital y pasó a formar parte del directorio. En su reemplazo, la mesa designó a Patricio Kelly como nuevo gerente general, quien desde 2018 se desempeñaba como subgerente general. Al mismo tiempo, el directorio decidió despedir a un grupo de ejecutivos que formaban parte del círculo de confianza de la anterior administración. Entre ellos están Fernando Banda, Gerente de Tesorería; Felipe Santelices, Gerente Legal y Christopher Lathrop, Gerente de Recursos Humanos.