Menos de un mes se mantuvo vigente la polémica resolución que firmó la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a dos días de haber sido ratificada en el cargo por el Senado y que generó indignación entre dirigentes y asociaciones de funcionarios del Estado.

Se trataba del Dictamen N° E561358 que establecía que la Contraloría se abstendría de emitir pronunciamiento respecto de los reclamos en los que se alegue vulneración al principio de confianza legítima por parte de funcionarios públicos a contrata, dejando la materia en manos exclusivas de los tribunales de justicia.

La determinación agitó de inmediato las aguas y las manifestaciones de la ANEF y la CUT se desplegaron. Sin embargo, en medio de la tramitación de un recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago por abogados de la Fundación Fuerza Ciudadana -la misma que ha arremetido contra autoridades de gobierno por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende-, la Novena Sala del tribunal de alzada concedió una orden de no innovar y suspendió los efectos de la mencionada resolución, al menos hasta que se analizara el fondo de la acción.

De esta forma, el dictamen quedó congelado y Contraloría debió recurrir -dado el tenor de la arremetida- al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que asumiera su representación en la contienda que se abría en la Corte.

Así, el 16 de enero pasado, el abogado procurador fiscal Marcelo Chandía se hizo parte en la causa y asumió la representación y defensa del organismo. Ocho días más tarde, eso sí, el profesional confirió poder al abogado consejero y presidente del CDE, Raúl Letelier, quien incluso se anunció para alegar y hacer suyos los antecedentes con que Dorothy Pérez había respondido ante el recurso.

Pese a ello, como pudo recabar La Tercera, Letelier no será el encargado de defender a la contralora y ya se definió que los alegatos correrán por cuenta de otro profesional de la entidad.

Lo anterior, según fuentes consultadas por este medio, por motivos de agenda.

Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado no ha definido quién asumirá los alegatos, aunque es probable -como indican desde la entidad- que alegue un experto en derecho administrativo. Entre las opciones, no está descartado que tome la palabra otro de los consejeros, dada la relevancia del asunto y el impacto que tendrá la resolución que tome la Corte.

“No puede excusarse de ejercer sus facultades”

Consultado respecto del escenario que enfrentan, Raimundo Palamara, presidente de Fuerza Ciudadana, insistió en que la Contraloría no puede desentenderse de las tareas que la ley le encomienda.

“Efectivamente el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en el proceso, lo que era de esperar, en razón a la especialidad de este servicio en litigación y dada la relevancia del asunto en que dejamos en entredicho la posibilidad de la Contraloría de abstenerse en aquellas materias que el legislador especial y expresamente ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”, indicó.

En el mismo sentido, el abogado, que fue candidato a constituyente por el Partido Republicano, agregó que el asunto es de vital importancia.

“Esto es más allá a si existe o no confianza legítima o si es que hay, desde cuándo, esto se trata de que la Contraloría no puede excusarse de ejercer sus facultades, porque eso incluso podría significar que se convierta en un órgano superfluo, quedando supeditada sus facultades al número de judicializaciones respecto a materias que le son propias, lo que sin lugar a duda no puede ocurrir”, indicó.

Y complementó: “Tener un órgano constitucional que su importancia u objetivos queden entregados a un hecho futuro e incierto como el número de judicializaciones de materias que el Constituyente y el legislador le han entregado”.

¿Qué ha dicho Contraloría?

En medio de la tramitación del citado recurso de protección, Dorothy Pérez acompañó un documento donde indicó, entre otros asuntos, que el cuestionado dictamen “fue emitido en estricto cumplimiento de lo ordenado en el citado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, que prohíbe a esta Entidad Contralora intervenir e informar en asuntos de naturaleza litigiosa o sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

“Por ello, y atendida la gran cantidad de causas judiciales existentes y en trámite en ese mismo momento, sobre el plazo de configuración de la confianza legítima de los funcionarios públicos a contrata, y considerando también la diferencia de criterios sostenidos tanto por esta Contraloría General como por los Tribunales de Justicia en dicho aspecto, es que se señaló que la determinación del plazo para configurarla devino en una materia litigiosa, como se desprende de las causas judiciales cuyos roles fueron invocados en dicho dictamen y de las demás en actual tramitación”, complementó.

Y sumó: “En consecuencia, se concluyó que, desde la fecha de emisión del referido dictamen -6 de noviembre de 2024-, esta Contraloría General debía abstenerse de conocer y pronunciarse sobre tales asuntos, exponiendo detalladamente en dicho pronunciamiento los fundamentos jurídicos que lo sustentaron”.