Quién es la jueza que liberó a Hermosilla, y el eterno listado de ministros de la Corte de Santiago que tienen chats con el penalista

Casi ocho horas se extendió, el 27 de agosto de 2013, la audiencia de formalización del sacerdote John O’Reilly quien era acusado de abuso sexual de menores de edad. Pese a la gravedad de los delitos, el religioso, quien era acompañado de su abogado defensor, Luis Hermosilla, quedó sólo con arraigo nacional luego de que la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, no acogiera la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Después de once años, en el mismo tribunal hay dos nombres que se repiten, pero uno de ellos con un rol distinto: el de imputado. El pasado jueves, la magistrada Díaz-Muñoz revisó las cautelares de Hermosilla, quien llevaba 205 días en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de cohecho y lavado de activos, entre otros. Tras los alegatos, la magistrada decidió sustituir la medida cautelar más gravosa por la de arresto domiciliario total, generando inmediatas críticas.

La decisión de la magistrada derivó en que la Fiscalía Oriente anunciara que recurrirían ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar su resolución. Díaz-Muñoz había cerrado el debate cuando, casi a la par, The Clinic publicaba una nota en que cuestionaba su rol en la primera diligencia intrusiva del caso.

La titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue quien recibió –el 14 de noviembre de 2023– la solicitud de orden de allanamiento de la oficina de Hermosilla, horas después de que Ciper diera a conocer un audio en que el profesional –en una reunión con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos– conversaba sobre la supuesta comisión de delitos para arreglar los problemas tributarios de la empresa Factop.

En la publicación online del medio se le atribuía a Díaz-Muñoz una especie de “responsabilidad” por haber retardado en 37 horas la diligencia de entrada y registro, lo que habría permitido a Hermosilla retirar documentos. Todo esto, según la misma nota, habría quedado registrado en imágenes que tiene en su poder la Fiscalía Oriente.

Cercanos a la magistrada rechazan tajantemente que ella haya dilatado la diligencia. Aseguran que, en la primera petición, el Ministerio Público solo adjuntó un audio que –sostuvieron– tenía origen anónimo, sin ningún peritaje que sostuviera su autenticidad. Y que la demora fue por parte de los persecutores, que luego llevaron la declaración de Villalobos en que esta reconocía ser quien grabó sin permiso ese registro de audio, y que daba por acreditados los eventuales delitos que ahí se describían.

“No se puede autorizar un allanamiento así como así de un estudio de abogados que cuenta con secretos profesionales”, comenta una fuente conocedora de esa diligencia.

Asimismo, desde el tribunal advierten que la Fiscalía Oriente nunca ha recusado a la magistrada, pudiendo hacerlo, y que la diligencia fue tan exitosa que el imputado entregó su celular sin borrar ningún mensaje, la gran mayoría de los cuales han abierto un sinnúmero de otras investigaciones penales que han hecho “caer” a jueces y fiscales.

“De qué lentitud u obstrucción se quejan”, manifiestan desde el Centro de Justicia.

Con todo, no pocos se preguntan quién es la jueza que liberó a Hermosilla.

Si bien la carrera judicial de la jueza Andrea Díaz-Muñoz Bagolini en el Poder Judicial comenzó en 2003, la magistrada cuenta con una vasta experiencia en Derecho. Es abogada de la Universidad de Chile desde 1998, además de contar con un master en Derechos Fundamentales de la Universidad de Jaén, España.

La magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago –de la jurisprudencia de la zona oriente de la capital– es jueza preferente de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y su carrera al interior de la justicia comenzó en el extinto 33er. Juzgado del Crimen de Santiago, donde asumió algunas causas reconocidas por aquel entonces.

Una de ellas es la denuncia en contra del empresario Claudio Spiniak por abuso sexual de menores de edad, que se tramitó en el sistema antiguo. Por aquel entonces, según dio cuenta La Tercera en 2013, Díaz-Muñoz era jueza suplente de un tribunal del crimen y le tocó entrevistar a una de las víctimas menores de edad.

Ese año, según la publicación de este medio, la jueza era definida como “una mujer acuciosa y muy estricta al momento de hacer cumplir la ley”, destacando que había sido ayudante en la universidad del diputado Juan Bustos, así como también que formaba parte de los jueces del movimiento “Nueva Justicia”, que correspondía a los magistrados definidos como “garantistas”.

Su nombre también ha figurado en otras polémicas resoluciones, como cuando el 2011 negó una orden de detención en contra de un adolescente de 15 años quien era sindicado como autor de un robo con violencia y abuso sexual, lo que levantó críticas de parte del mundo político.

Quienes la conocen dicen que Díaz-Muñoz es “un permanente dolor de cabeza” para el Ministerio Público, pues lo que dijo ayer en su resolución, que “la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada”, es uno de los principios que defiende a ultranza.

En su vida más personal, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago está casada con otro magistrado, Juan Carlos Silva, quien es titular del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Las opiniones de la jueza y su experticia en temas judiciales han quedado planteados en diversas columnas que escribió en el medio dedicado jurídico En Estrado, donde ha planteado expresiones sobre la meritocracia y los nombramientos, las autorizaciones judiciales para vaciar celulares y sobre “¿Cómo hablamos los jueces?”.

El cambio en la medida cautelar del penalista, como era de esperarse, derivará a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la Fiscalía Oriente ya afirmó que recurriría para revertir la decisión de Díaz-Muñoz.

Escenario que, al igual que en dos ocasiones anteriormente, nuevamente plantea un “desafío” al interior del tribunal de alzada, donde algunos de sus magistrados han sido mencionados precisamente en la causa de Hermosilla, lo que los dejaría inhabilitados de ver su causa.

En las otras ocasiones en que la Corte ha revisado la prisión preventiva de Hermosilla como medida cautelar, o a través de un recurso de amparo, se ha contado con la inhabilidad de los ministros Antonio Ulloa y Lilian Leyton. Ulloa, quien ha reconocido tener conversaciones con el penalista, ha sido cuestionado además por su propio nombramiento, así como también –según dio a conocer Ciper– por gestionar otros nombres.

En el caso de Leyton, fue mencionada por el hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, en el listado de jueces que tenían conversaciones con el penalista, aunque aún sus chats no han sido develados por The Clinic, Ciper o el Ministerio Público.

En el mismo tribunal de alzada ya está suspendida la ministra Verónica Sabaj, por el tipo de conversaciones que tenía con el abogado y mientras se lleva adelante un sumario en su contra.

Además de estos nombres, otros de los mencionados en indagatorias relacionadas con el penalista por los nombramientos –según dio a conocer Ciper– son el ministro Alejandro Aguilar y la ministra Graciela Gómez, quienes eran mencionados por Hermosilla y Ulloa en sus conversaciones.

Conversaciones sobre nombramientos, pero, en caso contrario, que también inhabilitarían a las ministras Carolina Brengi y Paula Merino, en contra de quienes Hermosilla quería intervenir para impedir que fueran elegidas para el tribunal de alzada, algo que no concretó. Por lo mismo, y pese a que existe una evidente distancia de las magistradas con el penalista, igualmente podrían quedar inhabilitadas para que se evite una “animadversión” en contra del abogado.

A los nombres de los ministros titulares se suma el de la ministra suplente Isabel Zúñiga, quien se inhabilitó de ver un recurso de Ángela Vivanco dado que había trabajado anteriormente con Luis Hermosilla.

Si bien aún la Fiscalía no ingresa la apelación, para lo que tiene cinco días, en el mundo judicial aún no existe claridad sobre qué sala revisará dicho requerimiento. Aquello, dado que el denominado caso Audio se radicaba en la Sala Undécima. Sin embargo, dicha causa fue agrupada con el caso Factop, que había sido revisado en la Primera Sala.

Como sea, si es que es vista en la Sala Uno estará en manos del ministro Guillermo de la Barra y la ministra Ana María Osorio, quien debe ser reemplazada dado que tiene dedicación exclusiva a investigar el fraude en el Ejército.

En la Sala 11, por su parte, y en caso de que la causa siga en esa sala, será revisada por el ministro Miguel Vásquez y las ministras Paola Plaza y Rommy Rutherford.