¿Quién le teme a los hermanos Osorio? Polémica por prohibición a abogados de acudir a la Contraloría en proyecto de integridad pública

Uno de los primeros en reaccionar en redes sociales fue Jorge Barrera. El reconocido abogado ex UDI y futuro miembro de Acción Republicana -a cargo de la estrategia para llevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo del aborto- se mostró indignado frente la inclusión en el borrador del proyecto de Integridad Pública de un acápite que regula el post empleo de abogados que se desempeñaron en el servicio público.

"Se propone que ningún abogado que se retire de cualquier administración centralizada o descentralizada del Estado pueda realizar presentaciones ante la Contraloría General de la República, representando interesantes de terceros, actuando como abogado, apoderado o representante, en contra de la institución a la que pertenecía en asuntos en que, en razón de sus funciones, hubiera tenido conocimiento o intervención", reza el texto que fue leído como una indicación con nombre y apellido, una regulación moldeada para los hermanos Cristóbal y Gabriel Osorio Vargas, del estudio Osorio & Vargas Asociados.

"Es que no lo puedo creer... en serio. Encuentro que es de una pequeñez infinita que me cuesta creer que llevará la firma del Presidente. Espero que enmienden esta tontera en contenido y en oportunidad política y el PL que ingresen no lo traiga", escribió en redes Barrera frente a la iniciativa.

Cristóbal y Gabriel tuvieron cargos en la pasada administración de Michelle Bachelet y han encabezado una serie de requerimientos del Partido Socialista frente a Contraloría que han opacado la agenda del gobierno: fueron claves en que se cayera el primer reglamento del aborto del ministro Emilio Santelices y se debiera elaborar un segundo, que está en toma de razón y que no cumple con las expectativas de la derecha; se opusieron a la designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina y, antes de una resolución del organismo fiscalizador, obligaron al Ejecutivo a echar pie atrás; y representaron el viaje del titular de Hacienda, Felipe Larraín, a Boston, a un encuentro de la Universidad de Harvard de abril, generando tal polémica que tras el reembolso de la casa de Estudios, Larraín cubrió de su bolsillo la diferencia en el costo del periplo.

En este contexto, el envío de la iniciativa por parte de Piñera generó suspicacia, toda vez que ya se había intentado frenar una intervención de Osorio Vargas ante el contralor Jorge Bermúdez cuando los parlamentarios de Chile Vamos Javier Macaya, Leopoldo Pérez y Luciano Cruz-Coke, anunciaron una falta de probidad en el escrito que habían presentado los diputados Leonardo Soto (PS), Daniel Nuñez (PC) y Boris Barrera (PC) respecto de Polo Piñera por una supuesta inhabilidad de los abogados patrocinantes, William García Machmar, quien fuera Jefe de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres y Gabriel Osorio Vargas, asesor de esta división entre los años 2015 y 2018. Ese escrito, como reveló La Tercera PM, había sido escrito en la actual Segpres y en él habían intervenido personeros del segundo piso de La Moneda.

Mientras Cristóbal fue jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Legislativa de la Segegob entre 2014 y 2015 y de la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente (2012 -2014); Gabriel fue asesor de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres entre 2015 y 2018, y abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad (2014 -2015). Los dos, por ende, tendrían restricción para acudir a la CGR.

Al respecto, Gabriel Osorio aseveró que "es un honor en términos profesionales estar en la cabeza del gobierno sólo por el trabajo desarrollado, por la fiscalización como ciudadanos de poner límite a las potestades del Ejecutivo, toda vez que ya se nos intentó evitar por otra vía, y sin éxito, que se pudiera recurrir a la Contraloría". Con todo, adujo que si tal normativa es aprobada en el Congreso, aun así debe ser revisado por el tribunal constitucional ya que se afectaría "el derecho al trabajo y el derecho a petición consagrados en la Constitución".