Quiénes son, qué buscan y con quién dialogan los vecinos de Villa Independencia en huelga de hambre por reconstrucción

La noche del domingo 2 de febrero comenzó una huelga de hambre en la cancha del Club Deportivo Villa Independencia. Al interior de una motorhome, cinco personas -cuatro damnificadas tras el megaincendio de febrero del 2024- iniciaron la acción que hoy cumple tres días. La manifestación nace por la que acusan escasa ayuda por parte del gobierno central a un año de la tragedia. Así lo confirmó la Agrupación Víctimas del Atentado Incendiario del 2 y 3 de febrero de 2024 mediante un comunicado, en el cual explicaron las acciones para llegar a una acción tan extrema es que las víctimas “siguen en abandono total”.

“Ante la indiferencia del gobierno y la falta de soluciones concretas, dirigentes damnificados han tomado la decisión extrema de iniciar una huelga de hambre, arriesgando sus vidas en un acto de desesperación para exigir respuestas y justicias”, se agregó en el documento.

Se trata de tres hombres -Víctor Luciano Quintana (43), Jorge Rojas (47) y Jaime Mella (57)- y dos mujeres -Evelyn Riquelme (44) y Ana Lucía Ramírez (61)-. De ellos, Quintana es representante de la Agrupación Víctimas del Atentado Incendiario; Rojas es representante de la comunidad de Viña del Mar; Mella es director de Vivienda de la ONG Sobrevivientes; Riquelme es dirigente del Comité 21 de abril de Villa Independencia y Ramírez es presidenta del Comité Pompeya de Quilpué.

“Por supuesto que nos preocupa la situación de salud de las personas en huelga de hambre, y por lo tanto esperamos que esta situación se pueda superar prontamente, porque nos preocupa mucho su situación”, aseveró al respecto la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, encargada de la reconstrucción.

No obstante, no todos son damnificados por el megaincendio. Quintana cuenta con domicilio en Valdivia, región de Los Ríos, y habría llegado como voluntario hace un año. Según confirmaron autoridades locales a La Tercera, como la Municipalidad de Viña del Mar, Quintana no cuenta siquiera con ficha Fibe, quien contactado por este medio confirmó que efectivamente no fue damnificado por los incendios y que su labor en la huelga “es de apoyo a la comunidad que conocí y que hasta la fecha se encuentra afectada por la falta de respuesta y eficiencia por el estado”. Él hoy dice representar a la Agrupación Víctimas del Atentado. “Nunca he ocultado que soy voluntario, no recibo financiamiento de nadie y no busco beneficiarme con los bonos o ayuda estatal”, asegura.

Apenas se inició la huelga, los integrantes verbalizaron un petitorio hacia las autoridades con nueve demandas que los afectados buscan que sean resueltas para deponer la huelga. La primera de ellas es un “Bono de Acogida Universal, sin ninguna discriminación para todos los damnificados”, seguido por “la garantía de subsidios de reconstrucción para viviendas dignas y seguras” y “la modificación del Decreto 332, eliminando las restricciones que impiden el acceso a beneficios para allegados, arrendatarios, personas con segunda vivienda, herencias y sucesiones, y viviendas con daño parcial”.

Además, la agrupación acusó a las autoridades de ignorar “sistemáticamente nuestras demandas, condenándonos a vivir en la incertidumbre, sin vivienda, sin apoyo y sin justicia”. Y es que según entendidos, la situación que habría detonado la huelga habría sido que las autoridades no asistieran a una reunión que tenían pactada con los damnificados el pasado 22 de enero.

Es más, aseveran que solo asistió el gerente técnico de la reconstrucción, Patricio Coronado. A eso se sumó el hecho de que a más de una semana de haber anunciado la huelga, ninguna autoridad se habría contactado con ellos para intentar detenerla.

Por lo mismo, exigieron una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, y con los ministros de Interior, Carolina Tohá; Vivienda, Carlos Montes; Desarrollo Social y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro; de Hacienda, Mario Marcel y el subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Tras efectuarse la medida, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, realizó una autocrítica expresando que “como gobierno entendemos que no se ha avanzado en los tiempos esperados en el proceso de reconstrucción. No obstante, seguimos reforzando este trabajo para poder entregar las soluciones que las familias de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana necesitan”.

La delegación es el organismo encargado de la comunicación oficial del gobierno con los huelguistas, aunque a la fecha no se ha establecido una mesa de negociación para deponer la acción.

Aunque este martes la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), envió una carta al delegado presidencial de la Región de Valparaíso, solicitando creación de canales de diálogo entre el gobierno y los manifestantes.

En la carta, Ripamonti entregó los antecedentes generales de la huelga, afirmando que además de las cinco personas que se encuentran realizando la medida de presión hay otros 50 vecinos que los acompañan.

Asimismo, agregó que en el documento no cuentan con información formal. No obstante, sostiene que “hemos tomado conocimiento de que sus planteamientos estarían relacionados con necesidades y solicitudes vinculadas a las capacidades de los distintos niveles de gobierno, en particular, la falta de certezas en los plazos de reconstrucción, incertidumbre respecto de la continuidad de los bonos otorgados, falta de información y/o indeterminación de personas hábiles e inhábiles para optar a subsidios con motivo de la emergencia, entre otras cuestiones relacionadas con el megaincendio”.