Quiénes son y a quiénes defienden: el mapa de los abogados penalistas tras el caso líos de platas

A poco más dos meses desde que estallara el escándalo que involucra a la fundación Democracia Viva por sus convenios con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, el Ministerio Público ya investiga más de 130 traspasos desde instituciones del Estado -seremis y gobiernos regionales- a 53 fundaciones.

Estas investigaciones han derivado en una red de 16 abogados penalistas que, en distintas regiones, defienden tanto a las ONG cuestionadas como a sus representantes.

En el caso de Daniel Andrade, el exmilitante de RD y cabeza de Democracia Viva sobre quien inicialmente se dirigieron los cuestionamientos, fichó a los penalistas del estudio JAF Abogados José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Etcheberry, Juan Pablo Roncone y Diego Sporman. Una de las primeras medidas judiciales ejercidas por Andrade fue solicitar ser parte en la investigación, como imputado, además de abrir sus cuentas bancarias y entregar los contratos entre su ONG y la Seremi de Antofagasta.

El estudio, cuenta con experiencia en casos de connotación pública, y es que Germán Cueto participó de la defensa del exdirector jurídico de la Municipalidad de Cerro Navia, Óscar Lantadilla, en el denominado Caso Basura.

Por su parte, la diputada de RD Catalina Pérez -pareja de Andrade cuando éste dirigía la ONG y cuyo exjefe de gabinete fue el seremi de Vivienda que abrochó el convenio con ésta- designó a sus propios defensores. Según dio a conocer La Tercera, se trata de los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, quienes representarán a la parlamentaria ante la Justicia por la fundación que inició el denominado caso lío de platas.

Ambos abogados tienen amplia experiencia en litigaciones complejas, de hecho, participaron en la defensa del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el Caso Penta.

Pero no sólo los titulares de las organizaciones investigadas han buscado defensores penales, sino que también las propias fundaciones ya cuentan con representantes ante los tribunales. Democracia Viva, el pasado 9 de agosto presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para “poner correcto término” a los tres convenios que mantenían con la entidad de gobierno. En esta arista, ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la ONG es representada por Victoria Silva Concha.

Asimismo, Revolución Democrática también intentó ser parte de la causa que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta en contra de Democracia Viva, para lo cual acudió a la abogada penalista Libertad Triviño, socia del estudio Horvitz y Compañía Limitada. Sin embargo, ello no prosperó, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogiera una solicitud hecha por parlamentarios republicanos y decretara la exclusión del partido.

Otra de las fundaciones indagadas desde un comienzo por convenios realizados en las regiones de Antofagasta y Maule es Urbanismo Social. La organización nombró al reconocido penalista Luis Hermosilla, quien ha litigado en casos como la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay representando al Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Además, es el histórico abogado de la familia del exsenador Jaime Guzmán, y también defendió al sacerdote legionario John O’Reilly en la causa por abuso sexual en la cual fue declarado culpable.

Por su parte, la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, fichó al estudio Barruel y Borzutzky. Una de las primeras acciones ejercidas por la abogada Susana Borzutzky fue ingresar una denuncia en contra del Minvu acusando engaño para suscribir los convenios. La penalista ha trabajado en causas como la que indagó el mal uso de recursos públicos en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia durante la administración de la exalcaldesa Josefa Errázuriz. Además, defendió a una presunta víctima de delitos sexuales por parte del oncólogo Manuel Álvarez, y recientemente comenzó a encabezar la defensa del exdirector general de Carabineros Mario Rozas.

La Fundación Enlace Urbano, por su parte, allanada el 9 de agosto por convenios con la seremi de Antofagasta, está siendo defendida por el abogado Matías Kunsemüller, quien representó a TVN ante la Corte por un recurso presentado por el senador Manuel José Ossandón por un reportaje que lo mencionaba. También fue abogado del periodista Iván Núñez cuando fue atacado con disparos en la Macrozona Sur.

No sólo abogados privados encabezarán las diligencias de las ONG y sus representantes. Y es que en aquellos casos en los cuales los imputados no cuenten con un abogado privado, la Defensoría Penal Pública (DPP) es la que asume su defensa. Es el caso de Camila Polizzi, quien está siendo investigada tras -presuntamente- haber “arrendado” la Fundación En Ti para lograr un convenio por más de $ 250 millones que se justificaron -entre otras- con boletas de compras de ropa interior, lo que valió la denominación del caso Lencería.

Polizzi es representada por el defensor penal Pablo Ardouin, exjefe de la unidad de estudios de la defensoría en Valdivia y desde febrero es defensor local jefe de Concepción. En el mismo caso, su expareja, Sebastián Polanco, es defendido por la penalista Ximena Pulgar. Mientras que la exencargada de la unidad de Participación Ciudadana del Gobierno Regional del Biobío, Tamara Vidal, es representada por Claudio Vigueras, de la DPP.

Este último profesional fue defensor del sargento de Carabineros John Mograve, acusado de disparar a dos adolescentes al interior de un centro del Sename en Talcahuano durante el denominado estallido social. Además, fue el abogado de una mujer en Concepción que fue sobreseída tras dar muerte a su expareja en defensa propia. En el caso de Ardouin, fue el defensor del carabinero que fue sobreseído por disparar a un malabarista en Panguipulli el 2021.

En la misma región, pero por los convenios entre el GORE y la Fundación Kimün, su presidente, Jaime Huincahue, tiene como abogado al defensor penal público Eduardo Anasco. Mientras que al excandidato presidencial de la extinta Lista del Pueblo, Diego Ancalao, quien se encuentra en prisión preventiva, lo representa el abogado privado Ramón Sepúlveda. Este último es abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso Luminarias; defiende a Martín Miranda, administrador electoral de la campaña de Karina Oliva, en el marco de la investigación de la Fiscalía por la rendición de dineros al Servel; y defendió al exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos Juan Martínez en el caso Penta.