¿Quiere reclamar por sus contribuciones? No puede: tribunal especial no opera hace casi dos años por falta de jueces

El Tribunal Especial de Alzada (TEA) de Santiago, segunda instancia que resuelve los cobros de contribuciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII), desde enero de 2020 que no revisa causas y desde marzo del mismo año que no emite resoluciones.

En este año y 10 meses se han acumulado al menos 31 procesos sin revisar. Y no precisamente por la pandemia.

El tribunal no ha operado pues le falta un integrante. Para poder sesionar, necesita de sus tres ministros: su presidente, que debe ser un ministro de la Corte de Apelaciones, y otros dos profesionales técnicos, ya sea un arquitecto, ingeniero en construcción civil o ingeniero en construcción. El fallecimiento del arquitecto que lo integraba en 2018, y la renuncia en 2019 de otro, un ingeniero civil, provocó que el tribunal esté hasta el día de hoy compuesto por quien lo lidera, el ministro de la Corte de Apelaciones Juan Cristóbal Mera y la arquitecta Sonia Castro, por lo que falta un integrante para operar.

El nombre para el cupo restante -un profesional técnico del área de la construcción- debe ser presentado ante el Presidente por el Ministerio de Hacienda. El ministro Mera afirma que desde que quedó vacante el puesto, ha emitido tres oficios al Presidente de la República, pero “no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos”.

¿Por qué? Mera cree que la demora en el llamado a cargo de Hacienda se debe a una falta de prioridad por parte de la cartera. Mientras que abogados del área plantean que -junto a la excesiva contingencia que debe abordar el ministerio- la falta de nombramiento es por la baja remuneración de los jueces: sólo unos cinco mil pesos por audiencia.

El monto está fijado en el decreto ley N°2.325 de 1978, modificado en 1990 y que hasta la fecha no ha sido actualizado. Este indica que “los miembros de los Tribunales Especiales de Alzada y sus secretarios, de que trata el Artículo 121 del Código Tributario, gozarán de una asignación, que será de cargo fiscal, de cinco mil pesos por sesión a que asistan, con un máximo, por cada mes calendario, de 70 mil pesos”.

Mera afirma que el poco presupuesto también es un problema, pero “no puedo determinar que sea la principal causa para que no haya designación”.

Ante ello, Eugenio Benítez, abogado especialista en materia de impuesto territorial, cree que la falta de designación es porque “los ministros ganan muy poco, lo que se traduce en que no hay interesados. Con el bajo sueldo no se puede apelar a que haya profesionales especializados en la materia”.

Mientras que el abogado tributario de Recabarren y Asociados Luis Felipe Ocampo cree que la razón para no designar a un tercer ministro de este tribunal es la falta de prioridad por parte del Ministerio de Hacienda. “Con la contingencia de los retiros, la discusión del presupuesto, la reforma tributaria, esta situación ha perdido prioridad en la lista”, dice. Para él, en un segundo lugar está la falta de interés, ya que si abrían un llamado a concurso éste se habría dado por desierto, tema que no ocurrió.

El pasado 27 de octubre, el Colegio de Abogados ofició al gobierno para avanzar en el nombramiento del ministro faltante, con el objetivo de continuar con las causas pendientes en esta materia. El presidente de la instancia, el abogado Héctor Humeres, dice que hay una preocupación en el gremio, ya que “es importante, porque ve el tema de los avalúos de bienes raíces, no se puede tener problema con las evaluaciones y eso se dificulta. Finalmente, no se cumple con el derecho a justicia de quienes reclaman”.

Humeres enfatiza en que se debe corregir el monto de las asignaciones. “Considerando todo el trabajo que requiere, no se puede pagar cinco mil pesos por sesión”. Y agrega que se debe modificar el proceso, ya que en este estaba involucrado el intendente de la región, figura que no rige ahora: “Tenemos la duda de si será el delegado presidencial el que deba filtrar la terna o el gobernador”.

Hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Hacienda no entregó respuesta.

El abogado Luis Felipe Ocampo explica que el gran problema es que las personas deben seguir pagando las contribuciones de sus propiedades según la evaluación que realice el Servicio de Impuestos Interno. En caso de no estar de acuerdo con dicho monto, no tienen a qué entidad reclamar y deberán seguir cancelando el valor impuesto, ya que de no hacerlo el contribuyente generará una deuda.

“La demora en este proceso provoca un abandono de deberes del Estado. Se ha solicitado en todos los tonos que se designe a un integrante y, por ende, se está vulnerando una garantía constitucional que es el acceso de un tribunal independiente e imparcial”, dice Ocampo.