El 23 de diciembre de 2024, en la localidad de Pangalillo, comuna de Los Vilos, se hallaron los cuerpos sin vida de Roxana Barrientos (30) y su conviviente Álvaro Olivares (31). Según la Policía de Investigaciones, Olivares disparó contra Barrientos, quien tenía ocho meses de embarazo, y luego se suicidó. Este crimen se convirtió, según las cifras del Ministerio de Seguridad, en uno de los 42 femicidios consumados registrados en 2024.

Crímenes como el de Roxana Barrientos no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se repite año a año en Chile. Así lo revela el último informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que caracteriza los femicidios registrados en 2024 y permite identificar tendencias comunes entre las víctimas, los agresores y el contexto en que ocurrieron los asesinatos.

Según el informe, más de la mitad de las víctimas de femicidio consumado en 2024 tenía entre 18 y 39 años. En detalle, el tramo más afectado fue el de 30 a 39 años, con un 35,7% de los casos, seguido por el grupo de 18 a 29 años, que concentró el 21,4%. Solo un 14,3% de las mujeres asesinadas tenía más de 50 años. Por último, un 7,1% eran menores de edad.

En cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los femicidios, el informe revela que la mayoría de los crímenes se cometió en espacios privados: un 45,2% tuvo lugar en el domicilio de la víctima y un 26,2% en el hogar que compartía con el agresor. En menor medida, los hechos ocurrieron en la vía pública (19%) u otros lugares como sitios eriazos o vehículos.

Sobre los métodos utilizados por los agresores, la mayoría de los femicidios consumados en 2024 se cometió mediante métodos agrupados en la categoría “otros”, que representa el 42,9% de los casos. Esta incluye una variedad de formas de agresión como golpes, ahorcamiento, estrangulación, sofocación, uso de objetos contundentes, incendios, agresión sexual o incluso el lanzamiento desde altura. Le sigue en frecuencia el uso de objetos cortantes o punzantes, presente en un 33,3% de los crímenes, lo que da cuenta de la violencia directa y letal ejercida en la mayoría de estos hechos.

Además, Danitza Pérez, investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la UDP, afirma que hay otras circunstancias que se repiten: “El femicidio íntimo, es decir, donde hay un vínculo entre la víctima y el victimario, sigue siendo el que más prima en estos casos. Sigue habiendo mayor cantidad de femicidios en la esfera íntima, de parejas, exparejas, exconvivientes, etc., que de personas desconocidas. Ese mito del misógino que anda caminando por la calle asesinando mujeres es un caso muy excepcional. No son casos comunes”.

Así también lo confirman las cifras: según el informe, el principal contexto en el que se producen los femicidios consumados es el homicidio interpersonal VIF, es decir, en el que víctima y victimario tienen algún tipo de vinculación sentimental o familiar, los que representan el 81,0% de las víctimas de estos casos. Por otro lado, el 14,3% corresponde a casos en los que se halló un cadáver en el que, debido a las características, existe participación de terceras personas. En el 4,8% de los femicidios, corresponde a muertes interpersonales pero no en un contexto de violencia intrafamiliar, es decir, entre dos personas pero que no tienen una vinculación familiar o sentimental.

En ese contexto, Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros y académico U. Central, sostiene que “la detección temprana de la violencia en estas relaciones es clave para evitar que se llegue a casos fatales. Es fundamental denunciar cualquier acto de violencia para erradicar esta mala práctica, pues, como se señala, muchas veces estos casos de violencia en parejas jóvenes culminan en asesinatos”.

Medidas de prevención

Consultados por La Tercera, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito de Chile afirmaron que están en coordinación con otras instituciones como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, policías y municipios para implementar y ejecutar medidas que buscan prevenir este delito.

“Hemos avanzado hacía una mejor identificación de este delito a través de datos desagregados y estudios focalizados en mujeres, cuya información es útil para orientar acciones más efectivas en materias de seguridad; asimismo, permite analizar los delitos que afectan mayormente a las mujeres, a fin de generar políticas que permitan prevenirlos”, afirman desde el organismo.

Además, han implementado otras estrategias como el Programa Apoyo a Víctimas (PAV) y precisan que “a través de los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD) llevan a cabo un proceso de intervención a víctimas de violencia de género en coordinación con Sernameg. Desde el año 2022 se ha atendido a 6.720 mujeres víctimas de delitos en contexto de violencia intrafamiliar”.

Y detallan que a nivel regional, en todas las regiones del país se ha priorizado el delito de violencia intrafamiliar, a través de los Consejos Regionales de Seguridad Pública a nivel nacional y se ha capacitado a funcionarios públicos, con especial énfasis en Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, en materias como victimización secundaria, primeros auxilios psicológicos y adopción adecuada de procedimientos VIF.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, destaca entre los avances que “la Ley Integral es un giro en la estrategia contra la violencia de género en Chile. Esta ley, aprobada después de siete años de discusión parlamentaria, marca un nuevo estándar de acción para todos los organismos del Estado, incluidas las policías, tribunales, etc., y establece acciones de prevención y sanción, como la fiscalización de las medidas cautelares para proteger mejor a las víctimas o como la suspensión de visitas a hijos en común hasta que se resuelva la causa por agresión contra el victimario”.

y agrega que “asimismo, fortalece el accionar del Sernameg, servicio que hemos modernizado para pasar de 3 a 24 Centros de Atención Especializada en Violencias de Género en todas las regiones del país, los que en 2024 realizaron más de 20 mil atenciones psicosociales a mujeres que han sufrido violencia grave o extrema y permitieron quintuplicar el apoyo jurídico que entrega el servicio”.