Radiografía de la crisis del sector cultural: el 55% tuvo ingresos mensuales de $300 mil o menos

No se trata de percepciones ni estados de ánimo, sino de cifras. De una realidad que se puede medir y analizar a través de instrumentos metodológicos que permiten, además, evaluar qué cambios se producen a través del tiempo.

El Observatorio de Políticas Culturales (OPC) anuncia los primeros resultados del Monitoreo Nacional de Trabajadores de la Cultura. Un estudio panel que analiza la situación laboral, económica y de salud de un universo de más de cuatro mil artistas y trabajadores de la cultura de todas las regiones del país.

“Los resultados confirman que la situación de los artistas es grave, y que la ayuda de gobierno no ha sido significativa para este sector”, asegura Bárbara Negrón, directora del OPC. “En la segunda medición, que iniciamos el domingo pasado, y en las posteriores, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Al aplicar esta encuesta, entre el 8 y el 28 de julio, todavía no estaban desplegadas todas las convocatorias. Sin embargo, ya vemos varias señales bastante profundas”, agrega.

Lo primero que deja en claro el estudio, afirma, es el grado de paralización del sector: el 81% muestra una disminución o el cese absoluto de su actividad cultural. Asimismo, el 55% obtuvo en el último mes ingresos mensuales por $300 mil o menos. Se identifican, además, áreas en que el cese de actividades ha producido una baja dramática de ingresos. “En el caso del teatro, de la danza y de la música, por ejemplo, el rango de las personas que ganan en un año normal entre $ 500 mil y $650 mil mensuales tienen una baja del 77%, o sea, es un impacto altísimo. Me ha tocado ver algunas otras cifras de otros sectores y no son tan altas como éstas”, comenta Negrón.

Aunque el 22% accedió a la devolución anticipada de los impuestos, el análisis refleja la escasa permeabilidad que ha tenido el sector a las medidas de apoyo en pandemia del Gobierno. El 54% no accedió a ningún beneficio. “En julio cuando se hizo la encuesta, ya estaban instalados la Ley de Protección del Empleo y el Bono Covid, pero el porcentaje que se vio beneficiado es absolutamente marginal: un 2% y un 7% respectivamente. Eso demuestra que el sector cultural está fuera del radar del Estado y los beneficios del Gobierno simplemente no llegan”, explica la especialista.

La caja de alimentos, en tanto, llegó al 17% de este universo, y el Ingreso Familiar de Emergencia, al 8%.

Para el OPC sólo dos cifras fueron inesperadas: que el 76% de los artistas no postuló a los fondos de emergencia del Ministerio de las Culturas, y que el 22% sufre una enfermedad crónica.

“Tristemente, los resultados no nos sorprenden. Los artistas no han podido ser sujeto de beneficios sociales”, reconoce Negrón. “Sabíamos que ya la situación del sector era muy precaria, y lo que hace la pandemia es desnudar esa precariedad. La situación sólo podría verse más agravada”, asegura.

“Es un sector informal, hay muchos ámbitos en los que no ves una boleta y donde no existe la figura clara del empleador. Estos trabajadores no están en el mundo de los dependientes, pero tampoco están propiamente en el mundo de los independientes. Están en tierra de nadie”, profundiza Negrón.

Las características del sector cultural, además de la informalidad, que los hace poco medibles, incluyen el trabajo por temporadas y una serie de particularidades que no les permiten ser beneficiarios de las medidas de emergencia.

“El gran problema de todo el primer paquete de medidas fue que te exigía calificación por el registro social de hogares, y esa herramienta no era efectiva, porque es un instrumento para medir pobreza extrema y no permite una clasificación expedita de la clase media, por muy precarizada que esté”, asegura Daniela Espinoza, presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual (Sinteci).

“Desde el Gobierno nos dijeron postulen a ficha de protección social porque van a entrar al registro social de hogares y van a recibir los bonos, y nosotros aclaramos que es muy difícil que la ficha nos califique bien, porque tenemos características particulares que generan brechas. Yo misma lo expliqué a fines de abril en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en una sesión con el subsecretario de las Culturas Juan Carlos Silva”, asegura la dirigente.

“Lo primero es que este sector tiene un cierto grado de formación técnico profesional o universitaria, entonces te puntea tu nivel de educación. Si tienes hijos en colegios particulares o particulares subvencionados, si tienes Isapre o cierto tipo de Fonasa, eso te aumenta puntos, y mientras más puntos menos puedes acceder. La clase media no entra ahí”, detalla Espinoza.

Otros indicadores son el tipo de techo de la vivienda, si tiene piso de tierra, y de dónde viene la toma de agua, si está en el interior o en exterior, si hay que entrar el agua con balde. “Cuando se dieron cuenta de que estos parámetros como tipo de techo y del ingreso de agua no aplicaban para nosotros como sector y para la ciudadanía en general, por gestión de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se incluyó una rectificación que permitiría incluir una declaración jurada que primaba sobre tu calificación, donde decías efectivamente estoy cesante, no tengo ingresos y eso permitía que recibieras el beneficio. Pero esa declaración sólo aparecía en la página cuando tú apelabas”, agrega la productora audiovisual.

El trámite necesario era: llenar la ficha, esperar el mes calendario que demora la evaluación y estar atentos al rechazo, para entonces apelar diciendo que no se tiene ingresos. “Y ahí recién se inicia de nuevo tu proceso. Entonces, lo que está pasando es que recién ahora hay gente a la que le están pagando la primera o la segunda cuota”, afirma la productora audiovisual.

Respecto de las otras medidas de apoyo, aclara Espinoza que al Ingreso Familiar de Emergencia accedieron fundamentalmente artesanos y artistas de circo, que ya estaban inscritos desde antes en el registro social de hogares. Y que el Bono Clase media, de $ 500 mil para todo trabajador a honorarios que hubiese ganado hasta $ 2 millones en el último año y que tuviera una baja de ingresos del 70%, “funcionó un poco más. Pero el problema aquí, y lo dijimos en su momento, es que muchos trabajadores de la música y las artes escénicas dan pocas boletas. Por ejemplo, si un grupo musical toca en un lugar, es uno el que da la boleta por todos, entonces aparece uno como si hubiera ganado $ 4 millones y los otros siete como si hubieran ganado cero. Entonces, se invisibiliza el ingreso de muchos. Eso pasa sobre todo con las municipalidades, porque si los contrataran como grupo tendrían que licitarlo, entonces contratan a uno para que toquen todos”.

“Desde el punto de vista de Unesco constatamos que la crisis sanitaria y también la crisis económica causada por el Covid sobre el campo cultural es catastrófica; el impacto es social, económico y político, en cuanto afecta el derecho fundamental de las personas a participar en la vida cultural”, comenta Nicolás del Valle, coordinador asociado del Programa de Cultura de la Unesco para Chile.

“El impacto en los trabajadores de la cultura en Chile es catastrófico, estos datos lo muestran. Es claro que el desafío de atender las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores de la cultura debe ser una prioridad para los planes de recuperación, de reactivación y de fortalecimiento del sector de la cultura”, agrega el cientista político.

“Lo primero que indican las cifras del monitoreo es cómo el sector de la cultura, en términos laborales, está invisibilizado en las estadísticas nacionales. De aquí se desprende que las ayudas económicas existentes por parte del Gobierno no están llegando particularmente al mundo de la cultura”, explica Del Valle.

Los artistas y trabajadores culturales, aclara, “no encajan en los parámetros generales de las ayudas de Gobierno justamente porque no encajan con los parámetros generales de la economía en su conjunto. Entonces el llamado es a elaborar políticas públicas que atiendan a la especificidad de cada campo, pero siempre en diálogo intersectorial con Hacienda y con Economía. Así, si hay una ayuda específica proveniente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que en el diseño de ese instrumento participen los especialistas en cultura para relevar las características particulares del sector y que no queden fuera”.

Ese diálogo de Cultura, Hacienda y Economía es, a su juicio, indispensable para considerar la dimensión de seguridad social de los trabajadores de la cultura, algo tan urgente como orientar las políticas hacia una mayor formalización de sus condiciones laborales.

Coincide Bárbara Negrón: “El Estado se tiene de alguna manera que hacer cargo de los agentes culturales, no puede ser que no sean sujeto de políticas. El Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio del Trabajo se tendrá que hacer cargo de este tipo de trabajadores. Falta una legislación que reconozca sus condiciones precarias pese a su situación de estudios, que se entienda su naturaleza, y se acoja al trabajador en esta singularidad, como cuando tú entiendes y acoges la naturaleza del trabajo de los temporeros”.

En ese sentido, ve como “una señal positiva” el surgimiento de la Bancada Cultural en el Congreso: “Ya la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados había estado muy pendiente de la situación, en su rol fiscalizador. Sin embargo, son esperables también señales más concretas, por ejemplo, proyectos de leyes. Hay que legislar sobre la situación del trabajador cultural”.