“Razones políticas”: ex abogados de Interior demandan al Estado y acusan haber sido perseguidos por su rol en el estallido

Uno de los episodios que relatan seis abogados, que fueron desvinculados de la División Jurídica del Ministerio del Interior, para retratar el acoso laboral que acusan haber vivido por parte de funcionarios del gobierno de Gabriel Boric es que mientras aún estaban confeccionando querellas, presentándose a audiencias telemáticas, pidiendo carpetas de investigación a las fiscalías, su jefa, Camila Barros, entrevistaba en la misma oficina que compartían a quienes luego los reemplazarían en sus puestos de trabajo. “Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instrucciones directas –sino por intermedio del Whattsapp– ni saludos, ni asignación de nuevos trabajos” se lee en la demanda por tutela laboral que los profesionales presentaron ante la justicia y que busca que se les indemnice por haber sido víctimas de discriminación política.

En el libelo, al cual tuvo acceso La Tercera PM, se hace un detalle pormenorizado del trabajo que realizaron durante el tiempo que trabajaron en el área judicial de esa división, algunos de los cuales se han desempeñado en ese lugar traspasando los dos gobiernos de Michelle Bachelet y los otros dos de Sebastián Piñera. Con todo, esbozan, creen que fue el rol que les correspondió presentando querellas contra los denominados “presos del estallido social” y por “el conflicto mapuche” en la administración pasada lo que les valió, en definitiva, su salida abrupta los últimos días de marzo.

“La motivación que se esconde tras de los actos denunciados radica en las críticas políticas manifestadas por las nuevas autoridades a la estrategia judicial ejecutada por el equipo de abogados del área judicial de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, bajo las instrucciones del gobierno anterior, en la persecución penal de los delitos relacionados con el estallido social y el conflicto mapuche”, aseguran. Junto con esto adjuntan opiniones en Redes Sociales que dio en el pasado el hoy Jefe de Estado cuando era diputado y que apuntaba a cuestionamientos a la persecución penal y la invocación, en algunos casos de la Ley de Seguridad del Estado. En la demandan ponen como ejemplo un tuit de Boric del 8 de enero de 2020: “A propósito de nueva amenaza de aplicar ley de seguridad de interior (antes fue por torniquetes), el gobierno repite estrategia que ha fracasado una y otra vez durante los últimos meses en Chile. Atacar las consecuencias de la crisis social y no sus causas”.

“Que se acoja esta denuncia, de manera de inhibir este tipo de conductas y evitar que la alternancia en el poder, en el contexto de un régimen democrático, vaya asociado al despido masivo de trabajadores, como en este caso”.

Extracto de la demanda.

Los ex abogados del Ejecutivo sostienen que ellos no tomaban las decisiones de querellarse o no, tampoco de invocar -por ejemplo- la LSE, ya que esas eran atribuciones de la autoridad política. Pese a esto, sostienen, al cursar estos despidos masivos en el área: “en definitiva, se excluyó de su trabajo a personas en razón de las opiniones políticas del empleador”. A juicio de ellos esto “constituye una desigualdad de trato en el empleo y por ende una discriminación, ya que el trabajo desarrollado por los actores es una prestación de servicios que perfectamente puede ser realizada por personas que trabajaron bajo las órdenes y estrategias judiciales de un gobierno distinto, dado que no hay nada que nos haya impedido ejecutar las nuevas instrucciones, como por lo demás quedó demostrado con el inmediato retiro de las querellas que los mismos actores realizamos el primer día de asumidas las nuevas autoridades”.

Especial énfasis, hacen en la demanda, de que después de denostarlos, ya que su jefatura no les hablaba y frente a ellos entrevistaba a sus reemplazos, “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública contrató a igual número de abogados que los actores inmediatamente tras el despido de los mismos, y que el proceso de reclutamiento se llevó a cabo mientras estos aún cumplían funciones”. Todo esto, aseguran, está prohibido en la ley y por ello piden que se acoja el líbelo acusatorio. “Los elementos aportados permiten concluir que, pese a que los actores fueron oportunamente seleccionados para su ingreso y, en su caso, promovidos en función de su desempeño, y contaban además con un sistema de control permanente de su gestión por medio de informes mensuales de actividades, así como mediante la renovación anual de sus contratos, igualmente se les despidió sin entregárseles ningún motivo”, se lee en el documento.

Asimismo apuntan a que una de las personas que llegó a asesorar es Javiera Corbalán Schindler, quien -aseguran- “llegó como nueva Coordinadora Judicial, cuya designación tuvo una extensa cobertura en prensa por cuestionamientos a su falta de experiencia profesional”. La abogada juró como tal en 2019.

La acción judicial de tutela fue ingresada este jueves y pronto será notificada al Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien representará al Gobierno durante el juicio. Los demandantes son el ex coordinador del área penal, que estuvo más de 17 años en esa repartición, el abogado Carlos Flores, y quienes eran parte de su equipo: Sofía Hamilton, Ignacio Zúñiga, Débora Muñoz, Gabriel Arias y Ramón García.

Quienes desempeñaron funciones al interior de esa división sostienen no haber sido cargos de confianza, sino más bien tener un perfil técnico. Apuntan además que la única persona que se “salvó” de la exoneración masiva fue uno de los integrantes del equipo que, según una nota de La Tercera, fue maltratado por las nuevas jefaturas, episodio que al ser publicado, de cierta forma, lo blindó. Agregan que la decisión de sacarlos “se adoptó apenas transcurridos 18 días desde la fecha en que asumió el nuevo Gobierno y su jefatura directa, lo que no puede sino ser considerado caprichoso, desde que ese período es a todas luces insuficiente para evaluar el desempeño de cualquier persona. Todo lo anterior demuestra que el despido de los actores debe ser calificado, en un primer orden de consideraciones, como innecesario, desproporcionado e inidóneo a la luz de sus competencias”.

Los ex abogados de Interior sostienen ante el tribunal que existen serios indicios de todo lo que acusan en la demanda y que eso va “desde las opiniones ventiladas por la prensa, los compromisos del Gobierno, la presión de organizaciones civiles y familiares de los involucrados (presos del estallido), y la anunciada primera medida del Gobierno entrante para el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, la que fue calificada como “el primer “gesto” a los presos del estallido”. Junto con esto califican como arbitrario y desproporcionada la decisión, que además fue temprana e intempestiva y que abarca la mitad de un grupo de trabajo muy numeroso y que no se ha replicado, hasta el momento, en ninguna otra repartición de La Moneda. “No existen antecedentes de que en el mismo Ministerio, u otro, se haya verificado el desarme de un equipo con ocasión del cambio de autoridades”, dicen.

Apuntan a que todo lo relatado los lleva a “concluir inequívocamente” que a su desvinculación lo que subyace es una discriminación por motivaciones de índole política. “Lo anterior, se refuerza porque no resulta lógico y es contrario a la experiencia, que se despida a seis profesionales abogados de una misma área, sin ninguna explicación, en el contexto temporal y circunstancias ya latamente expuestas”, se lee.

En la demanda los profesionales relevan, además, que la actual jefa Jurídica, Camila Barros, ya había trabajado antes en esa división, siendo también desvinculada en la administración anterior, al igual como ocurre hoy con ellos. Entonces, finalmente plantean, que esta masiva exoneración le da la razón a una publicación de un periódico que planteó que uno de ellos, Carlos Flores, “para este gobierno encarna las querellas del estallido social, un tema sensible para esta administración”.

Ante esto piden a la justicia que se acoja la denuncia con las más altas medidas reparatorias y/o multas que la ley establece, atendido lo grave e inusitado de los hechos. “De manera de inhibir este tipo de conductas y evitar que la alternancia en el poder, en el contexto de un régimen democrático, vaya asociado al despido masivo de trabajadores, como en este caso”, sentenciaron.