Reconocimiento constitucional o un fondo de reparación para víctimas y tierras: los puntos de acuerdo de la Comisión por la Paz

Menos de un mes resta para que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento tenga que entregarle al Presidente Gabriel Boric una propuesta, según le fue mandatado, para encontrar una salida al conflicto de tierras en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y con ello intentar establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche.

Y con el tiempo en contra, los ocho comisionados elegidos para responder a todas las sensibilidades políticas -Francisco Huenchumilla, Alfredo Moreno, Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado- han ido entregando sus primeras conclusiones y propuestas, las que fueron dadas a conocer por La Tercera hace algunos días. Estas, según se acordó, luego deben ser ratificadas de forma unánime para darle validez al proceso. Aquello no será fácil y por ello cobran relevancia los puntos de acuerdo que hasta aquí se han ido encontrando en dichos documentos iniciales.

Y aunque cuesta encontrar ideas transversales en todos los comisionados, sí es posible apreciar al menos algunos acercamientos en los siete documentos iniciales ya entregados, restando solo el de Figari.

Por ejemplo, casi todos coinciden en la idea de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Así lo establece, por ejemplo, el senador Huenchumilla (DC), quien además suma su calidad de “preexistentes” al Estado de Chile. Misma línea que la de Millabur, exalcalde de Tirúa y Callupe, de la Unidad de Pueblos Originarios del Biobío, quienes lo reseñan en su documento conjunto. La diputada Nuyado (PS) también concuerda en el reconocimiento constitucional, pero además pide que se establezcan escaños reservados.

La senadora Aravena (P. Republicano), en tanto, en su documento también coincide en este reconocimiento, aunque pone en duda que se explicite la preexistencia de los pueblos indígenas por los problemas legales que esto podría acarrear. Una idea similar a la de Naveillán, quien además de reconocerlos sugiere dejar establecido que esto es de carácter general, en un mismo país, con mismos derechos y obligaciones. El excanciller Moreno, en tanto, solo hace una mención al reconocimiento, sin ahondar cómo.

En lo otro que concuerdan casi todos los comisionados es en la idea de crear una nueva institucionalidad que aborde todos los temas indígenas. Donde no coinciden, es qué tipo de institución. Y es que, por ejemplo, Aravena sugiere crear una Subsecretaría de Pueblos Indígenas, mientras que Nuyado, Huenchumilla, Millabur y Callupe proponen, con distintos nombres, crear un nuevo ministerio para tales efectos. Moreno, en tanto, también habla de “crear una nueva institucionalidad”, pero dejando más abierto su futuro, pues dice que podría ser un ministerio, un consejo o un instituto de la cultura y la lengua. Naveillán no hace referencia a esto y solo habla de crear una comisión de seguimiento de acuerdos, algo que en una línea similar también propone Nuyado.

Hay otro punto más o menos claro: un fondo de reparación para las víctimas del conflicto, mapuche o no mapuche. Aravena, por ejemplo, dice que esto será resorte de la nueva Comisión Nacional de Reparación Mapuche (comisión que también proponen Nuyado y Huenchumilla), encargada de resolver las peticiones que formulen las comunidades y las personas jurídicas de derecho público mapuche establecidas en esta propuesta. También propone otras formas de reparación, como cogestión de parques, dinero o becas estudiantiles. Millabur y Callupe también mencionan ideas en una línea similar.

Moreno, por su parte, dice que se debe crear este fondo y los beneficiarios serían los mismos de la ley actual, con recursos no solo para tierras, sino para habitabilidad o pensiones, entre otros. El fondo, según su propuesta, debería ser administrado por una entidad independiente, con participación del pueblo mapuche. Millabur y Callupe también lo sugieren, y a través de él proponen también crear un Banco de Tierras para dar respuesta a la reparación. Y mientras Naveillán no habla de un fondo, pero sí de una “compensación económica”, Huenchumilla y Nuyado proponen un fondo financiero que asegure recursos constantes.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) es otra organización especialmente mencionada. Casi todos buscan modificarla o, incluso, terminar con ella. Aravena expone que hay que transformarla hacia ejecutar políticas públicas relacionadas con pueblos indígenas y quitarle la facultad de comprar tierras. Moreno explicita que deberá ajustarse, dejando su labor en la entrega de tierras, pero desarrollando nuevos programas que le permitan asesorar y apoyar técnica y legalmente a las comunidades en el manejo de los recursos que recibirán. Millabur y Callupe hablan de reestructurarla y dar paso a una nueva institucionalidad, mientras que Nuyado quiere terminarla como se le conoce, para que pase a ser un organismo técnico asesor.

¿Y el perdón? Moreno, Huenchumilla, Millabur, Nuyado y Callupe establecen la idea de que el Estado chileno debe pedir perdón por los orígenes del conflicto, y los últimos cuatro abordan la necesidad de que se reconozcan las formas de organización mapuche.

Todos, además, abordan la necesidad de regular la relación entre las comunidades mapuche, las empresas forestales y otros privados, en tanto a la explotación de tierras.

Quizás donde más cueste encontrar acuerdo sea en las fórmulas para resolver los problemas de tierras. La senadora Aravena, por ejemplo, dice que el criterio orientador debe ser el de derecho a propiedad (Naveillán también lo menciona), por lo que no proceden las expropiaciones. Y que el encargado de resolver esto debe ser un órgano especialmente creado para procesar las demandas de tierras, una suerte de tribunal. Con eso como marco, sugiere un catastro de tierras actualizado, algo que también pide Huenchumilla, y una nueva política de tierras indígenas.

Moreno, por su parte, señala que no se podrán adquirir tierras agrícolas que no hayan sido ofrecidas a Conadi previo a este acuerdo, “para evitar que continúe la violencia para obligar a los actuales propietarios a vender”.

Quizás si quienes más se aventuran en la forma de restitución de tierras son Millabur y Callupe. Ellos, por ejemplo, aseguran que “la reparación debe ser al pueblo mapuche, en función de la pérdida histórica que este sufrió de su territorio”. Y cifran que de las 12.267.000 hectáreas que representan las cuatro regiones se debe evaluar cuánto de esa superficie es posible restituir, “descontando de ello las ciudades, caminos, pequeña propiedad particular, entre otras”. Y que de dicha superficie resultante, el Estado debe asumir el compromiso político de reparar al pueblo mapuche con un porcentaje determinado, y en un tiempo determinado. Para eso dicen que la actual demanda mapuche institucionalizada se resume en que 1.552 comunidades, que representan a 45.437 familias de las cuatro regiones, requieren de 385.860 hectáreas de vocación agrícola. Y para ellos hay distintas categorías de solicitudes de aplicabilidad o demandas de tierras.

A lo largo de sus documentos hay ideas y conceptos ya descritos que son mencionados en varios de ellos. Por ejemplo, Aravena también habla de crear un Banco de Tierras para completar la reparación e indemnización, mismo caso de Nuyado y Huenchumilla, quien también pone sobre la mesa “otras formas” de reparación.