Rector de la UPLA y quiebre en junta directiva por traspaso de fondos: “Lo sucedido ha sido muy lamentable y vergonzoso”

El rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza (67), califica como “muy lamentable y vergonzoso” el quiebre al interior de la junta directiva. Esto, luego de que el 24 de agosto, en una reunión de directorio que terminó a gritos, un grupo de directores cuestionaran los estados financieros de la Fundación OTEC-UPLA de los años 2017, 2018 y 2019.

Tras la cita, dos directores renunciaron a sus cargos. Y a tanto escaló el conflicto, que mientras un grupo -Carlos Hernández, Fernando Reitz y Jorge González- exige más transparencia, otros pidieron formalmente al Presidente Sebastián Piñera que los primeros sean removidos por provocar un ambiente de “hostilidad y violencia verbal”. Hoy el caso está en manos del Jefe de Estado y de la Contraloría General de la República.

Sanhueza, abogado y profesor de historia, lleva 37 años vinculado a la UPLA y 14 como su cabeza. En entrevista con La Tercera PM, que contestó por escrito, el rector -que preside al mismo tiempo la Fundación OTEC-UPLA- justifica el traspaso de $380 millones a esta última por parte de la universidad. A su parecer, existe “una confabulación en contra de una universidad regional”.

¿Cómo ve este conflicto al interior de la junta directiva de la UPLA a raíz de un millonario traspaso de recursos efectuado por la universidad a la fundación OTEC-UPLA?

Me duele porque no se valora lo que esta fundación ha hecho por el desarrollo social y económico de la región de Valparaíso, capacitando en oficios a más de 20 mil personas y más de 14 mil jóvenes en un proyecto que ha contado con el apoyo del BID, el Estado y el sector privado mediante capacitación e intermediación laboral con más de 120 empresas. Esto, con el único fin que los jóvenes obtengan trabajos dignos al quedar dotados de capacidades y competencias para lograr contratos mejores y más permanentes.

En este tema hemos acogido y ejecutado una política pública inaugurada en la primera administración del actual Presidente de la República. Autoridades nacionales y regionales han elogiado y felicitado este compromiso de la universidad implementado a través de esta fundación.

Lamentamos que esta política pública no haya tenido expresión más permanente en el presupuesto nacional, cuyas asignaciones subieron sistemáticamente desde 2012 hasta 2016, pasando de aproximadamente $12 mil millones a más de $115 mil millones, para después descender drásticamente hasta llegar a menos de $ 36 mil millones en 2019.

Tal disminución provocó una crisis económica en esta y muchas otras fundaciones del país, que obligó a restringir gastos, finiquitar contratos y despedir personas, debiendo enfrentar demandas laborales y responder a deudas con bancos y proveedores. En este contexto, la junta directiva, después de analizar los estados financieros detalladamente, en 2018 tomó la decisión de prestarle a la Fundación $ 380 millones, que deben ser devueltos en un plazo de 5 años, para lo cual hay un equipo de personas trabajando arduamente.

Lo sucedido en las últimas semanas al interior de la junta directiva ha sido muy lamentable y vergonzoso. Que personas insolentemente manifiesten estar fiscalizando cuando toda la información que requerían está publicada en nuestro sitio web y además les fue expuesta detalladamente en la misma sesión, y que duden gratuitamente de otras, nos parece absolutamente intolerable. La forma de proceder de estos directores fue el motivo de la renuncia de la presidenta de la junta directiva, Dra. Ximena Azúa, y del expresidente y director de la misma -premio nacional de historia-, Dr. Eduardo Cavieres.

Tanto o más grave ha sido para la universidad la renuncia de nuestra reconocida vicerrectora de Administración y Finanzas (Carolina Contreras), al no estar dispuesta a sufrir maltrato y menos que se ponga en tela de juicio su honra y dignidad.

Aquí ha habido una confabulación en contra del prestigio de una Universidad Regional del Estado de Chile, que ha derivado en una verdadera e injusta campaña mediática.

En una declaración, la universidad señaló que “a juicio de esta Rectoría, lo ocurrido últimamente tiene una clara motivación política”. ¿Cuál es?

Es que no tiene otra explicación. Como se ha dicho, existe un ataque directo a la educación pública. Lamentablemente, un sector ha tenido desde hace mucho tiempo ganas de dañarla. Hemos sido tremendamente respetuosos y tolerantes, pero es hora de decir basta.

Los reclamantes aducen falta de transparencia e información sobre el tema, ¿qué explicaciones da la universidad sobre ello?

La universidad ha sido destacada en muchas ocasiones en esta materia por el Consejo Nacional para la Transparencia y toda la información que solicitan está en la propia página de la universidad, en la sección trasparencia, la cual es de acceso libre para todos/as.

El traspaso, ha dicho la UPLA, fue aprobado por la junta directiva, ¿a qué atribuye la embestida de los directores?

Hasta ahora esa es una tierra ignota que nos gustaría mucho conocer en su auténtica dimensión y saber la profundidad que esto tiene y a lo que esas voluntades quieren llegar.

¿Por qué acudieron al Presidente Piñera?

Acudir al Presidente de la República fue una decisión unánime del consejo académico de nuestra universidad, que lo resolvió después de un informe especial emanado de una comisión nombrada por el propio consejo y que determinó hacerlo considerando que estos nombramientos de directores corresponden al Primer Mandatario. El informe incorporó en forma especial sus comportamientos ofensivos, injuriosos, calumniosos e insolentes. No hay ningún problema en que ellos fiscalicen, nos parece muy bien que lo hagan y además es uno de sus roles, pero lo que hay acá es un gravísimo problema de comportamiento que torna muy compleja la gobernabilidad de esa instancia.

¿Cómo repercute este conflicto en el futuro de la universidad, las postulaciones que vienen, etc?

Puede que este sea uno de los propósitos que persiguen aquellos que quieren desprestigiar a la Universidad. Sin embargo, nuestra institución tiene reconocimiento por su calidad, su consecuencia, su misión, su compromiso con los territorios y con los sectores vulnerables. Afortunadamente, miles y miles de exalumnos realmente valoran y quieren a esta institución y saben entender que lo que hay aquí es una campaña de desprestigio, y seguro hoy están transmitiendo nuestra auténtica imagen a las distintas comunidades de la región y el país.

¿Qué acciones ha tomado la UPLA para elevar sus resultados, considerando que en el Ranking de América Economía de 2019 figura en el lugar 30º, mostrando el peor índice de la región?

Los ranking no son la única ni la mejor forma de medir la calidad de las instituciones. Existe una evaluación de la calidad oficial y regulada por ley que es la acreditación que lleva a cabo la CNA y en esa medición estamos acreditados por 5 años, lo que de acuerdo a la ley implica un nivel avanzado en calidad.

La universidad sigue trabajando para avanzar sistemáticamente en calidad y tiene un plan de fortalecimiento a 10 años, recientemente aprobado por el Ministerio de Educación y el Comité del Plan de Fortalecimiento para las Universidades del Estado, con el fin de cumplir con su Plan Estratégico de Desarrollo.

Lo que debiera destacarse es que siendo una de las universidades que menos recursos públicos recibe, ha logrado altos niveles de acreditación, basado en un trabajo serio, responsable y sistemático.

¿Cómo toma las declaraciones del diputado Osvaldo Urrutia, cercano a los directores que denuncian falta de transparencia, que acusó “vicios de corrupción al interior de la UPLA”?

Creo penosamente que en Chile algunos han perdido el norte en este tema. Cualquiera se siente llamado o autorizado para, sin probar nada, hacer este tipo de imputaciones que lo único que buscan es desprestigiar, denostar, destruir y fustigar. Quienes tengan dudas respecto de la honestidad de las personas y/o de las instituciones, tienen muchos caminos para conocer la realidad. Internamente, a través de la sección transparencia de la página web institucional de las universidades estatales, y luego, externamente, mediante la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Educación Superior, el Ministerio de Educación -a través de la Subsecretaría de Educación Superior- y el Consejo para la Transparencia. Como país no nos podemos permitir este tipo de acusaciones que solo deterioran la democracia, la fe pública y la credibilidad en la clase política.