¿Reforma constitucional o proyecto de ley? El camino legal que debe seguir el “estado intermedio” impulsado por Boric

“Estamos trabajando en estados intermedios, para que no sea un Estado de Excepción o nada, para que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de por ejemplo, las carreteras”. De esta manera el Presidente Gabriel Boric abrió la discusión respecto a la existencia de un nuevo marco jurídico para poder ocupar al Ejército en labores de seguridad en la Macrozona Sur, hoy asediada por graves hechos de violencia. El anuncio fue valorado por la oposición, pero siembra dudas respecto a la manera en que aquella propuesta se puede materializar.

Lo anterior, debido a que se trata de una figura nueva que no contempla la actual Constitución, por lo que reglarla significaría impulsar una reforma a la Carta Magna, aunque algunos discrepan de aquello y aseguran que las facultades legales vigentes ya lo permitirían. La Tercera PM conversó con tres abogados constitucionalistas que explican el proceso que esta idea debiese seguir para materializarse.

Durante la mañana de este viernes 6 de mayo, la ministra de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, aseguró que se tratará de un proyecto sustitutivo del que ya fue presentado en el pasado por el gobierno de Sebastián Piñera y que actualmente se encuentra en comisión mixta, tras haber sufrido un traspié en sala de la Cámara de Diputados. “Tiene características muy distintas del proyecto de infraestructura crítica presentada con anterioridad, y esperamos en el mismo ánimo que lo ha planteado nuestro Presidente, el necesario acuerdo nacional, que en este caso también encontremos voluntades en los distintos sectores porque es una situación real que aqueja a quienes transitan por las vías de nuestro sur”, explicó la jefa de gabinete.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que este estado permite “resguardar, proteger y asegurar la protección de las vías y las rutas cuando se considere necesario por alteración graves de la seguridad o por obstrucción de las vías que altere el abastecimiento”.

El abogado constitucionalista Javier Couso asegura que la actual Constitución regula “minuciosamente” los estados de excepción y bajo las situaciones que estos se pueden declarar. Por ende, “la creación de otra figura que no fuera un estado cabal de excepción, sino que intermedio o cualquier otra nomenclatura, necesariamente requiere una reforma a la constitución”.

Lo anterior, sostiene, ya que en derecho público “no puede introducirse una especie de semi estado de excepción o estado intermedio sin incorporarlo a la Constitución”.

Ante ese escenario, Couso asegura que debiese realizarse una reforma al capítulo que regula los estados de excepción, por lo tanto, se requeriría la aprobación del proyecto por las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio, no de los presentes en la sala.

Pero, además, el abogado advierte que en la Cara Fundamental no se entra en el detalle de los estados de excepción, por lo que quizás tendrían que haber más cambios en la legislación. “Hay una ley que regula los estados de excepción, que es la Ley orgánica de los Estados de Excepción. Yo creo que al introducir esto, ahí debería también modificarse esta ley, que requiere 4/7″, apunta.

Finalmente, el académico de la UDP asegura que otra manera sería crear una Ley sobre Estados Intermedios de Excepción, lo que el califica como no adecuado desde el punto de vista de técnica constitucional, ya que se entraría “a ese detalle, los lugares que estarían cuidando, en la Constitución”.

El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, sostiene que la actual legislación sobre el Estado de Emergencia, ya establece un posible escenario para aquello. “La figura actual habla de grave alteración del orden público, y eso me parece una hipótesis que se encuadra dentro de las que podría ser efectivo para invocar el presidente para el estado de emergencia. Por lo tanto, la duda es cuál sería la diferencia si puede en tres situaciones en zonas muy particulares destinar o declarar estado de excepción”, explica.

Es decir, si lo que se busca es que en determinados lugares pueda haber intervención militar, es cosa que el Presidente lo delimite a ciertos lugares porque la Constitución le permite que solo ciertas zonas, de partida la palabra que utiliza la Carta Magna es “zona”. En ese sentido, dice, existen las herramientas constitucionales hoy día para “esa intervención quirúrgica militar”.

Ante eso, asegura, habría que “ver cuál es la figura tan distinta que quiere introducir el Presidente”.

En esa línea, la profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, la actual Constitución otorga a las Fuerzas Armadas la misión contribuir la misión de contribuir a la seguridad nacional, cosa que podría cambiar con una nueva Carta Magna. En ese escenario, la abogada sostiene que debiese “impulsar un proyecto de ley muy similar al que se impulsó durante el Gobierno del Presidente Piñera sobre protección de la infraestructura crítica del país”

“Me parece que el anuncio del presidente Boric tiende a confundir lo que es un estado de excepción constitucional con entregarle facultades a las fuerzas armadas en materias que tienen que ver con la seguridad interna del país, que son dos cosas distintas”, concluye Peña.

El 25 de enero de 2020 cuando el actual Jefe de Estado era diputado criticó con dureza el proyecto de ley impulsado por el entonces Presidente Piñera para resguardar la infraestructura crítica, ante los hechos de violencia derivados del estallido social. “Militares entrenados para controlar ´muchedumbres´ por Fuerzas Especiales de Carabineros que han cometido graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué podría salir mal? Es nuestro deber rechazar que el Presidente esté facultado para sacar arbitrariamente militares a la calle”, decía el entonces legislador a través de su cuenta de Twitter.

Dos años después, es su propia administración la que estudia ocupar la misma iniciativa legal de Piñera, pero esta vez para enfrentar los graves hechos de violencia de la Macrozona Sur.

Ese proyecto fue aprobado en el Senado, pero luego rechazado en la sala de la Cámara de Diputados porque no alcanzó los 93 votos necesarios para seguir adelante su tramitación, por lo tanto fue enviado a Comisión Mixta en donde descansa desde esa época.

En ese sentido, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), sostiene que el Ejecutivo puede tomar el proyecto que está en la mixta, “ingresando una indicación sustitutiva y sacarlo en un día si él quisiera”

El parlamentario, quien califica como un buen giro el anuncio del Presidente, asegura que “los votos de la centro derecha están. Por la situación en la que se encuentra la macrozona sur, creo que los parlamentarios tienen que seguir la línea de su presidente y abrirse a los estados intermedios”.

“Nosotros en RN estamos llanos a cruzar el puente y darle la mano con este tema, porque se llame como se llame esta voltereta de él nos parece positiva, y queremos que efectivamente se plasme en algo rápido”, agrega.

El principal inconveniente para el Gobierno, estaría en el oficialismo, el senador Alfonso Urresti, califica la idea del Ejecutivo como un “tremendo error”. El senador por la Región de Los Lagos, asegura que se trata “de inventar una legislación para no tomar una decisión. Tiene que haber una convicción y el Presidente tendrá todos los respaldos para efecto de llevar adelante las medidas que restablezcan el orden público, que tenga el respaldo del Gobierno. Creo que esta es una pésima idea y creo que es sacar las castañas con la mano del gato”.

Urresti es enfático en sostener que el Mandatario tiene que utilizar todas las herramientas constitucionales que actualmente tiene: “hacer una reforma constitucional es absolutamente inconvincente”, esto en el marco del proceso constituyente actual.

Ante el proyecto, el cual califica como “un invento”, el legislador espera “que el gobierno ejecute las medidas necesarias y habrá respaldo en eso si es justificado”.