Refugiados en Chile, el incómodo tema que tiene en suspenso la firma de acuerdo clave entre el gobierno y la ONU

Ayer por la tarde, en la antesala del Día Mundial de los Refugiados que se conmemora hoy, el asesor de política migratoria del Ministerio del Interior, Mijaíl Bonito, se embarcó rumbo a Arica para enfrentar en terreno la emergencia por el colapso de inmigrantes en el Paso Fronterizo Chacalluta.

Hasta anoche aún había cerca de 200 personas, mayoritariamente venezolanas, varadas en la frontera. En cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante el día otras 190 personas fueron rechazadas en la caseta 1 del paso fronterizo. La imagen de mujeres, hombres y ancianos apostados en el corredor que separa la frontera chilena y peruana, sin servicios básicos y con escasa comida, obligó al Ejecutivo a aplicar un plan de contingencia con las autoridades locales y con Bonito a la cabeza.

A la misma hora que el abogado cubano que se comprometió a "ordenar la casa" en materia migratoria se trasladó a Arica, iba en viaje la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, también con el objetivo de verificar las condiciones humanitarias en Chacalluta.

Desde agosto a la fecha, la representante uruguaya de la ONU en Chile y el asesor de Interior han sido protagonistas de una soterrada disputa que tiene todo que ver con la situación de los refugiados en el país y por la cual sigue en pausa la firma del UNDAF, el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno de Chile que fija las acciones con las que operarán en el país las agencias del organismo: ONU Mujeres, OIT, FAO, OMS, ACNUR, OIM, etc.

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El UNDAF se renueva cada cuatro años. El último lo firmó el ex canciller Heraldo Muñoz para el periodo 2014 -2018 y comprometía el apoyo de las 16 agencias de Naciones Unidas al Estado chileno por 30 millones de dólares.

El cronograma indicaba que el UNDAF se renovaría en diciembre pasado y lo firmarían el entonces canciller Roberto Ampuerto y Silvia Rucks como representante de la ONU.

Con ese objetivo, en agosto del año pasado se realizó un taller en la Cancillería al que asistieron representantes de 21 ministerios y de todos los organismos de UN que mostraron el diagnóstico que hicieron del país. Semanas después se comenzó a discutir un primer borrador del UNDAF. Hasta ahí todo avanzaba, salvo varios reparos que el gobierno hizo a la primera propuesta por temas de género y otros.

La mayor controversia para la firma del documento se produjo en mayo, cuando la Cancillería, a través de la Dirección de Política Multilateral, que dirige el diplomático Ricardo Bosnic, le comunicó a la ONU que –en orden a las observaciones del ministerio del Interior- el UNDAF solo sería firmado una vez que se minimizaran las referencias a los refugiados en Chile.

Tal como confirma a La Tercera PM un funcionario internacional, la primera versión del UNDAF contenía varias referencias a la situación de los migrantes en el país y a temas de integración.

"Eran varios párrafos con mucho contenido", detalla la misma fuente.

Después de la notificación del gobierno comenzó una negociación directa entre Rucks y Mijaíl Bonito que a ratos hizo pensar que el acuerdo no se concretaría, con la consiguiente crisis diplomática.

Coincidió que en los días previos -el 9 de mayo- el asesor de Interior se enfrentó en Jamaica con Birgit Gerstenberg, una de las representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La funcionaria asistió a la sesión solicitada por los organismos pro migrantes y dijo que "los mecanismos de protección del sistema de Naciones Unidas han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por las situaciones de discriminación y racismo a las que se enfrentan las personas extranjeras residentes en Chile y solicitantes de asilo". En plena sesión, Bonito calificó la aseveración como "irresponsable".

En esa misma sesión, las organizaciones de migrantes acusaron al gobierno de Piñera de tener un doble discurso respecto de los venezolanos en Chile: que, por un lado, acepta a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por la crisis política y humanitaria generada por Nicolás Maduro, pero por otro lado cierra las fronteras y niega la condición de refugiados a quienes llegan a ellas.

En diciembre, el presidente confirmó que Chile no adoptaría el pacto migratorio de Marrakech, señalando que éste "no resguarda los intereses del país". En la toma de esa decisión, Mijaíl Bonito también tuvo un rol protagónico.

Quienes conocen la relación del gobierno y las agencias de la ONU sostienen que el trato con la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es especialmente tenso, dado que el órgano ha aumentado su presencia en la frontera norte y colabora directamente con el Servicio Jesuita a Migrantes, el INDH y otras organizaciones que han denunciado al gobierno por el cierre de fronteras a los extranjeros.

Hasta el año pasado, ACNUR participaba en una Comisión Nacional de Refugiados que está establecida en la ley 24.030 y que decide quién va a tener el estatuto de refugiado. La comisión existe desde el 2005 y siempre estuvo considerada la opinión de ACNUR… hasta agosto pasado.

Otra señal de la distancia: en marzo, todos los países de la región, incluyendo Brasil, suscribieron un documento en el que agradecían el trabajo de ACNUR con refugiados venezolanos. Chile fue el único país que no suscribió (ver el documento aquí, hoja 1 y hoja 2). 

La discrepancia es que el gobierno quiere reducir los casos de solicitudes de refugiados pendientes.

Según las cifras oficiales de extranjería, 326.775 venezolanos ha solicitado residencia en Chile. De ellos, 3.102 son solicitudes pendientes de refugio.

Una cifra que dista de la que manejan las organizaciones de migrantes, que acusan que ahí no están reflejadas las personas que no alcanzan a hacer el trámite en la frontera y son rechazadas previamente por no cumplir con el requisito de visa o traer los 500 dólares que se exigen para ingresar a Chile. El conteo de estos órganos estima que hay 12 mil solicitudes de refugiados en espera.

Esos organismos y la ONU sostienen que todas las personas tienen derecho a solicitar esa condición. Por eso el INDH y las clínicas jurídicas han llevado varios casos a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones para defender a quienes se les ha negado esa condición.

Para las Naciones Unidas prácticamente todos los venezolanos que llegan a Chile son refugiados que vienen escapando de una situación de crisis humanitaria. Y en el norte el Gobierno se ha visto ampliamente superado por la crisis, con personas durmiendo en los terminales y en las playas.

En noviembre de 2018, ACNUR amplió su presencia en la zona a través de un llamado a concurso que difundió por redes sociales. Y ahora también colabora con World Vision que trabaja en la instalación de un albergue para recibir a los migrantes.

? Hoy recibimos los saludos protocolares de la Jefa Nacional de ACNUR, Delfina Lawson, y de la Jefa de la Oficina de ACNUR en nuestra ciudad de Arica, Karina Espejo ??#ChileLoHacemosTodos pic.twitter.com/m9m9P23MJt

— María Loreto Letelier (@MLoretoLetelier) 22 de noviembre de 2018

Las organizaciones pro migrantes estiman que hoy el gobierno está rechazando a 200 personas diarias. En febrero eran 50. Muchos de ellos quedan en el lado peruano de la frontera por lo cual ACNUR dispuso un bus para llevar a alguno hasta el refugio que tiene en Tacna la Fundación Scalabrini.

La forma de ayudar en la frontera, según una fuente de Naciones Unidas, ha sido otro un punto de discrepancia con el gobierno. Dada la emergencia humanitaria y las condiciones en el Paso Chacalluta, los mismos funcionarios desde hace meses hacen colectas para comprar pañales y alimentos para la gente que queda varada en la frontera. Ante ese escenario, en enero Naciones Unidas ofreció un donativo para la instalación de mudadores y para la compra de pañales, juguetes, lápices y otros enseres. Sin embargo, se desestimó la ayuda y esta debió ser entregada a la Fundación Scalabrini en Arica.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, reafirma que "el gobierno está poniendo trabas fuertes para el ingreso de inmigrantes. Eso nos preocupa y por eso el municipio ha debido incurrir en gastos importantes para ayudar a esas personas que son rechazadas y ya no tienen fuerza ni para volver a Tacna".

En vista de los recursos inmovilizados, Naciones Unidas y el gobierno llegaron a un preacuerdo para el UNDAF.

"La versión final quedó bien. No sacaron todas las referencias a refugiados, quedó un párrafo con el que, en este contexto, estamos de acuerdo. Dice que el sistema de Naciones Unidas apoyará los esfuerzos del Estado de Chile para brindar protección internacional a las personas refugiadas", según asegura una fuente que ha estado al tanto de las negociaciones.

La Tercera PM consultó ayer al Ministerio del Interior sobre las referencias al tema de refugiados en el UNDAF, pero hasta el cierre de esta edición no entregaron su versión.

Desde la Cancillería, en tanto, respondieron que "debido a que el texto aún no ha sido suscrito, no es posible referirse al contenido. Sobre la fecha de la firma, será comunicada oportunamente".