Regulación de internet: el plan B de Lula ante el estancamiento de su proyecto contra las fake news

La lucha contra la desinformación y las noticias falsas ocupa un lugar relevante en agenda del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de los años de Jair Bolsonaro en el gobierno y la polarización de la política brasileña. Pero el Proyecto de Ley (PL) de las Fake News (PL 2630/2020) o Ley brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet ha perdido apoyo y ha exhibido la frágil posición de Lula en el Congreso. La iniciativa había sido aprobada en el Senado en 2020, pero el texto ha sufrido cambios profundos que le restaron respaldo y preocupan a los principales interesados, desde Google a Meta.

Según informó hoy el diario Folha de Sao Paulo, sectores del gobierno de Lula, aunque no lo admiten públicamente, dicen que no creen que la regulación de internet discutida en el proyecto de ley Nº 2.630, o PL de las Fake News, será aprobada en el corto plazo y ya están invirtiendo en un plan B.

Así, sostiene el periódico paulista, la principal preocupación del Ejecutivo es aprobar las reglas de la campaña electoral digital en octubre de este año, para que puedan ser aplicadas en los comicios municipales de 2024. Por el principio de anualidad, para ser efectivos en la elección, los cambios deben ser aprobados al menos con un año de anticipación, explica el medio.

Con ese objetivo, la administración de Lula habría comenzado a articularse para implementar sus prioridades en una minirreforma electoral a ser votada por el Congreso. A juicio de un sector en el Palacio de Planalto, será más fácil aprobar una minirreforma electoral que el nuevo Código Electoral.

Entre los puntos de la iniciativa se incluirían plazos más cortos y multas más altas para que las plataformas eliminen ciertos contenidos en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a las elecciones y la prohibición de la publicidad electoral en línea durante el período. Además, al gobierno le gustaría incluir la necesidad de que las grandes tecnológicas mantengan bibliotecas de anuncios políticos en tiempo real, con mayor transparencia, señala Folha.

Sin embargo, apunta el diario brasileño, el proyecto enfrenta mucha resistencia en el Congreso con dos puntos muy controvertidos: el relajamiento de las reglas de rendición de cuentas de los candidatos y la reducción del poder de la Justicia Electoral para regular las elecciones.

Además del frente electoral, la idea es utilizar cada vez más a la Senacon (Secretaría Nacional del Consumidor) del Ministerio de Justicia para encuadrar a las plataformas mientras la regulación no sea aprobada por el Legislativo. La Senacon también abrió procedimientos de investigación preliminar para las plataformas Google, Meta/Facebook, TikTok, Twitter y Kwai, el 13 de abril, y Telegram el 20 de abril. Las plataformas enviaron información, la cual se encuentra en revisión. Los procedimientos pueden dar lugar a términos de ajuste de conducta con mandatos de cambios en las políticas de las plataformas.

En tanto, el relator del PL de las Fake News, diputado Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), deberá emitir un nuevo informe sobre la propuesta en las próximas semanas o después del receso parlamentario. Pero queda un punto abierto: el organismo regulador.

Sectores del MDB, PSD y la bancada evangélica defienden que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sea el organismo encargado de monitorear y hacer cumplir las nuevas reglas para las plataformas de internet.

Organizaciones de la sociedad civil y parte del gobierno, sin embargo, se oponen a la elección de la agencia, a la que consideran “capturada” por los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones y de los parlamentarios, apunta Folha.

La votación del proyecto se pospuso en abril porque Orlando Silva y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), calcularon que no tendrían suficientes votos.

El proyecto había sido aprobado en el Senado en 2020, pero antes de ir a la Cámara, el texto sufrió cambios profundos que han dividido al país y asustado a los principales interesados, desde Google a Meta. Elon Musk tuvo incluso que intervenir para calmar los ánimos. Algunos periodistas brasileños acusaron a la plataforma de la que es propietario, Twitter, de censurar sus mensajes a favor de la ley.

“Esto es ridículo -respondió Musk personalmente en un tuit-. Hemos tenido problemas en todo el mundo con demasiados accesos simultáneos. Dimos más potencia a nuestros servidores de autenticación y ahora el problema está resuelto”.

Según indicó el sitio Infobae a comienzos de mayo, la crítica más significativa al PL de las Fake News se refiere a algunas secciones del texto que fueron enmendadas por su relator en la última semana. Aunque se ha suprimido el artículo que preveía la creación de un órgano de control “autónomo pero elegido por el Ejecutivo” para decidir qué contenidos deben ser eliminados porque son supuestamente falsos y cuáles no, y para controlar que se multe a los gigantes tecnológicos, queda la duda de quién llevará a cabo estas tareas que permanecen en el texto.

De hecho, Meta, empresa propietaria de Facebook, declaró que “los organismos gubernamentales se encargarían de crear normas en ámbitos como el análisis de riesgos, la auditoría externa de las plataformas y la moderación de contenidos, lo que conlleva inseguridad jurídica”.

En este escenario, Google contrató al expresidente brasileño Michel Temer para presionar a los parlamentarios que estudian la propuesta para regular internet, dijo el viernes un asesor del exgobernante. Folha de Sao Paulo informó que Temer confirmó que desde hace unas tres semanas trabaja como “mediador” entre la empresa y los parlamentarios.

La nueva norma ha despertado preocupación entre empresas de tecnología, dado que algunas lanzaron campañas en sus plataformas para derrotarla. Dos meses atrás, el máximo tribunal de Brasil ordenó una investigación sobre los ejecutivos del servicio de mensajería social Telegram y Google que lideraron una campaña de crítica a la regulación propuesta.