Una serie de reuniones telemáticas y físicas han tenido por estos días los 22 consejeros constitucionales del Partido Republicano. En ellas han podido analizar diversos temas administrativos antes de que parta el Consejo Constitucional este 7 de junio, pero además han podido discutir algunas materias del contenido del borrador del anteproyecto que está redactando la Comisión Experta.

De hecho, algunos consejeros ya tienen asesores analizando las normativas aprobadas, quienes les han hecho comparados entre la legislación actual y cómo quedaría en la nueva Constitución.

Y es que para los republicanos hay ciertas materias que no les agradan y que quieren cambiar. Uno de los puntos más simbólicos y relevantes para el partido de José Antonio Kast es la ausencia de protección de la vida del que está por nacer. Al respecto, la derecha -con el patrocinio del comisionado Carlos Frontaura- promovió una enmienda para hacerse cargo de este vacío.

“Nadie puede ser privado de su vida intencionadamente, salvo en los casos de legítima defensa. La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable. En Chile se proscribe la pena de muerte”, decía la indicación que fue rechazada por el pleno este miércoles.

De hecho, durante su intervención, Frontaura marcó su disconformidad: “No puedo sino lamentar que en materia de protección a la vida no se haya mantenido el mandato constitucional al legislador para proteger especialmente la vida del que está por nacer, así como la propuesta para incorporar en ese mandato de protección a la maternidad vulnerable”.

Fuentes del Partido Republicano insistirán en ambas ideas, es decir, la protección de la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable, ya que es una bandera que forma parte de los principios más fundamentales de la colectividad.

Eso sí, en el partido algunos transmiten que si bien es una bandera que seguirán defendiendo, saben que es más bien testimonial y que terminarán cediendo. Esto, porque dicen que así como no permitirán que en la nueva Carta Magna quede establecido el aborto, tampoco serán intransigentes en imponer la protección del que “está por nacer”, que apunta indirectamente a la prohibición del aborto.

Los republicanos, además, van a modificar la estructura del nuevo texto constitucional. Eso implicaría hacerle ajustes al índice de la propuesta. La Comisión Experta, debido a que el oficialismo no dio sus votos, no reguló a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad en un capítulo especial, tal como lo hace la Constitución vigente. Para el partido es importante darle la regulación en un acápite especial que pueda darle forma y más potencia a los artículos que se refieren a este tema.

En cuanto a las materias políticas, a los republicanos no les gusta cómo quedó fijada la paridad de salida en las elecciones. En el anteproyecto se incluye un artículo transitorio -con fecha de vencimiento como máximo hasta 2029- que mandata al Congreso Nacional a tramitar una ley para garantizar una proporción 60%-40% entre hombres y mujeres en el Poder Legislativo.

Otra norma que incomoda es la de las órdenes de partido: “La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido o su programa”. Esta norma es vista como poco democrática, pues los parlamentarios se deben a sus electores.

En los asuntos políticos, también se quiere cambiar la normativa del discolaje. Esta establece que los parlamentarios podrán perder su escaño en caso de ser expulsados o de renunciar a sus militancias. Algo que ha sido criticado por diversos dirigentes por darle mucho poder a los presidentes de partidos. Algunos consideran que esto también es “poco democrático”.

La educación y la libertad de enseñanza es otro asunto que para el Partido Republicano es de suma importancia. Por eso, uno de los puntos que la colectividad reforzará en el Consejo Constitucional será reponer la titularidad de los padres para escoger la educación de sus hijos.

La norma sobre este tema del anteproyecto, en vez de referirse a los padres, hace una mención genérica. “Se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior”, dice la norma. Fuentes republicanas comentan que utilizar el concepto familia en vez de padres diluye la titularidad del derecho.

El tema más sensible será hacer los cambios en la regulación de dos derechos sociales, especialmente sensibles para la izquierda. Se trata de la salud y la seguridad social. En el primero, los republicanos tienen en mente reponer la libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal.

El objetivo del cambio es asegurar que la provisión mixta sea tanto a nivel de asegurador -isapre o Fonasa- y a nivel de prestador -clínica u hospital-. Esto podría derivar en un conflicto político con el oficialismo. Este sector ha dicho que para ellos sería casi imposible apoyar y aprobar un texto que, a su juicio, “constitucionaliza el modelo de las isapres” e implicaría un “salvataje de la industria”.

Algo similar ocurre en seguridad social. El Partido Republicano también tiene interés en consagrar los elementos que venían en una enmienda apoyada por la oposición, pero que fue rechazada por el pleno. Se trata de consagrar la libre elección de la “institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen” y la garantía de “la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad” de los ahorros previsionales.

Otro de los silencios en el texto que hacen ruido en el Partido Republicano es el control migratorio. Una idea preliminar es constitucionalizar el deber del Estado para controlar las fronteras y la migración. Una opción, en esta línea, podría ser elevar a rango constitucional la creación de un órgano para este tema, como, por ejemplo, una agencia que se haga cargo de este tema.

Hay otros aspectos más abstractos que preocupan a algunos republicanos. Uno de ellos es reforzar el concepto de nación para tener una norma más robusta. Esto se vincula con el debate clásico respecto de la soberanía. El anteproyecto estipula que “la soberanía reside en el pueblo” y una alternativa sería señalar que la soberanía “reside en la nación”.

En los temas vinculados al sistema político, el partido recién está haciendo los análisis. Aquí aún no hay grandes definiciones, pero se asoma la opción de poder buscar la forma de intentar, vía constitucional, alguna reducción en la cantidad de parlamentarios que hay en el Congreso. Esta idea, en todo caso, siempre ha recibido la negativa por parte de la izquierda y es poco probable que pueda convencer a Chile Vamos.

Justo en medio de este análisis de los consejeros, esta jornada el senador del partido Rojo Edwards -junto a su pequeña disidencia- dio a conocer un comunicado criticando el anteproyecto. “Representa una realidad que hoy no existe”, decía el texto.

Además, se señala que, así como está el actual texto de los comisionados, se debería rechazar. Esta postura se aleja de las señales que ha querido enviar la mesa del partido y el propio Kast, apuntando a tener una buena disposición con el trabajo realizado por la Comisión Experta y con voluntad al diálogo para conseguir acuerdos en el Consejo.

Las pistas sobre qué opinan los republicanos del anteproyecto redactado por la Comisión Experta se pueden encontrar en los votos del comisionado Frontaura en el pleno.

El experto nominado por el Partido Republicano votó a favor de la enmienda que protegía la vida del que está por nacer. A su vez, sufragó en contra de la norma -copiada de la Constitución francesa- que promueve la participación igualitaria entre hombres y mujeres.

Respecto del artículo que entrega reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos e individuales, Frontaura optó por abstenerse.

El abogado y exdecano de Derecho UC, además, votó en contra de la enmienda de unidad de propósitos que agregaba el siguiente inciso: “La Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia”.

También dio su voto en contra de la indicación del oficialismo para reponer el derecho al cuidado.