Resumen constitucional: Los hitos que marcaron la semana de la Convención

Los últimos días de la Convención han estado enfocados en quién presidirá el órgano durante los próximos seis meses. Hasta el momento, son siete los nombres que suenan para ocupar el cargo que hoy ostenta Elisa Loncon. De forma paralela, dos de las comisiones temáticas se volcaron de lleno en la deliberación de los temas que serán abordados en la redacción del proyecto de nueva Constitución. Además, dos iniciativas ciudadanas alcanzaron las firmas necesarias para ser discutidas. También se decidió suspender las semanas territoriales de febrero, marzo y abril, y se presentó una norma que pretende eliminar el Tribunal Constitucional.


Se suman nombres para la encabezar la Convención

Esta semana estuvo marcada por el anuncio de nuevos nombres para competir en la elección de la nueva mesa directiva de la Convención, actualmente encabezada por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) y Jaime Bassa (IND-CS), que se realizará el martes 4 de enero. Ramona Reyes (PS), Loreto Vidal (ex Lista del Pueblo), Eric Chinga (Pueblo Diaguita) y Beatriz Sánchez (IND-RD) se sumaron a las otras tres candidaturas presentadas la semana pasada, Patricia Politzer (INN), Cristina Dorador (IND) y Bárbara Sepúlveda (PC).

Debido a la dispersión y la cantidad de postulantes, aún no se puede prever quién presidirá la mesa, aunque varios constituyentes -incluida Loncon- advierten que seguirá siendo una mujer. Eso sí, durante los últimos días ha quedado de manifiesto que entre algunos constituyentes existe una molestia con el Frente Amplio por presentar a Sánchez (IND-RD). Esto, debido a que, según argumentan, se podría caer en una concentración de poder, pues tanto el Ejecutivo como la Convención estarían encabezados por una figura del Frente Amplio.

Por eso, se esperan negociaciones de último minuto entre el Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad, las listas con la mayor cantidad de constituyentes. La votación de la nueva mesa se realizará de la misma forma que la primera. Es decir, será una votación papal en que se necesitarán de 78 votos para llegar a la presidencia y vicepresidencia.

De lleno a la discusión de fondo

Esta semana, las comisiones de Derechos Fundamentales y de Principios Constitucionales se convirtieron en las primeras instancias del órgano en empezar a deliberar contenidos que se abordarán en la propuesta de nueva Constitución. Estas comisiones dan el pie inicial para que, según está programado, el 20 de enero las siete comisiones comiencen a votar las primeras iniciativas constituyentes.

En el caso de la comisión de Principios Constitucionales, la primera norma en ser discutida y revisada fue la presentada por Agustín Squella (IND-PL) junto a otros convencionales del Colectivo del Apruebo, denominada “Incorporar normas constitucionales al Capítulo I de la nueva Constitución”, propuesta que tiene como principal eje “la dignidad humana”.

Por otro lado, la comisión de Derechos Fundamentales enfocó sus sesiones en entregar sus primeras definiciones tras el proceso de audiencias públicas que han llevado a cabo.

El incierto futuro del Tribunal Constitucional

La mañana del jueves un grupo de constituyentes presentó una norma para eliminar el Tribunal Constitucional y que el control constitucional recaiga en la Corte Suprema. La iniciativa la patrocinaron constituyentes como el vicepresidente Bassa, Fernando Atria (IND-RD), Constanza Schonhaut (CS), Manuela Royo (IND-PI), Christian Viera (IND), Mauricio Daza (INN), Hugo Gutiérrez (PC), Aurora Delgado (IND-RD), Damaris Abarca (IND-CS), Daniel Stingo (IND-RD), María José Oyarzún (RD), Amaya Álvez (RD), Giovanna Roa (RD), Ignacio Achurra (CS) y Beatriz Sánchez (IND-RD).

Según argumentó Royo (IND-PI), esta norma “transforma el sistema de control de la constitucionalidad, lo democratiza y evita que un Tribunal Constitucional sin legitimidad democrática conozca respecto de la constitucionalidad de las leyes y que haga un trabajo de legislación negativo”. Por su parte, el convencional Viera (IND) agregó que esta norma busca “la transformación de la justicia constitucional”. “No es la eliminación de la justicia y control, es un reemplazo y modificación sustantiva”, explicó el constituyente.

Participación popular contra el tiempo

La tarde del miércoles el pleno de la Convención aprobó la eliminación de las semanas territoriales de enero, febrero y marzo, además de la salida regional que estaba planificada para febrero. Esto, ya que varios constituyentes hicieron ver que los tiempos están justos y que, por lo tanto, durante estos meses sería mejor dedicarse a la aprobación de normas.

Otro tema que se discutió en la Convención esta semana fue sobre la posibilidad de reducir la cifra de 15 mil firmas necesarias para ingresar una iniciativa popular de norma constitucional. Esto debido a que, según algunos sectores de la Convención, ven difícil lograr la meta antes del 1 de febrero, fecha límite para auspiciar estas propuestas a través del portal de Participación Popular de la Convención.

Sin embargo, durante la tarde del miércoles se sintió un alivio entre los convencionales que forman parte de la comisión de Participación. Esto debido a que la iniciativa “Será Ley”, la que busca instalar principios constitucionales que permitan pavimentar el camino al aborto libre, se transformó en la primera en reunir las 15 mil firmas, provenientes en este caso de las 16 regiones del país.

Horas después otra iniciativa, que busca propiciar la defensa de los ahorros previsionales de los trabajadores y evitar un sistema de reparto, lograría también las rúbricas exigidas.

Una renuncia desde los pueblos originarios

La polémica por la consulta indígena tuvo otro episodio esta semana, ya que el coordinador de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, Victorino Antilef (IND) renunció a ese cargo tras manifestar discrepancias con otros constituyentes de escaños reservados respecto a la realización de la consulta.

El representante mapuche dijo que se encuentra en una “encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros procesos de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad”.

Según Antilef, se estaría buscando “transformar flagrantemente la obligación del Estado de consultar las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas en un mero proceso de participación mediante fichas que -por muy didácticas que se pretendan- no cumplen con los estándares internacionales ni en forma ni en su contenido”.

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