Tras extensas jornadas de debate, finalmente este miércoles la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional sometió a votación en general el acuerdo de indicaciones alcanzado por la mayoría de los colectivos para elaborar el informe de reemplazo, luego de que el 18 de marzo el órgano redactor rechazara en su mayoría el primer informe.

En concreto, en el acuerdo alcanzado se plantea, entre otras cosas, un presidencialismo atenuado con un gabinete ministerial que será paritario y plurinacional. Es decir, al menos un integrante deberá pertenecer a un pueblo o nación indígena. Respecto al Poder Legislativo, según los firmantes, se basará en un bicameralismo asimétrico compuesto por una Cámara de Diputadas y Diputados, la cual sería integrada por no menos de 155 miembros, y una territorial denominada Cámara de las Regiones. Esta se conformaría por un mínimo de tres miembros por región.

Aquel consenso sobre régimen político que fue denominado como “gran acuerdo” fue aprobado esa jornada por la comisión -integrada por 25 convencionales- por 17 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Lo aprobaron el Colectivo Socialista, Frente Amplio, Chile Digno, Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.

Este lunes, la comisión de Sistemas de Justicia los convencionales aprobaron en particular las normas que modifican a la Defensoría Penal Pública (DPP), órgano que se encarga de ofrecer defensorías en causas penales para todas las personas, independiente de su capacidad de pago.

Entre lo aprobado, se acordó que la DPP seguirá existiendo, pero con ciertos cambios. Uno de los más relevantes es que la comisión aprobó darle autonomía constitucional a esta institución, ya que actualmente esta depende del Ministerio de Justicia. Con esta modificación el órgano “se independizará del gobierno para gozar de autonomía tal como la tiene la fiscalía actualmente”.

Otro de los cambios relevantes fue que se eliminará a los abogados licitados de la DPP, es decir, los que son privados, quedando así solo los abogados de planta en la institución.

Por último, el pleno aprobó la creación de un nuevo Consejo Superior que estará a cargo de toda la dirección de la DPP. Este órgano colegiado será paritario e integrado por siete personas. En tanto, la figura del defensor nacional no se eliminará y seguirá existiendo, siendo su función “las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública” y representar “a la institución ante los demás órganos del Estado, sin perjuicio de las demás atribuciones que señale la ley”.

La comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general la iniciativa popular de norma, impulsada por la ciudadanía, que establece el derecho a la vivienda. Según el texto, toda persona tiene derecho a una “vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida familiar, personal y comunitaria”.

Además la comisión visó, con 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, la iniciativa popular de norma que establece el derecho a la seguridad social. La propuesta fue impulsada por la Coordinadora Nacional No Más AFP y su texto expresa que tales derechos son universales y será deber del Estado y de los trabajadores establecer su control a través de “cotizaciones obligatorias”. En tanto, su administración “recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”.

No obstante, una de las votaciones que despertó mayor controversia fue el rechazo a la propuesta popular de norma que alcanzó 60.850 firmas para ser discutida dentro de la Convención, presentada por la agrupación Con Mi Plata No que buscaba que el Estado tutelara el derecho a la seguridad social, además de crear un “sistema de seguridad social que asegure el acceso (...) a una pensión básica universal, cuyo financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general”.

El hecho generó que el convencional Bernardo Fontaine declarara en Las Últimas Noticias que “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”. Sin embargo, convencionales de varios colectivos de izquierda y centroizquierda calificaron sus dichos como fake news.

Durante la mañana de este miércoles, hasta aproximadamente las 13.30 de la tarde, la comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general indicaciones relacionadas a los artículos que consagran el derecho a la salud y educación.

En este marco, con 25 votos a favor y siete en contra los convencionales aprobaron la salud como un derecho social, comunitario y humano inalienable, incluyendo así “su dimensión física, mental y espiritual”. También el texto sostiene que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a un “Sistema único y Universal de Salud” de carácter público y que éste deberá ser financiado por “impuestos progresivos de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización” y que los actores que las presten “sean sin fines de lucro”.

Sobre esto último, algunos expertos han dicho que esto es un riesgo ya podría provocar el fin de las isapres y las clínicas privadas en un plazo de dos años. Además de los costos asociados que tendría que asumir el Estado y la incógnita respecto de si el sistema podría absorber a toda la población del país.

En cuanto a materia de educación, la comisión visó la norma que permite que las primeras naciones tienen derecho a establecer sus sistemas de educación ancestral y que el Estado de Chile “reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza”. No obstante, los convencionales rechazaron dos iniciativas de norma popular -que en su momento contaron con más de 15 mil apoyos ciudadanos- que resguardaban la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

Hasta la madrugada de este miércoles, el pleno de la Convención votó en particular el segundo informe emitido por la comisión de Forma de Estado que dentro de sus 32 artículos presentes contiene las bases sobre comunas autónomas, territorios especiales y -uno de los más controversiales- las autonomías territoriales indígenas.

Fue así que en la instancia aprobó la norma que sostiene que el gobierno de la Comuna Autónoma reside en la Municipalidad, y estará constituida por el Alcalde o Alcaldesa y el Concejo Municipal, con la participación de la comunidad que habita en su territorio”. Asimismo, se visó un Consejo Municipal y se estableció que los tanto los alcaldes como concejales ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas consecutivamente sólo una vez para el período siguiente.

No obstante, la comisión rechazó la creación de territorios especiales que buscaba “que se puedan establecer políticas diferenciadas en zonas extremas o lugares postergados, con el fin de terminar con las inequidades territoriales”. Además, uno de los puntos en los que se avizoraba cierta discrepancia por parte de los convencionales era en las Autonomías Territoriales Indígenas, las que al ser rechazadas volvieron a la comisión para futuras modificaciones en su texto.

Al continuar con las votaciones del informe de reemplazo, el pleno visó en general 19 artículos emanados de la comisión de Derechos Fundamentales. Puesto que la sesión tuvo que suspenderse hasta las 9.30 del jueves (debido a las cientos de indicaciones) los convencionales alcanzaron a aprobar en particular sólo tres de las normas presentadas.

Entre estas destacan la aprobación en particular de los artículos relacionados con la propiedad y las expropiaciones, que en su artículo primero sostiene que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas (...). Asimismo, con el favor de 110 convencionales, se aprobó el inciso cuarto, que indica que “corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad”.

No obstante, los seis incisos que componen el Artículo 21, que trata sobre el “derecho colectivo indígena a sus tierras y territorios”, fueron rechazados y devueltos a la comisión para un segundo informe.

Este miércoles, la comisión de Sistemas de Justicia terminó el texto de ocho artículos sobre el Banco Central que se deberá someter al pleno de la Convención Constitucional para su votación. Entre los artículos visados hay dos que generan una fuerte disyuntiva. Por un lado está el artículo 6 que sostiene que se aumentará el número de consejeros que actualmente integran el Consejo, pasando de cinco a siete; y se establece que durarán en el cargo un período de nueve años, “no reelegibles, renovándose por parcialidades cada tres años en conformidad a la ley”.

El punto de conflicto está en que se detalla que los consejeros serán “designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública (ADP)”. Hasta ahora, esta designación la hacía el Presidente de la República con el visto bueno del Senado.

La otra polémica recae en el artículo 8 sobre responsabilidad de las y los consejeros. En este se señala que los consejeros “podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o de un tercio de los congresistas (...)”. Sobre este punto, el convencional Cozzi afirmó: “Un tercio de los parlamentarios podrá solicitar la remoción de consejeros del BC, invocando una causal muy amplia. Sin perjuicio que debe dirimir la Corte Suprema, esta se transformará en una herramienta de presión, para el show político”.