El lunes, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) anunció que presentará una prórroga para ampliar el plazo del trabajo del órgano redactor de nueve a doce meses. Esto se realizará mediante una sesión en el pleno que está convocada para el próximo martes 22 de marzo, entre las 12.30 y 14.00 horas.

La extensión del trabajo de la Convención se ampara en el artículo N°137 de la Constitución Política, el que sostiene que el órgano constituyente deberá redactar y aprobar una nueva propuesta en el “plazo máximo de nueve meses contado desde su instalación (4 de julio de 2021), el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses”.

Esta discusión ya se había instalado con anterioridad. Primero, en octubre del año pasado cuando la mesa directiva liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa propuso un cambio en el cronograma para extender el plazo por tres meses más. Y este año en medio de discusiones por los plazos, entre un grupo de convencionales surgió la preocupación de poder realizar el plebiscito de salida el 11 de septiembre, según lo establecido en la actual Constitución. Desde la mesa directiva y otros colectivos expresan que la fecha no sería la ideal por la carga ideológica que presenta. En tanto, para sectores de la derecha esto podría beneficiar la opción del Apruebo.

En una nueva jornada de votaciones en el pleno, la Convención votó en particular el primer informe de normas emitido por la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF.), aprobando dos artículos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las personas que serán integrados en el borrador de nueva Constitución.

En esta línea, el pleno visó el primer inciso del artículo que establece que todas las personas son titulares de estos derechos y pueden “decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo y el ejercicio de la sexualidad”. Asimismo, se aprobó con 108 votos a favor el inciso segundo del artículo que sostiene que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos sexuales, así como las condiciones para un “embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

La aprobación de la norma despertó diferentes reacciones por parte de convencionales. La convencional feminista Alondra Carrillo (MSC) celebró la aprobación: “Para todas las niñas, las mujeres, para todas, nosotras les entregamos ese derecho a que puedan decidir sobre sus cuerpos”. En tanto la convencional Katerine Montealegre (Unidos por Chile) sostuvo: “¿El aborto soluciona la violación? No. ¿Soluciona la violencia contra la mujer? No ¿Elimina las situaciones desgarradoras que llevan a una mujer a abortar? No”.

Asimismo, el pleno aprobó un artículo que garantiza el derecho a una educación sexual integral “que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad”. También, la Convención aprobó uno de los incisos del artículo 10, el que establece que “ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente”. No obstante, ambos incisos referidos al objeto y fin de los DD.FF, que buscaban establecerlos como universales, fueron rechazados y deberán ser reformulados para una próxima votación.

Durante la jornada de votaciones en el pleno realizada el miércoles, los convencionales rechazaron en particular los tres incisos que comprenden el artículo 1 de la propuesta de la Comisión sobre Principios Constitucionales, donde se incluía la definición del Estado chileno como un “Estado social y democrático de derecho”.

Una de las primeras normas en ser rechazadas -por convencionales de derecha, escaños reservados y ex Lista del Pueblo- fue el primer inciso del artículo uno, el que indicaba que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Ante el resultado, Claudio Gómez (Colectivo Socialista), uno de los defensores de la norma, argumentó que éste sería “el punto de partida para la satisfacción de los derechos sociales, garantizando el acceso a mínimos de bienestar y participación política”.

La decisión levantó críticas y molestias en colectivos de izquierda luego de que la Coordinadora Plurinacional -que reúne a convencionales de la exLista del Pueblo y pueblos originarios- rechazara la norma en el pleno, puesto que para muchos en la Convención -sobre todo en el Frente Amplio-, era una de las discusiones cardinales para dejar fuera el estado subsidiario implícito en la actual Carta Magna.

No obstante, un total de siete artículos fueron aprobados y se sumaron al borrador de la nueva Constitución. Entre estos destacan los derechos referidos a la naturaleza y el mar, la probidad y transparencia y el artículo que establece a Chile como un Estado intercultural.

Durante la madrugada de este jueves, el pleno de la Convención discutió y votó las nuevas propuestas emanadas desde la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio contenidas en el informe de segunda propuesta de norma constitucional.

En la sesión se destacó la aprobación del artículo 2 que consagra la libertad de prensa, el cual fue aprobado por 119 votos, mientras que ocho rechazaron y 22 se abstuvieron. También se visó el Informe de reemplazo, que contiene normas rechazadas de su primer documento, pero que alcanzaron la mayoría simple para ser revisadas y perfeccionadas en la instancia.

En tanto, dentro de los artículos rechazados destacaron los relativos al derecho a una educación mediática y por perspectiva de género, la protección de fuentes y comunicadores, los derechos culturales, el derecho al cuerpo, entre otros.

En el marco de la revisión y votación en general, la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional aprobó este jueves la iniciativa popular de norma llamada “por la libertad de los presos políticos de la rebelión popular”, que propone una “amnistía” a detenidos y condenados desde el estallido social.

La iniciativa ingresada por Daniel Vargas establece que, producto de las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019, “hay cientos de detenidos y procesados a lo largo del país que son considerados como presos políticos del estallido social”. Frente a esto, “con el objeto de reparar los abusos cometidos con aquellos jóvenes injustamente procesados o detenidos (...), se establecerá un perdón amplio de los hechos ocurridos a partir de octubre del 2019 que involucren a ciudadanos en hechos que revistan carácter de delito referidos a la revuelta popular”.

Quienes aprobaron la iniciativa fueron los constituyentes Daniel Bravo, Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Vanessa Hoppe, Luis Jiménez, Rodrigo Logan, Manuela Royo, Ingrid Villena y Manuel Woldarsky. En tanto, en contra votaron Carol Bown, Andrés Cruz, Ruth Hurtado, Patricia Labra, Tomás Laibe, Luis Mayol, Daniel Stingo y Christian Viera.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió la renuncia presentada por Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional luego de que formalizara su intención de dejar su cargo el 11 de marzo, cuando el Diario Oficial publicó la ley que permite la dimisión de convencionales en circunstancias especiales.

“Se declara que se acepta la renuncia del señor Rodrigo Ernesto Rojas Vade al cargo de Convencional Constituyente por el Distrito 13, por la causal contemplada en el artículo 134 inciso segundo de la Constitución Política de la República, esto es, haber incurrido en hechos graves que afectan severamente su desempeño como Convencional Constituyente”, se lee en la sentencia del Tricel.

La reciente sentencia se suma a lo establecido por la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, quien sancionó al ahora exconvencional y le ordenó restituir los dineros percibidos durante 10 días de septiembre de 2021 y por la totalidad de los meses de octubre a febrero de 2022; es decir, más de 13 millones de pesos.