La semana de la Convención partió con pleno el martes. En la instancia los convencionales aprobaron una serie de artículos del segundo informe de la comisión de Forma de Estado. Las normas que lograron entrar al borrador de la nueva Constitución, entre otras cosas, se relacionan con las comunas autónomas, concejos municipales, territorios especiales y las autonomías regionales indígenas.

Sobre este último asunto, los convencionales aprobaron el artículo 19, que establece que las autonomías regionales indígenas “son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley”.

Asimismo, el pleno visó que la ley -a través de un proceso de participación y consulta previa- “creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas”. Esto, según el artículo 21 que fue despachado, se hará a petición de los pueblos y naciones indígenas interesados.

También lograron ingresar a la propuesta de nueva Carta Magna el reconocimiento del maritorio como “una categoría jurídica”, que las comunas autónomas podrán “establecer empresas o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas” y el reconocimiento del Acuerdo de Voluntades de 1888 que incorporó Rapa Nui a Chile.

Durante la jornada de este martes, el hemiciclo también sometió a votación el segundo informe de reemplazo de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

En ese marco, el pleno deliberó sobre uno de los artículos más esperados: los derechos de autor. Los convencionales aprobaron el primer inciso respecto al tema, que establece que la nueva Constitución “asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor”.

El tercer inciso del artículo 6, referido al mismo tema y que asegura la “protección a los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de conformidad a la ley”, también logró entrar al borrador. Sin embargo, fue rechazado el cuarto inciso de dicho artículo sobre las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, además del quinto inciso, que pretendía que el Estado fortaleciera el dominio público.

También fue descartado el artículo 18, referido al patrimonio y propiedad intelectual indígena, que establecía el reconocimiento de “los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas y de propiedad intelectual sobre ellos, conforme a lo establecido en esta Constitución”.

De la misma forma, no logró entrar al borrador la norma que aseguraba la protección de “los diversos títulos de protección de propiedad industrial. La ley regulará los derechos que se confieren a su titular, su duración y las limitaciones derivadas de su función social”. Otras normas que lograron entrar a la propuesta de nueva Constitución fueron el inciso que establece que “el acceso a la información pública será garantizado con la sola excepción de aquellas materias que la ley determine reservada o secreta” y el reconocimiento de los derechos culturales del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno.

Este jueves, el pleno de la Convención revisó el informe de segunda propuesta de norma constitucional emanado de la comisión de Principios Constitucionales y desechó por completo el artículo que permitía un referéndum revocatorio de mandato. Esta iniciativa planteaba que los cargos de Presidente de la República, gobernador regional y alcalde fueran revocables a través de un referéndum revocatorio de mandato, cuya solicitud requería -entre otras cosas- un 25% del padrón electoral en el caso de los últimos cargos y un 35% para el mandatario.

En cambio, un artículo que sí logro entrar el borrador de la nueva Carta Magna fue el referido a las iniciativas populares de ley. Este mecanismo permitirá de forma inédita que la ciudadanía pueda escribir proyectos de ley y presentarlos para ser discutidos en el Congreso. Asimismo, fueron aprobados los incisos primero y tercero referentes a la iniciativa de derogación de ley, que establece que “un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al 5% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional”.

También se aprobó un artículo nuevo sobre mecanismos de democracia directa regional, el reconocimiento a que todas las personas tienen derecho a la nacionalidad, el voto obligatorio para los mayores de 18 años y voluntario para quienes tienen entre 16 y 18 años o vivan en el extranjero, entre otros.

A diferencia de las jornadas previas, que se centraron en revisar segundos informes de distintas comisiones, este vienes el pleno revisará por primera vez el informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad.

En la instancia, que partió con las deliberaciones a eso de las 9.55 de la mañana de este viernes, se someterá a votación el documento que resultó de la consulta indígena. Este proceso fue cuestionado por algunos sectores de la derecha debido a su demora, baja participación y también porque tuvo un costo total de $ 269.349.844. Es más, desde secretaría se anunció que al final del proceso, se contabilizaron 7.549 personas consultadas -desde la secretaría de Participación se esperaba llegar a 18.790- pertenecientes a los diez pueblos originarios reconocidos por ley: atacameños, aymaras, changos, collas, diaguitas, kawashkar, mapuche, quechuas, rapanuis y yaganes.

La propuesta contiene 37 artículos y llega con una base de normas relacionadas que ya se encuentran en el borrador, como es el caso de la plurinacionalidad, el plurilingüismo, la interculturalidad, el derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas, escaños reservados y el acceso a la justicia, entre otras. Por lo tanto se espera que gran parte de las normas sean rechazadas por el pleno.