"Riesgos de suicidio": Las advertencias en los documentos secretos del fallido cierre de Punta Peuco

El 13 de octubre de 2017, Gendarmería de Chile envió al ministerio de Justicia el último documento del que queda registro para coordinar el traslado de los reos condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplen sentencia en Punta Peuco.

El texto, al que tuvo acceso exclusivo La Tercera PM tras solicitar a través de Transparencia todos los antecedentes relativos al tema desde el año 2010 a la fecha, entrega detalles inéditos respecto de la coordinación que desde el año 2015 realizó el Gobierno para que esos presos pudieran cumplir condena en penales comunes. La información da cuenta de que estaba todo listo cinco meses antes de que la Presidenta Michelle Bachelet intentara, en las últimas horas de su mandato, concretar la histórica medida. Una decisión que nofue posible, como reveló este medio, por la tenaz oposición del entonces ministro de Justicia, Jaime Campos.

Tan así era, que no sólo se contaba con información precisa sobre los recintos de reclusión de destino, que incluían establecimientos en regiones, sino que además se advertía de los riesgos del procedimiento. Así, por ejemplo, un informe de la Unidad Operativa de Gendarmería, fechado el 12 de septiembre de 2017, consigna que se debía tener presente las repercusiones en la salud mental de los internos. Se detalla que "las personas de tercera edad que son cambiadas de hábitat tienden a presentar desorientación, aumento de ansiedad, de angustia, miedos, entre otras emociones que dificultan su adaptación al nuevo escenario", y se plantea que están latentes "posibles intentos de suicidios".

"Conjuntamente a lo anterior, internos podrían percibir el cambio de recinto penal como una 'afrenta' y atentar contra su vida como una forma de evitar la 'deshonra' de estar en una unidad penal 'común'. Caso: Odlanier Mena". Sobre este punto, se postula la necesidad de "contención psicológica en una primera etapa".

Un mes después, en el oficio 14.30.40 se perfiló a los detenidos al 13 de octubre del año 2017: "Actualmente en Punta Peuco, la población penal, asciende a 127 condenados, 126 de ellos condenados por delitos contra los D.D.H.H., todos funcionarios en retiro de las F.F.A.A., con un promedio de condena de 20 años y cuatro internos perpetuos. El promedio de edad de esta población es de 71 años, que en su mayoría padecen enfermedades crónicas, enfermedades graves y enfermedades mentales, predominando el alto riego de salud".

Se agregó que en el C.C.P. de Colina 1, en los pabellones B y C existían en total 39 reclusos con un promedio de condena de 12 años y una edad media de 65 años, "que en su mayoría padecen enfermedades crónicas, pero sin grandes problemas de movilidad". Además se planteó que "los condenados de estos dos penales, que presentan residencia fuera de la Región Metropolitana son en total 49 condenados".

El chequeo de todos flancos estaba listo. Sólo faltaba la orden superior de ejecutar el plan.Y esa nunca llegó.

Fue en marzo de 2015. De esa fecha datan las primeras gestiones para el cierre simbólico de la cárcel militar de Til Til. En la época la ministra de Justicia era Javiera Blanco y fue el periodo en que se entregaron las bases de la reubicación que nunca ocurrió.

El 16 de marzo de 2015, mediante el oficio 14.30.00, el subdirector operativo entregó un análisis completo sobre los mejores lugares para recibir a personeros como ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, condenado, entre otros hechos, por su participación en la Operación Albania; el brigadier (R) y ex agente de la Dina Miguel Krassnoff, recluido por su rol en múltiples actividades represivas, entre ellas el asesinato del líder del MIR, Miguel Enríquez; y Raúl Iturriaga Neumann, quien fue director asistente de la DINA y que cumple sentencia por varios ilícitos como la fallida tentativa de asesinato contra el demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa en Roma.

En este documento figura "como primera alternativa" CP de Rancagua "el cual posee la capacidad suficiente para este fin y poder albergarlos en una dependencia apartada de la población penal, donde además contarían con espacios comunes independientes dentro de la agrupación de módulos y recepción de visita". Se recomienda específicamente los módulos 83-84 con capacidad para 136 internos cada uno o en su efecto el 85-86 con capacidad para 81 internos.

La segunda opción que se baraja es el panal Santiago 1, pero ese trámite demoraría entre 7 y 8 meses, además "sería necesario efectuar una redistribución de la población penal dentro del mismo recinto y/o derivar internos " ya que esa cárcel "presenta un 97,90% de capacidad ocupada". Otro punto crítico en esta elección es que debería haber contado con "equipo de intervención multidisciplinaria, respecto del Área de Reinserción Social de Gendarmería ya que por contrato dicho recinto abastece de dicho servicio solo a la población penal imputada".

En tercer lugar se propone el pabellón ASISTYR del CCP de Colina 1 que "pueda albergar internos del CCP Punta Peuco que presenten problemas graves de salud avanzada edad y/o con dificultades de desplazamiento como también frente a futuros ingresos de internos que reúnan estas características. En este punto, de igual forma se puede analizar el ingreso de población penal común que posea algún tipo de impedimento físico (minusválidos)"

Luego de este informe, se iniciaron los trabajos de remodelación del pabellón ASISTYR de Colina 1, que fue el lugar elegido para desarrollar el proceso de traslado. Aquí, a septiembre de 2017, ya existían 38 reos por delitos contra los Derechos Humanos recluidos junto a cuatro delincuentes comunes.

Durante el año 2016, además del desarrollo de la refacción, no hubo mayores movimientos a nivel gubernamental referentes al cambio de domicilio de los condenados por lesa humanidad.

En 2017, septiembre fue el mes clave. El 12 de ese mes se elaboró la minuta de traslado con todas las consideraciones respectivas.

En cuanto a las capacidades de los penales involucrados en la operación, se determinó que Punta Peuco contaba a esa fecha con 112 plazas y 129 internos, uno de ellos por delitos comunes, lo que implicaba una sobrepoblación de 15%. Colina 1, Sección Módulo, tenían 128 plazas, de las cuales estaban 42 ocupadas, quedando disponibles 86.

En cuanto a los criterios de traslado, uno de las consideraciones fue la de condenados por violaciones a los derechos humanos con domicilio fuera de Santiago, que correspondía a ese entonces a 37 personas, lo que implicaba que 91 debían ser reubicados en Colina, donde existían 13 reos con condenas similares a los presos de Til Til que eran de fuera de Santiago.

Se estableció además que quienes no pertenecían a la Región Metropolitana debían ser ubicados cerca del domicilio declarado en centros con buenas condiciones de seguridad, con módulos para la tercera edad y con área de atención de salud y reposo médico.

La propuesta, en detalle, era la siguiente: C.P. Arica, dos reos; C.P. Alto Hospicio, dos; C.C.P. Antofagasta, uno; C.P La Serena, cuatro, tres de ellos de la Región Atacama; C.P. Valparaíso, 14; C.P Rancagua, 18; C.C.P. Molina, tres; C.C.P. Bío Bío, siete; C.P. Valdivia, once, la mayoría de la Araucanía donde se recomienda no ubicar reclusos uniformados por la situación mapuche ya que se estaría "tensionando aún más" las dinámicas operativas; C.P. Puerto Montt, cuatro; C.P. Punta Arenas, uno.

Finalmente, se mencionan los riesgos de suicidio y se recomienda apoyo sicológico.

El 14 de septiembre de 2017 se elabora la minuta 678 sobre una reunión para "coordinación y planificación respecto al posible cierre" de Punta Peuco. A este encuentro asistieron todas las unidades de Gendarmería que participarían del proceso y "se consideraron diversos factores como: población penal, el personal, logística, procedimiento a desarrollar entre otros".

"Para el cierre y traslado de internos de CCP Punta Peuco a Sección Módulo de CCP Colina 1, se requiere como mínimo el traslado de 43 internos a otros penales dentro o fuera de la región, los cuales deben contar con ciertas característica s como buenas condiciones de seguridad, clasificación, sección para la tercera edad y área de salud adecuada considerando el promedio de edad y patologías médicas de los condenados", enumera el texto.

Complementa con que se "trató el tema del procedimiento de traslado y como se llevaría a cabo, conforme a esto el Jefe Departamento de Seguridad presentó informe con el plan y programa a realizar (...) considerando para ello las medidas de seguridad, funcionarios, custodias y móviles a utilizar". Es decir, quedó todo listo para la reubicación, incluso se conocía quiénes desarrollarían el procedimiento considerado de alto riesgo.

Las razones políticas que tuvo Bachelet para que su determinación de cerrar Punta Peuco, frenada por su ministro de Justicia, fuera en las horas finales de su mandato y no meses antes, cuando ya estaban alistados todos los detalles, no se conocen, pero lo cierto es que ya estaba hasta el personal asignado. Al respecto, Bachelet dijo en Canal 13 -en la semana en que debía dejar el poder- que "quedan cinco días y yo no hago anuncios por la prensa… ahí se verá". Posterior a la revelación de La Tercera PM sobre el impasse con Campos por el tema, éste sostuvo en un video dirigido a la masonería que "la última vez que conversé esta situación con Su Excelencia fue en el mes de enero del presente año, ocasión en que le indiqué que los plazos para implementar cualquier medida que quisiésemos adoptar se nos estaban acortando o estaban terminando, puesto que estábamos en una posición muy próxima a concluir el mandato presidencial". Y confirmó todo lo publicado por este medio: entre el sábado 10 e incluso el domingo 11 se le insistió en que rubricara un decreto de traslado, a lo que se negó.

La Tercera PM también requirió antecedentes específicos de la maniobra, pero fueron denegados en virtud de que "afectaría la seguridad de la institución, de su personal y de las propias personas que se encuentran bajo la custodia y asistencia de Gendarmería de Chile, atendido que contiene la operatividad de un eventual traslado y la información personal de los internos, material necesario, recursos humanos y físicos que se deben disponer para hacer este tipo de procedimientos. Asimismo, su entrega aportaría importantes datos para eventuales actos de fuga, intentos de rescate de internos y en general posibles ataques y atentados contra la integridad física de la población penal y del personal de servicio de Gendarmería de Chile".

Finalmente, el 13 de octubre de 2017 se evacuó el último oficio referido a este asunto, con algunas modificaciones a la propuesta del mes anterior. Por ejemplo, se postuló que el "traslado de esta población penal obedece principalmente a las patologías que padecen" por lo que se privilegiaron centros contaban con Hospital Penitenciario. La mayoría quedó destinado a Colina 1, excepto los presos de regiones donde también se propusieron cambios a la propuesta de septiembre. Así, por ejemplo, se descartó una reubicación en Valparaíso "debido a que el módulo destinado para adultos mayores y ex integrantes de las Fuerzas Armadas presenta sobrepoblación". En respuesta, se postuló el penal de Casa Blanca. En cuanto a Temuco, pese a la consideración inicial de no usar esta cárcel, se insiste debido a que quienes declaran residencia en esta comuna tienen un riesgo de salud alto.