Durante los últimos días, en Chile Vamos han continuado analizando lo que será la arremetida de acusaciones constitucionales en contra de los ministros del gobierno de Gabriel Boric. En esas conversaciones han estado involucrados los jefes de bancada Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) y, hasta ahora, han adoptado dos lineamientos de cómo serían los libelos en contra de secretarios de Estado. La idea es acusar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, algo que todavía no se oficializa, pero que hay ánimo de hacerlo, y también se bajó la acción acusatoria que se había evaluado en contra de la canciller Antonia Urrejola.

En el caso de la titular de Justicia, ella es cuestionada en la derecha por el manejo que ha tenido en la crisis que se desató en Gendarmería en Angol, entidad dependiente del ministerio que dirige. Esto último debido a que esa institución autorizó el traslado de unos reos mapuches hacia otro penal, lo que se produjo después de que el alcaide del recinto fuera amenazado de muerte por grupos radicales mapuches. La situación provocó protestas internas de los mismos gendarmes, y acusaciones de que Ríos no hizo gestiones para revertir al tema.

“En virtud de los nuevos antecedentes, donde el exdirector regional de Gendarmería en La Araucanía, y ahora de Ñuble, quien suscribió este acuerdo ilegal y fuera de sus atribuciones, no ha concurrido a la comisión investigadora en dos oportunidades, teniendo la obligación de hacerlo. Por ello vamos a enviar los antecedentes a Contraloría para que sea sancionado como corresponde y tener mayores antecedentes de que acá hubo una confabulación y se utilizó a este director para poder negociar con presos condenados”, dijo Longton.

Y agregó: “En virtud de esto, y de lo que esperamos de la respuesta a los antecedentes que enviamos a Contraloría, será información muy relevante para poder reactivar una posible acusación constitucional”.

Otra de las materias que resolvieron en la coalición es bajar la acusación constitucional que se estaba evaluando en contra de la Canciller Antonia Urrejola. La acción nació el pasado 14 de octubre principalmente de parte de RN -específicamente del secretario general, el diputado Diego Schalper-, y contó con el apoyo de Evópoli, mientras que la UDI se abrió analizarla.

En esa oportunidad, se planteó que se cumplía lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución que establece que los ministros son acusables “por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución”, y se interpretaba que Urrejola dejaba sin ejecución la legislación, dado que el gobierno no promulgaba el TPP11 a la espera de las side letters.

La idea de La Moneda es esperar las cartas laterales o acuerdos paralelos con los que quieren despejar algunos puntos del tratado, como el mecanismo de solución de controversias entre los inversionistas y el Estado. En esa oportunidad, se cuestionó que no se promulgara el tratado -pese a haber sido despachado desde el Congreso Nacional- y que la espera de las side letters podría demorarse años.

Sin embargo, la semana pasada Urrejola entregó como plazo a finales de este 2022 para la promulgación del tratado, lo que calmó las aguas en la derecha. “Estamos haciendo toda la urgencia para conseguir los side letters con los países signatarios del TPP, pero nos hemos puesto un plazo para aquello, que es fin de año”, dijo.

“No me cabe ninguna duda que la ministra jugó un rol clave para hacerles entender a los sectores más extremos del gobierno de los beneficios y las ventajas de adherirnos lo antes posible a este tratado internacional. Además, para que este sector abandonara de una vez los complejos y las posturas que terminan por desincentivar la inversión e instalan fake news acerca de un tratado ya suscrito por tantos países, y una apertura comercial muy importante para no abandonar una senda de crecimiento que nos ha acompañado durante tantas décadas”, añadió Longton.

Mientras que Alessandri agregó: “Agradecemos al gobierno que haya tomado nuestro comentario sobre la importancia del TPP11 y que no se haya girado el Presidente en sus opiniones anteriores y que hoy día agricultores que dependen de este tipo de tratados para aumentar sus ventas, tengan antes del 31 de diciembre una buena noticia. Por supuesto que la posibilidad de acusar constitucionalmente que habíamos planteado si no mantenían el TPP queda descartada y vamos a seguir vigilantes, especialmente al señor Ahumada”.

Por su parte, Schalper sostuvo que “nos alegramos que el gobierno haya entendido que la necesidad de construir un tratado de los países que tienen salida al Pacífico tenía que ver no con un clamor de Chile Vamos, sino que con un clamor de la economía, de la inserción en el mundo. En vista de que la canciller ha aclarado que eso va a quedar resuelto a la brevedad nos parece que se da cumplimiento a la ley y, por lo tanto, no habría causal para insistir en acusar constitucionalmente a la ministra. El gobierno da un giro razonable”.

Las ofensivas que planea la derecha, en todo caso, no son indiferentes para el gobierno. De hecho, para Urrejola la posibilidad de una acusación constitucional en su contra era un escenario más que complejo. Su gestión ha estado marcada por varias polémicas y, por lo mismo, se especuló desde distintos sectores que podría dejar el cargo en el último cambio de gabinete que realizó el Mandatario.

Su complicado aterrizaje, han dicho en la Cancillería, ha respondido muchas veces a que ha tenido que ser ella quien da las explicaciones por decisiones presidenciales que salen de los protocolos de la política exterior o que van en contra de lo que profesó el Frente Amplio antes de llegar al poder: por ejemplo, terminar con los premios de consuelo y “pitutos” en las embajadas.

Y lo cierto es que el TPP11 y las señales que había dado tras su aprobación en el Congreso el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, se volvió un nuevo dolor de cabeza para la ministra cercana al Partido Socialista.

Era ella quien tendría que poner la cara ante el Congreso frente a una eventual acusación constitucional y, según explican en el gobierno, eso era algo a lo que no estaba dispuesta. Por eso, la semana pasada, sostuvo una conversación con el Presidente que, según quienes conocieron de su tenor, fue “franca” y “severa”.

En esa cita, la canciller le pidió al Jefe de Estado dar una señal concreta en términos de los plazos para el depósito del tratado, cambiando la estrategia inicial que defendía La Moneda por esos días y que implicaba no hacer ese trámite hasta que no se firmaran acuerdos laterales para dejar sin efecto los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados miembros.

Después de esa conversación, fue la misma Urrejola quien comunicó a través de los medios que el gobierno se daría hasta fin de año, dando una señal de “certeza” y despejando la idea de que con las denominadas side letters el Ejecutivo solo estaba buscando dilatar la suscripción del tratado como una señal política a Apruebo Dignidad, quienes están en contra de su ratificación.

Según quienes conocieron del debate al interior del comité político, además, aseguran que mientras Urrejola, el ministro Mario Marcel (Hacienda), Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Segpres) estaban por dar señales para sacar el tema de la agenda, las ministras de Apruebo Dignidad, Camila Vallejo (Segegob) y Antonia Orellana (Mujer), buscaban mantener la estrategia original.