El viernes hubo una nueva balacera en el borde costero de Viña del Mar. Esta vez, a un costado del restaurante Nogaró, en la concurrida Avenida Perú y a pocos metros del Casino, lo que llevó a los comensales a esconderse bajo las mesas. A eso de las 21:00 -recuerda el diputado electo, Tomás de Rementería (ind-PS)- “una persona disparó al mar, unas cinco veces. Luego se dio vuelta la chaqueta, se sacó la visera y se fue caminando, tranquilamente”.

El futuro parlamentario vio el incidente desde su departamento, ubicado en la Avenida Marina. El tiroteo, recuerda, hizo que sus hijos y sobrinos llorasen. Y que la gente del local se colocara a ras de piso. Pese a que llamó a Carabineros -al número del cuadrante y al 133- no obtuvo respuesta. La policía uniformada, asegura, apareció recién 40 minutos más tarde.

El episodio no es el primero que se registra en la Ciudad Jardín. Los últimos meses, incluso, han provocado la muerte de al menos tres personas: el 9 de enero, a raíz de un tiroteo en las inmediaciones del muelle Vergara; el 7 de noviembre, por disparos perpetrados en la turística avenida San Martín; y a fines de septiembre se registró un tercer deceso en la población Glorias Navales.

Y fue en el marco del desarrollo de estos incidentes, que la seguridad pública en la Región de Valparaíso se transformó en un nuevo foco de enfrentamiento, pero esta vez desde la arena política.

Un día después de la balacera de la Avenida Perú, el sábado, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), señaló por Twitter que el municipio levantó “todas las debilidades del sistema y pusimos en marcha diversas acciones para enfrentar la delincuencia dentro de nuestras facultades”, como ejecutar proyectos y levantar licitaciones para instalar cámaras de seguridad, contratar personal para reforzar patrullajes preventivos, y utilizar drones para “coadyuvar a las policías”, entre otras medidas.

Pero, además, criticó al delegado presidencial regional, Jorge Martínez (RN), por ser incapaz de “establecer prioridades para la acción conjunta en la región”.

“¿Qué ha propuesto el responsable de la seguridad en la región, delegado del Presidente de la República, don Jorge Martínez? ¿Pidió acaso autorizaciones extraordinarias para habilitar a aduana a fiscalizar mercaderías, posiblemente con armas o droga que se internan en Viña del Mar? ¿Gestionó y presionó el aumento de dotación de policías para la época estival?” se preguntó Ripamonti.

La jefa comunal aseguró que el paso de Martínez “como autoridad política de la seguridad será recordado como imperceptible y mediocre”.

Hoy, en la prensa local (El Mercurio de Valparaíso), el delegado respondió a Ripamonti y dijo que lo que debe hacer es imitar a su par de Valparaíso, Jorge Sharp (ind), y entender que no es un problema político. Lamentó el lenguaje utilizado por la alcaldesa y se excusó señalando que ella desconoce la realidad de la comuna, pues no asiste a las reuniones del Consejo de Seguridad Pública.

En esa línea, aseguró que los delitos de alta connotación pública en la comuna han bajado cerca de un 25%, entre 2020 y 2021, y puso de ejemplo a la Ciudad Puerto, donde, según él, sí ha habido un trabajo colaborativo.

La actitud de Sharp, señaló Martínez, ha cambiado un 100%, tras la serie de balaceras -con fallecidos- registradas en octubre y noviembre en Valparaíso. Esto, por cierto, marca un cambio en la relación de ambas autoridades, quienes por años mantuvieron una relación de confrontación respecto de diversos temas, incluida la seguridad.

En esa línea, Claudio Opazo, director de Seguridad Ciudadana del municipio porteño, dijo que “hemos estado trabajando intensamente con Carabineros y la PDI, estas últimas semanas. Claramente estamos preocupados por cómo se ha ido desarrollando y escalando algunas situaciones de balaceras en el plan de la ciudad y en algunos sectores altos de los cerros de Valparaíso”.

José Pakomio, presidente de la Cámara Regional de Comercio, dijo que como gremio están muy preocupados, que “es un tema que hemos planteado a las autoridades hace dos meses” y que “esto ha incidido en la baja tasa de ocupación hotelera que tenemos para la segunda quincena de enero, donde no superamos el 50%”.

Sobre la disputa entre Ripamonti y Martínez, el dirigente indicó que “yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Tanto el gobierno central, y su delegado, como los municipios, tienen que hacerse cargo, más que entregar detalles públicos. Creo que es el minuto de que se sienten a conversar”.

“Cuando un destino se posiciona como inseguro pueden pasar muchos años para que se recupere. Tenemos que considerar recursos y gestión. Pero creo que ya se nos fue de las manos este tema” señaló Pakomio.

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca (ind), recordó este lunes que la seguridad es responsabilidad del delegado presidencial, “sin embargo, es insoslayable no preocuparnos de la situación que está viviendo la región, de bastante inseguridad”, y que como gobierno regional han coordinado reuniones con Carabineros y la fiscalía.

El futuro diputado De Rementería, en tanto, planteó que la crítica de Ripamonti demuestra que “la alcaldesa está desesperada, al igual que todos en Viña, porque esta delegación ha dejado abandonadas las comunas. No quiero creer que hay una intencionalidad política, pero se ha visto una baja en el trabajo policial”.

La concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz (ind-FA), por su lado, relató que “el país está pasando por un momento crítico en temas de seguridad, especialmente en los sectores turísticos; este crecimiento de violencia es también por el crecimiento de la población flotante en el período estival. Tenemos baja dotación de carabineros, menos del 30%”.

La edil agregó que espera que el delegado “prontamente convoque a una mesa de trabajo para poder dar una solución (...) No tenemos que olvidar que aquí hay un gobierno próximo a salir, que no se ha hecho cargo de todas las promesas de campaña”.