Robo del siglo: Solo $ 2 mil millones ha recuperado la fiscalía, de un botín total de casi $ 16 mil

El 19 de septiembre de 2017 un grupo de personas se llevó $ 15.800 millones en efectivo y $ 200 millones en cheques desde una empresa de transporte de valores en Independencia. Esa vez, los guardias que custodiaban el dinero dijeron haber sido víctimas, pero en marzo de este año reconocieron que fueron parte de la planificación del asalto. La policía ya tenía sospechas de su participación y sus declaraciones aportaron para confirmar quiénes eran el resto de los integrantes de la agrupación.

El OS-9 de Carabineros los detuvo el martes y el fiscal Marcelo Carbrera los formalizó por asociación ilícita, receptación de autos y patentes, robo en contenedor de dinero y lavado de activos. En la audiencia detalló una serie de bienes que los imputados adquirieron luego del robo. Por ejemplo, dijo que Pablo Cordero compró seis vehículos, además de inscribir otros cuatro a nombre de testaferros y compró tres inmuebles, uno de ellos ubicado en Maipú por $ 312 millones, de los que pagó $ 250 millones al contado. Según el fiscal, Claudio Pino adquirió 11 vehículos, entre ellos, dos Porsche y dos Audi, además de inscribir otros 11 autos a nombre de terceros y pagó por cuatro inmuebles. Así, Cabrera detalló uno a uno en qué se fueron gastando el dinero presuntamente obtenido a raíz del millonario robo.

Sin embargo, estas y otras pruebas no fueron suficientes para que el tribunal resolviera darle la prisión preventiva a los 10 imputados para los que el fiscal había pedido la máxima medida cautelar. “La magistrada en la audiencia no detalló con precisión los antecedentes por los cuales no dio ha lugar, pero de los antecedentes que ella habría entregado tiene que ver específicamente con que no acreditó que se había conformado la asociación ilícita (...) Creemos que si hay antecedentes suficientes, para ello y a propósito de esto, entonces, ella empezó a desechar los demás ilícitos que se habrían cometido en este contexto de la asociación ilícita”, dijo el viernes el fiscal Cabrera.

En medio de este escenario, Carabineros junto a la fiscalía se encuentra calculando cuánto del botín se ha podido rescatar. Según fuentes del caso, en un principio el estimado que se lleva recuperado son más de $ 600 millones en bienes muebles (en general autos). Eso sin contar el avalúo de bienes inmuebles, que ascienden a cerca de $ 1.400 millones. Con eso calculan los investigadores deberían superar los $ 2.000 millones. Es decir, hasta ahora cuentan con al menos un 12,5% del total robado. De acuerdo a las mismas fuentes, se encontró algo de dinero, pero no grandes sumas.

El exfiscal Pedro Orthusteguy explica que “en los casos en que el bien robado es dinero y éste no es recuperado a tiempo por las policías para devolvérselo a su dueño, resulta muy difícil configurar un delito posteriormente. Lo primera dificultad es la prescripción de la acción penal, cada día que pasa corre a favor de los autores y, la segunda, es que respecto de los imputados detenidos sin dinero una vez que estos cumplan la pena pueden usarlo con relativa tranquilidad, por el principio non bis in ídem, es decir, no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

En los otros dos robos millonarios registrados en el país, tampoco se ha podido recuperar gran parte del dinero.

Por ejemplo, en el último asalto en el aeropuerto de Santiago ocurrido en marzo pasado, donde se llevaron $ 13 mil millones, en total han logrado recuperar cerca de $ 250 millones en efectivo, dijo el subprefecto Luis Salazar, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI. Detalló que como las detenciones se realizaron meses después del robo, los imputados no habrían alcanzado a comprar muchos bienes, como fue en el caso en 2017. De todas formas, el fiscal Eduardo Baeza le pidió a la Brigada de Lavado de Activos de la PDI realizar un análisis sobre los inmuebles adquiridos por la banda.

Otro de los robos más cuantiosos ocurrió en 2014, cuando se llevaron de la terminal aérea $ 6 mil millones. La banda fue condenada en 2015, fecha en que no se había logrado recuperar más del 10% de lo sustraído.