Rodrigo Egaña, director de Educación Pública: “Yo invitaría a no hacer un símil, el SLEP Magallanes no es un nuevo Atacama”

Son 23 los días que llevan paralizados los profesores del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, el que tiene a su cargo la entrega del servicio educativo que antes entregaban los municipios de Punta Arenas, San Gregorio, Río Verde, Laguna Blanca, Natales, Torres del Paine, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos. Los docentes reclaman que Mario García, director ejecutivo del SLEP, hoy con licencia médica, les prometió gestionar un alza de sueldo que desde el gobierno han negado tajantemente.

La movilización de los profesores de inmediato hizo recordar la que entre 2023 y 2024 protagonizaron los profesores del SLEP Atacama, quienes, aunque por razones muy distintas, alcanzaron a estar más de 80 días paralizados. “Es una cuestión bien equivocada comparar la situación que se produjo en el SLEP de Atacama con la situación que está en desarrollo en el SLEP Magallanes”, se apresura en todo caso en aclarar Rodrigo Egaña, mandamás de la Dirección de Educación Pública (DEP), entidad que tiene a su cargo los 70 servicios que crea esta nueva institucionalidad, de los cuales hoy hay 24 en régimen y 14 en proceso de instalación.

¿Cuál fue el principal error para llegar a que los profesores del SLEP Magallanes lleven un poco más de tres semanas paralizados?

Fui informado de la iniciativa que había tomado en diciembre el director ejecutivo del SLEP de la promesa de subir el sueldo a 25.000 pesos la hora, que significa más o menos 40% de aumento real. Esta decisión la tomó sin consultarla con la DEP ni nadie, y absolutamente al margen de las atribuciones que tiene. Los que tenemos estos cargos sabemos que toda discusión de remuneraciones uno la puede plantear como servicio, pero se la plantea primero a la autoridad ministerial, luego a la Dipres, y sobre todo si son remuneraciones como las de los profesores, funciona la mesa del sector público, donde participa el Colegio de Profesores. Aquí hay una primera cuestión que nos dejó bien sorprendidos a todos: que un jefe de servicio abriera una discusión de esta naturaleza sin autorización legal para hacerla, pero tampoco tenía una base política. Él estaba actuando fuera de sus atribuciones y de cualquier marco presupuestario, porque el presupuesto estaba recién aprobado y las pautas para la remuneración ya estaban definidas. La respuesta fue desde el inicio total y absolutamente negativa. Eso no está en la mesa de discusión y no va a estar en la mesa de discusión. Desde ese punto de vista hemos generado un programa de mejora de condiciones laborales y docentes para los profesores, pero lo que ellos plantean es que si no hay aumento de remuneraciones no hay suspensión del conflicto.

¿Es justo personificar en una persona el conflicto?

Como cualquier SLEP, Magallanes tiene puntos positivos y puntos más complejos. Este es un servicio que lleva poco más de un año funcionando y se han hecho mejoras muy importantes. No es personificar, (pero) si no hubiese habido esa oferta del director ejecutivo no estaríamos en el origen del conflicto. No digo que no hubiese habido igual conflicto, porque a lo mejor igual lo habrían planteado, pero en toda la argumentación que el sindicato y el colegio hacen, es que el empleador les hizo un ofrecimiento que no ha sido cumplido por el SLEP.

Ese director hoy está con licencia, ¿qué va a ocurrir con él?

Cuando vuelva conversaremos con él su situación.

¿Le ve pronta salida a este conflicto?

La salida está en torno a qué valores y principios queremos respetar. Yo siempre he dicho que en cualquier ámbito legítimamente uno puede aspirar a tener mejores remuneraciones. Cuando uno trabaja en el Estado trabaja dentro de unos marcos normativos y organizacionales muy claros que uno acepta cuando entra. Si no, tiene la posibilidad de trabajar en otras partes. Los que trabajamos en el Estado sabemos del derecho que tienen los estudiantes de Magallanes de recibir educación, y en eso padres, madres y apoderados están superclaros de que en esta disyuntiva es necesario que prime ese derecho más que el derecho a la mejor remuneración de los docentes. Por eso hemos señalado que la respuesta está en manos de los profesores. El Estado ya hizo su trabajo, lo hizo rápido y lo hizo claro y ha dicho nítidamente qué es lo que va a poder hacer y qué no puede hacer. Y no vamos a movernos de lo dicho en el no poder hacer.

Pero con el mismo argumento de que debe primar el derecho a la educación, en el SLEP Atacama los profesores estuvieron más de 80 días paralizados. En Magallanes van poco más de 20.

En el SLEP de Atacama había una demanda que no era salarial, que era por mejora de infraestructura, de procesos educativos y pedagógicos en la escuela, y hubo una dirección del SLEP que no fue capaz, a pesar de la asistencia que recibió, de poder encauzar esas demandas en soluciones adecuadas que hubiesen impedido esa larga paralización. Son conflictos de distinta naturaleza, que no hay que mezclarlos. Tienen un origen diferente y hoy día podemos constatar que el SLEP Atacama funcionó perfectamente en 2024. Yo invitaría a no hacer un símil, Magallanes no es un nuevo Atacama.

¿Hoy día la pelota la tienen los profesores? ¿Pueden ustedes ofrecer algo más?

El conflicto está planteado en términos muy claros por los profesores y la contraparte que son las autoridades del gobierno también han sido muy claras. Si nosotros aceptáramos la propuesta significaría un mayor gasto anual de 800 millones de dólares en remuneraciones. Este gobierno está enfrentado a la necesidad puesta por el Consejo Fiscal Financiero de hacer una rebaja del gasto en 1.600 millones de dólares en lo que resta del año, por lo tanto es absolutamente inviable que se pueda acceder. Porque si se accede en Magallanes, ¿cuál sería la razón que tendría el Mineduc para no acceder a una demanda similar en otras regiones? Lo lógico sería acceder a todo el país. Y eso nos lleva a una situación no solo de un desfinanciamiento brutal de la educación pública, sino que a un aumento del gasto fiscal enorme. En este país nos tenemos que poner serios: frente a una situación de esta naturaleza, en que en un lugar se puede generar un conflicto que pone en riesgo el conjunto del sistema, no veo razón alguna para que personeros públicos estén diciendo que hay que responder positivamente a los demandados.

¿Estos profesores podrían enfrentarse a descuentos en sus sueldos por este tiempo paralizados?

Tenemos casos similares e instrucciones muy claras que los SLEP han recibido de las respectivas contralorías, que días no trabajados son días descontados. El SLEP Magallanes tiene que actuar cumpliendo las instrucciones del ente contralor.

¿Cómo diría que está en general el proceso de desmunicipalización considerando todo este tipo de situaciones?

En este momento tenemos 38 SLEP en organización, 24 de ellos están administrando el servicio educativo -en régimen- y los otros 14 están en proceso de ser traspasados. El funcionamiento general es bastante razonable. Ahora, problemas siempre va a haber, porque es impensable que no cuando tienes un sistema que además es creciente en cantidad de establecimientos y en cantidad de personas que se vinculan. Que podamos tener tensiones, las vamos a tener. Eso hay que enfrentarlo tal como lo tienen que enfrentar escuelas que estén todavía bajo la administración municipal o particulares subvencionados o particulares. Los resultados del Simce muestran que hay una mejora significativa en las primeras cohortes. Estamos muy optimistas de la marcha del sistema. Este va a ser un año exigente porque a inicios del próximo año vamos a tener más de la mitad de los 70 SLEP que se van a crear ya en funcionamiento.

¿Se ha avanzado?

Tomando en consideración el encargo que me hizo el Presidente, que era normalizar el funcionamiento de los SLEP, se ha avanzado notablemente. También pidió mantener el ritmo de implementación de la Nueva Educación Pública (NEP), que también lo hemos hecho. Nos encargó preocuparnos de las dotaciones excesivas en algunos lugares. Estamos, servicio a servicio, avanzando en esa materia. No tengo salvo razones para estar muy optimista y muy esperanzado en que vamos a poder terminar la gestión del Presidente Boric en esta materia con un éxito muy significativo.

¿Es consciente del ruido que generan casos como Atacama o Magallanes?

Entorpecen, porque al final las buenas experiencias no son promovidas. En las noticias aparecen más los hechos negativos. El inicio de año escolar de los SLEP no fue noticia en ninguna parte porque fue tan sin dificultades que a nadie le llamó la atención. No estar en la noticia es de cierta manera un indicador de que estamos en la buena senda. Siempre hay dificultades con una escuela, con un grupo, pero diría que la mirada general es que el sistema de educación pública, bajo los criterios de la NEP, está funcionando bastante bien.

¿Algo de eso captó en la Conferencia Nacional de directores ejecutivos?

Hay una sensación de grupo de que aquí en conjunto estamos haciendo una tarea de primera importancia nacional, que nos compromete y en la cual estamos, y lo vimos, todos muy entusiasmados.

El proceso ha seguido su curso a pesar de las aspiraciones de algunos alcaldes, como los del SLEP Manquehue o Mario Desbordes en Santiago, de no entregar la administración municipal. ¿Ve que esos intentos se usan más como estrategia en momentos electorales del país?

Hoy día tenemos 115 comunas en el país que están en régimen y eso se va a seguir acrecentando este año y el próximo. En el Parlamento está en discusión una modificación para perfeccionar aspectos de esta ley, pero en ninguno de los aspectos que ya han sido concordados se habla de la suspensión del proceso. Hay una convicción, que fue la que estuvo en la base del origen de esta reforma, de que el sostenedor municipal no fue una buena decisión y que había que trasladar la educación pública a un sostenedor público de las características que tienen los SLEP.

¿Cuáles son las dificultades que aún tiene el proceso?

Una dificultad tiene que ver con cómo seguimos mejorando los aprendizajes y el rendimiento académico. Una segunda cuestión es el tema de infraestructura. El ministro (Cataldo) planteó a principios del año pasado la necesidad de desarrollar una política nacional de infraestructura educacional pública. Eso se trabajó, pero nos hemos visto enfrentados a la dificultad de que eso implica asumir para los próximos 10 años compromisos financieros más o menos relevantes. Y todos sabemos cuál es la situación financiera del Estado y eso ha debido postergarse en la puesta en marcha. Estamos avanzando en poder coordinar cómo la gestión de los SLEP se va cada día perfeccionando. Termino con un elemento que para nosotros es muy importante: la participación de todos los actores de la comunidad educativa es un cuarto gran desafío.

¿La herencia municipal sigue siendo el gran tema al momento de los traspasos?

Aquí hay dos tipos de herencia que complican. Toda la herencia más organizativa se ha ido superando. Se han instalado prácticas y procedimientos que permiten que eso se trabaje en tiempo y forma sin dificultad. Hay un tema de que hay algunos municipios que tienen un déficit crónico en el sector educacional. Las deudas que haya acumulado el municipio son de responsabilidad del municipio y no se traspasan, pero sí el déficit operacional, el cómo financiar el costo del servicio educativo por lo traspasado. Recibimos un déficit operacional de 26 mil millones anuales en Magallanes.