¿Romero, “el breve”? Profesor UC sería ganador y abogados apuntan a perfil que debiera tener nuevo presidente del TC

Tiene asegurados al menos seis votos. Esto comentan al interior del Tribunal Constitucional (TC) respecto de las preferencias que obtendría el ministro Juan José Romero para ser elegido esta tarde como el nuevo presidente del organismo. Con esto, se rompería la continuidad de María Luisa Brahm, quien habría apostado a que su sucesor fuera el también académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile Miguel Ángel Fernández.

De cumplirse los pronósticos, la presidencia de Romero sería breve y no duraría más de siete meses. Esto, porque el magistrado cumple su periodo de nueve años en marzo del 2022, fecha que no es prorrogable y en la que deberá abandonar el TC. Aun así, dicen ministros consultados, el gesto será darle un voto de confianza a quien pese a pertenecer al grupo que “se ha opuesto” a varias de las medidas de Brahm, pero que ha mostrado independencia en momentos clave, como cuando rechazó el requerimiento con el que el Presidente Sebastián Piñera intentó impedir los retiros del 10% de fondos de la AFP.

“No nos conviene alguien tan cercano a La Moneda”, dice uno de los 10 jueces que componen el TC. A la tensión interna que existe permanentemente en este tribunal se suma el funcionamiento de la Convención Constitucional que en el texto que propongan para una nueva Constitución deberá justamente zanjar qué es lo que harán con este organismo: ¿Modificarlo, eliminarlo, reemplazarlo? Es por eso que se ha planteado que quien resulte ser presidente hoy se jugará la sobrevivencia del “guardián de la Carta Fundamental”. Pese a ser hijo de Sergio Romero, exembajador de Piñera, a Romero no lo consideran cercano a Palacio y su cupo en el TC lo debe a la Cámara de Diputados.

Mientras los ministros se preparan para este pleno que resultará ser clave, en el mundo de la academia y, en especial, en los abogados constitucionales se observa con atención lo que ocurra hoy. ¿Qué perfil debería tener el nuevo presidente del TC? Acá algunas pistas.

El constituyente y experto en derecho constitucional Christian Viera piensa que “un presidente o presidenta del TC debe tener un compromiso serio con el régimen democrático y que sea deferente, que respete, lo decidido en el espacio de nuestra representatividad, el Congreso Nacional”. Para el académico, “muchos factores han incidido en la crisis del TC. Tal vez el más importante ha sido su transformación, por la vía del control preventivo, en una tercera cámara legislativa. Realizando interpretaciones extensivas de sus facultades, se ha erigido en el último bastión de defensa de los paradigmas de la Constitución de la dictadura. Pues bien, esperaría que el nuevo presidente o presidenta tenga un compromiso serio con el régimen democrático y que sea deferente, que respete, lo decidido en el espacio de nuestra representatividad, el Congreso Nacional”.

Jorge Barrera, abogado constitucionalista y académico de la U. Chile y la Universidad San Sebastián, cree que “el próximo presidente debe ser alguien que esté dispuesto a defender la importancia del rol que tiene el tribunal en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y del Estado constitucional de Derecho. El próximo período, y los que vienen, tendrán sin duda una relevancia fundamental para el futuro del TC en una nueva Constitución.”

El profesor de la Universidad de Valparaíso Flavio Quezada sostiene que “debería ser alguien que resguarde un respetuoso y estricto autocontrol, para no inmiscuirse en política contingente. El TC ha cumplido un rol muy activo políticamente en los últimos años, lo cual tensiona la discusión constitucional. Y, ojalá, con solvencia técnica para elevar los estándares de dicha judicatura, muy cuestionada también desde esa perspectiva. Es una misión casi imposible, pero hay ministros que podrían cumplir ese rol; lamentablemente, no son parte de la mayoría que hoy dirige esa institución”.

Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento & Walker, apunta a que “quien dirija el TC deberá realizar su tarea en un contexto donde su existencia será una de las materias que se analizarán con detención en el seno de la Convención Constitucional. La prudencia en el actuar y la capacidad de hacer una lectura situada de la Constitución del 80 y el tránsito hacia un nuevo esquema normativo serán vitales para prevenir que se polaricen las visiones sobre el tribunal y las y los ministros puedan desarrollar en forma armónica su labor”.

Para la expresidenta del TC Marisol Peña “hay una característica de carácter general que debiera tener todo presidente del TC y es que debiera ser un ministro con la suficiente antigüedad en el tribunal. Esto no significa descartar de plano que ministros que han ingresado hace poco tiempo no tengan las características, pero evidentemente la experiencia de un ministro que lleva varios años en el tribunal y, en consecuencia, ha participado del ejercicio jurisdiccional en plenitud junto con haber integrado comisiones, es muy deseable”. Asimismo, sostuvo, “yo diría que atendido el momento que estamos viviendo, una buena señal desde el punto de vista del perfil podría ser elegir un ministro que proviniera del Congreso Nacional, vale decir, considerando que una de las principales críticas que se imputa al TC debe ser un órgano antidemocrático, porque sus miembros no son elegidos popularmente, una forma de contrarrestar aquello es decir que los órganos democráticos representativos eligen ministros del tribunal y en el caso del Congreso eligen cuatro”. Finalmente, apuntó a que “a mí no me parecería en este minuto una señal adecuada elegir a una persona designada a dedo por el Presidente de la República, como fue el caso de la ministra Brahm, cuyo voto dirimente generó mucho ruido y polémica atendida su cercanía histórica con el Presidente de la República. Y una tercera característica muy importante, yo creo que debe ser una persona capaz de liderar consensos y en sentencias de provocar la mayor cantidad de consensos”.

El profesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral Pablo Soto, quien se ha dedicado a estudiar a este órgano, asegura que “quien ocupe la presidencia del TC debe entender el rol de legislador negativo que le corresponde a esa institución, y por lo mismo mostrar deferencia con el legislador y autorrestringir su poder, algo que en el último tiempo no ha ocurrido. Además, considerando el momento constituyente actual, el o la presidenta del TC ha de tener conciencia sobre el rol de poder constituido que le corresponde a esa magistratura y eso significa no caer en la tentación de intervenir en el proceso constituyente en curso ni actuar corporativamente para autoprotegerse. Finalmente, corresponderá a quien encabece el órgano evitar que se siga socavando su legitimidad frente a la opinión pública”.

Tania Busch, académica del área de Derecho Público de la Unab, analiza y dice que “las circunstancias en las que está hoy el TC son bien complejas, tanto por la erosión de legitimidad que ha tenido últimamente, como por sus problemas internos y también porque parte de su integración se va a modificar en los próximos meses, entonces el perfil del próximo presidente debería conciliar varias virtudes relacionadas con la prudencia y también con un agudo sentido político para leer bien los tiempos que estamos viviendo. Debería ser una persona que entendiera que la legitimidad del tribunal hoy día depende de una dirección prudente y conciliadora, encabezado también por una persona que sea respetada dentro de la disciplina constitucional, técnicamente sólido y que tenga un compromiso importante con el respeto de los procesos políticos legitimados de los poderes electos y que entienda que el rol del TC debe ser siempre un rol con una autocomprensión restrictiva de su rol dentro del sistema, es decir, debe aparecer lo menos posible”.

Domingo Lovera, constitucionalista de la UDP, cree que “si existiera una justicia constitucional, va a depender cuál es el tipo de actitud que debiera observar la justicia constitucional, yo diría que la doctrina más tradicional chilena, el constitucionalismo de más viejo cuño y más jurídico y más formalista y tradicional que cree que la Constitución es únicamente un código jurídico, ahí va a haber gente que va a decir que tiene que ser un juez o una jueza preparada, con estudios, con conocimiento, con atribuciones más allá de lo jurídico y que tenga un cierto conocimiento holístico, que mire más allá del texto, que comprenda los valores comprometidos en la Constitución, etc.”. En ese orden de ideas entonces, el académico plantea que “yo creo que todo eso podría ser deseable de un juez o una jueza constitucional o de un tribunal ordinario, pero me parece que hay que abandonar esa pretensión de darle al TC y a su presidencia en particular un rol tan preponderante y yo apostaría por algo distinto, entonces de existir un TC en la nueva Constitución, cuáles son las características que debiera tener su presidencia y no sólo su presidencia, sino todos sus integrantes, debiera ser un juez menos presente, más modesto si me permites la expresión en términos constitucionales, que ejercite el ‘minimalismo judicial’, es decir, que no asuman un rol protagónico, porque en una democracia el protagonismo no está en manos de funcionarios o funcionarias que no son electos, sino que en manos del Congreso y la Presidencia de la República electos popularmente”.

Viviana Ponce de León, experta en derecho constitucional y profesora de la Universidad Austral, dice que lo primero que debe tener el nuevo líder del TC, “en vista a la crisis interna que atraviesa este órgano, se requiere un perfil que obedezca a estándares mínimos de responsabilidad personal, integridad moral y respeto por la ética judicial y profesional, que inspire confianza en la labor del tribunal y le dé credibilidad. Por otro lado, debería tratarse de un perfil deferente hacia el legislador democrático, sobre todo tomando en cuenta la atribución de quien preside el tribunal para dirimir sus empates con voto decisorio y la trascendencia de las discusiones que se están desarrollando actualmente, por ejemplo, la reforma al Código de Aguas o la despenalización del aborto”.