Rozas v/s Chong, round II: Armendáriz y juez Urrutia blindan a fiscal ante solicitud de inhabilidad para indagar a altos mandos de Carabineros

Fue el 2 de septiembre que el exdirector de Carabineros, Mario Rozas, quiso mover el tablero en la Fiscalía Centro Norte. El general (R) pidió que la fiscal que indaga las supuestas responsabilidades de mando de la institución policial durante el estallido social, Ximena Chong, se inhabilitara de la función que le asignó el fiscal regional, Xavier Armendáriz.

En este requerimiento Rozas, a través de su abogado Carlos Cortés, expuso que la investigadora carecía de objetividad para liderar la indagatoria, pues figuraba como miembro del consejo consultivo de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), agrupación que figura como la principal querellante en el caso originado en julio del 2021, acusando al mando de Carabineros de “responsables de los hechos de violencia contra la población civil descritos en miles de denuncias en todo el país desde el 18 de octubre de 2019″.

Esta investigación comenzó en paralelo a otra causa que buscaba establecer las responsabilidades políticas y administrativas por los heridos durante el estallido social, la cual era liderada desde Valparaíso por la fiscal regional, Claudia Perivancich. Como ambas indagatorias se cruzaban, se repetían diligencias y coincidías en los mismos imputados, el fiscal nacional, Jorge Abbott, en marzo de este año, decidió que todo quedara radicado en la Fiscalía Centro Norte, y ahí, Armendáriz puso sus fichas en Chong.

La confianza depositada en la fiscal fue ratificada, nuevamente, por Armendáriz. El fiscal regional rechazó la solicitud de inhabilidad presentada por el general (R) Rozas: “No existe amistad expresada en actos de estrecha familiaridad, pues, por una parte, al tratarse de afecto personal, sólo puede ejercerse respecto de personas naturales determinadas, lo cual no ha sido propuesta en la inhabilidad planteada y, por su naturaleza, no puede extenderse a personas jurídicas”, dice la resolución del 6 de septiembre, firmada por el persecutor.

Además, argumentó que la fiscal Chong le informó que “ABOFEM no cuenta, estatutariamente, con un ‘consejo consultivo’, sino que su participación se limitó a aceptar una invitación a un cargo honorífico, de simple estudio de temas jurídicos generales, sin relación con casos específicos y que esa organización no litiga ni patrocina causas”.

Con el “portazo” de Armendáriz, el exjefe de Carabineros pidió discutir esta inhabilidad en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el 7 de septiembre. No pasaron 24 horas y el juez Daniel Urrutia resolvió con otro “portazo”: “No es necesaria la realización de ninguna audiencia para discutir una potestad autónoma de un órgano constitucional como lo es el Ministerio Público. Se rechaza la petición”.

El rol del juez Urrutia en este tipo de causas no es nuevo, pues en abril, la Corte de Apelaciones de Santiago lo inhabilitó de intervenir en el caso de lesa humanidad, en que figura como imputado el expresidente Sebastián Piñera. Ese es solo uno de los round que el magistrado mantiene con sus superiores del tribunal de alzada, dado que también intentó, sin éxito, querellarse contra los ministros.

El general (R) Rozas y su defensa no se quedaron en la negativa de Urrutia y presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Allí expusieron que “la investigación penal debe ser racional y justa, dirigida por un Fiscal del Ministerio Público que se encuentra obligado a indagar lo favorable y desfavorable para el imputado, desde la primera actuación dirigida en su contra y, en todo caso, bajo el principio de objetividad”.

En esa misma línea, advirtieron que “el hecho de ser imputado, investigado y eventualmente sujeto pasivo de la acción penal por parte de un Fiscal sobre quien recae una causa de inhabilidad es evidentemente un aspecto que vulnera el debido proceso; y el control de dicha circunstancia – la vulneración de la garantía - es competencia directa del Juez de Garantía. En el caso concreto, del Sr. Urrutia Labreaux (u otro juez no inhabilitado)”.

El martes 13 de septiembre, luego de dos intentos, Rozas ganó su primera batalla. La Corte acogió a trámite el recurso y le dio 24 horas de plazo al juez Urrutia para informar sobre la argumentación de su resolución.

Mientras el exgeneral director de Carabineros, entonces, mueve sus piezas en terreno judicial, su sucesor, el actual jefe policial, general Ricardo Yáñez, prepara lo que será su declaración para el 20 de septiembre en un nuevo cara a cara entre la fiscal Chong y los uniformados.